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Veto del PP a LeyViviendaPAH : #PPvetaElFuturo

img_6897Hoy el gobierno del Partido Popular, encabezado por M. Rajoy, ha registrado un veto para bloquear la Ley Vivienda PAH: un texto que, de aprobarse, acabaría con los desahucios, los cortes de suministros y los alquileres imposibles. Este veto supone una afrenta directa a la democracia. Ahora que el gobierno ha registrado un veto, el próximo martes 20 de marzo tocará a la Mesa del Congreso evaluar si aceptan el veto o no.  Tanto PSOE como Podemos ya se comprometieron a que se opondrían al veto del PP. Por lo que recae en Ciudadanos la decisión de que la ley sea debatida por todos los grupos parlamentarios, y no sólo escrutada por el PP en boca de todos. Y es que la unión del PP y Ciudadanos cortaría con la razón por la que el Congreso existe, y es que la democracia se ejerza en base al debate de iniciativas de ley. En este caso, silenciarían no sólo a la ciudadanía que reclama su Derecho a Vivienda, sino también al resto de grupos políticos que nos dan apoyo. La PAH denunciamos que había un problema: la estafa de hipotecas ahora se convertía en la incapacidad de acceder a un alquiler, con facturas de suministros por las nubes que ahogan a las familias y dificultan más aún costearse una vivienda. Denunciamos la falta de parque público, con un 1% mientras la media europea ronda el 15%. Denunciamos el medio millón de familias desahuciadas desde la explosión de la burbuja. Denunciamos que cada 8 minutos se produce un desahucio en el estado español. Y la ciudadanía organizada hemos ofrecido soluciones. Mientras el Gobierno callaba, pusimos nuestros cuerpos en desahucios; mientras el gobierno callaba, defendimos a familias que sólo luchaban por un derecho básico a riesgo de ser llevadas a la cárcel. Y mientras el gobierno callaba, logramos dar respuesta, dando vida a un país que iba a la deriva. Y para que todas las familias pudieran gozar de esas pequeñas grandes victorias, decidimos poner soluciones sobre la mesa ante la mudez de nuestro gobierno. El texto de Ley de Vivienda que la PAH registramos procede del conocimiento acumulado en nuestras asambleas durante estos 9 años.  Tras ser avalados por multitud de colectivos sociales alrededor del mundo, un abrumador apoyo social, el beneplácito de la ONU, y haber demostrado que Sí Se Puede proteger derechos básicos, dimos la oportunidad a nuestras instituciones a posicionarse del lado de los Derechos Humanos debatiendo y aprobando la Ley Vivienda PAH.  Durante el último año, hemos presentado informes, actas, negociado con todos los partidos políticos, registrado el texto en tiempo y forma. En definitiva, hemos dado todos los pasos que debían darse para encontrarnos que el PP veta la ley sin justificación alguna. ¿Cuáles son los motivos de veto? Nuestro texto de ley fue diseñado para que el rescate a la ciudadanía no procediese de las arcas públicas, sino que fueran los responsables de la emergencia habitacional que padecemos, quienes ofrecieran los recursos. Hablamos de los bancos, que estarían forzados a parar los desahucios y conceder alquileres sociales. Hablamos de las suministradoras, que ya no podrían cortar el agua, la luz y el gas a familias vulnerables. Hablamos de los fondos buitre, ya no podrían imponer alquileres desorbitados a las familias. Y por si quedaba alguna duda, para no dar motivos de veto, se añadió una cláusula que permitía retrasar las medidas que afectarán a los presupuestos generales del Estado al ejercicio siguiente de los presupuestos. Por ello sentenciamos que NO hay justificación formal para vetar nuestra propuesta de ley. Y más aún, si el Gobierno puede paralizar cualquier propuesta que permita el desarrollo social del estado, nuestro futuro está en gran riesgo. Un partido político se ha adueñado de las funciones de todo un Estado. M. Rajoy ha hablado en voz de todos los partidos políticos, como si pretendiera ser él mismo todo el Congreso. La Ley de Vivienda de la PAH ofrece vida, mientras que el PP ofrece miseria. Ahora Ciudadanos debe escoger con quien se posiciona. Si con las familias, o con el gobierno de la corrupción y los desahucios. Si con los derechos humanos, o con la precariedad. Y que tengan muy cuenta que siempre recordaremos el resultado de su decisión. Por eso, llamamos a toda la ciudadanía a concentrarnos el próximo lunes 19 de marzo frente a las sedes de Ciudadanos, para llevarles la realidad que el PP ha ignoradoPor último, dejamos claro que a pesar de cómo finalice la Ley Vivienda PAH, desde la PAH lo tenemos muy claro. No vamos a dejar solas a las familias. Ya conseguimos lo más difícil, romper el silencio y el miedo de las afectadas. Y por muy difícil que se ponga la situación, seguiremos desobedeciendo leyes injustas hasta que las consigamos cambiar. Es imprescindible que el pueblo continúe salvando al pueblo. ¡Sí Se Puede!Pero no quieren

#PPvetaElFuturo

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Recuperemos el derecho a la vivienda que nos han robado los grandes especuladores

http://m.eldiario.es/autores/luis_sanmartin/

Luis Sanmartin

Esta es la historia de cómo los grandes especuladores llegaron a nuestras ciudades. Parte de sus inicios los encontramos en 2012, cuando el PP otorgó un régimen fiscal privilegiado a las Socimis. Fondos dedicados al alquiler, que, gracias a este nuevo régimen, no pagarían impuestos. De este modo, las Socimis se volvieron una de las herramientas preferidas de bancos y fondos buitre para especular con el alquiler. Por si fuera poco, el PP en 2013 modificaría la ley de los alquileres desvinculando los precios del IPC en las renovaciones de los contratos.

En resumidas cuentas, el PP modificó las leyes a medida de los grandes especuladores, que a partir de entonces podían comprar viviendas y subir los precios de manera desorbitada a las familias. Y se podía hacer, incluso, sin pagar impuestos. En otras palabras: el PP regaló el control de los precios del alquiler a los grandes especuladores inmobiliarios.

No es el mercado amigo, es el gobierno del PP que pretende regalar tu hogar a cuatro especuladores que tienen nombre. Como Blackstone, el peor fondo buitre del mundo. Que ya en 2013, durante el mandato de Ana Botella, que era alcaldesa por el PP, compró 1.860 viviendas públicas en Madrid. Tras esta compra, Blackstone no tardo en subir los precios, y desde entonces desahucia a familias que residen en viviendas anteriormente públicas. Hablamos de un entramado que funciona a través de una Socimi llamada Fidere.

Más tarde en 2015, realizaría la compra de 40.000 hipotecas en riesgo de impago que pertenecían a CatalunyaCaixa. Un banco, que, recordemos, fue rescatado con 12.000 millones de dinero público que jamás han sido devueltos. Pronto Blackstone terminó todo tipo de negociación con familias vulnerables que habían tratado de conseguir una dación en pago y un alquiler social. Y comenzó a desahuciarlas para crearse su propio parque de alquiler. Además, para evadir impuestos y sacar el máximo beneficio utilizó otras dos Socimis: Albirana, que acumula hasta 5.000 viviendas provenientes de familias desahuciadas. Y Anticipa, que acumula más de 12.000 hipotecas en riesgo de impago.

Las reformas del PP también atrajeron a otros especuladores. Hace tiempo que nombres como Norvet, Elix, MK Premium o Vauras Investment protagonizan casos de expulsión de vecinas: compran bloques enteros, se niegan a renovar contratos de alquiler, suben los precios de manera desorbitada e incluso practican el acoso inmobiliario. Cuando logran expulsar a los residentes de toda la vida, reforman los pisos y los sacan al mercado como viviendas de lujo. Para cuando termina el ciclo, los precios de la vivienda en la zona se han hinchado. Lo que provoca que también suban los precios del barrio, y de la ciudad. Cada una de estas compras es un tsunami contra el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Una oleada llamada gentrificación: que es otra manera de nombrar la expulsión de vecinas de sus barrios y ciudades de toda la vida por no poder hacer frente a los precios de la vivienda.

Sin embargo, esta historia la sigue escribiendo la ciudadanía, que es más digna que el gobierno, y se ha organizado para vencer a la actuación de la mafia inmobiliaria. Tenemos ejemplos como el bloque Leiva 37 de Barcelona que fue comprado por el fondo buitre Vauras Investment. Gracias a la presión social de las vecinas, el Ayuntamiento cancelo esta compra e incluso adquirió el edificio para que pasará a ser de propiedad pública. También han surgido Sindicatos de Inquilinos, que reclaman la regulación del alquiler a partir de una premisa con mucho sentido común que viene a decir que “si regulamos los carburantes, si regulamos los medicamentos, regulemos los alquileres”.

También la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha demostrado que la ciudadanía puede vencer. Coordinándose con colectivos internacionales de todo el mundo, participó en acciones simultaneas en Madrid, Nueva York, Londres, Berlín y Tokyo contra Blackstone. Y como resultado, lograron abrir vías de negociación para resolver casos de familias afectadas. También ha plantado cara a la inmobiliaria Norvet, organizando a las vecinas del bloque Aragó 477, que estaban en riesgo de expulsión. Y ha terminado realojando a varias familias en emergencia en pisos que Norvet mantenía vacíos en el bloque de Aragó 477.

Y ahora en 2018, la PAH incluso registra una ley en el Congreso, que contiene medidas para revertir las causas estructurales que han provocado la llegada de la mafia inmobiliaria. Hay tres medidas básicas en este sentido. Primero, una moratoria que paralice los desahucios de primera y única vivienda de familias vulnerables. Segundo, otorgar a la Administración la capacidad de realojar a familias en emergencia en pisos de la banca que se encuentren injustificadamente vacíos. Tercero, dotar a los Ayuntamientos de la capacidad de crear índices de referencia que marquen un precio adecuado a las viviendas en alquiler según sus características y la capacidad adquisitiva de la población. Demandas que en su conjunto no sólo protegerían a las familias en riesgo de desahucio, sino que permitiría a toda la población acceder a una vivienda sin caer en la precariedad. Porque este es un problema de todas, para el que hay soluciones.

Si se aprueba la Ley de Vivienda de la PAH en el Congreso, conseguiremos nuevas herramientas para continuar protegiendo el Derecho a la Vivienda en nuestras ciudades, en nuestros barrios y en nuestras calles. Pero ahora que la ley está registrada, el gobierno del PP, junto con el apoyo de Ciudadanos, tiene hasta mediados de marzo para interponer un veto. Y este veto implicaría que esta ley que necesitamos todas ni siquiera pudiera debatirse en el Congreso. Recordemos ante todo que es una obligación política del gobierno permitir debates que protejan nuestros derechos más básicos. Hoy más que nunca, tenemos la oportunidad de recuperar el control democrático y ciudadano del derecho a la vivienda. El control sobre nuestro futuro. Y ser las ciudadanas las que consigamos escribir el final de esta historia.

Publicado en El Diario .es

El derecho a los suministros básicos no entiende de régimen habitacional


Ante los casos de suministros irregulares en viviendas recuperadas la  APE exige que se asegure la regularización de estas situaciones y se  deje de criminalizar a las familias vulnerables a quienes no se ha dado  ninguna alternativa
Reclamamos a Endesa, una vez más, contadores de luz para las familias que se han visto obligadas a recuperar una vivienda.

Según  la Observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos,  Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en el PIDESC, el contenido  del derecho a la vivienda comprende el acceso permanente a recursos  naturales y comunes, a agua potable y a energía para la cocina, la  calefacción y la luz.

La  realidad social vivida en el país en los últimos años, ha afectado muy  duramente a una gran masa de la población que no ha podido mantener su  vivienda. Esta situación de exclusión residencial ha dado como resultado  la necesidad de buscar alternativas habitacionales a todas aquellas  personas que han sido privadas de este derecho por cuestiones  especulativas que han afectado al mercado inmobiliario.

La  negativa por parte de los agentes responsables de la crisis  inmobiliaria a regularizar las situaciones de estas personas y familias,  que sin otra alternativa han tenido que recuperar una vivienda de su  parque inmobiliario de personas y familias que se han visto obligadas a  encontrar una solución a su demanda habitacional, ha avanzado en  paralelo a la negativa por parte de las empresas que forman parte del  oligopolio energético a garantizar el derecho de acceso a los  suministros básicos. 

Por ello, desde la APE queremos dar luz a esta problemática y hemos hecho una encuesta entre las personas y familias  que participan habitualmente de nuestras asambleas y que se encuentran  en situación irregular con los suministros. De la encuesta hemos sacado  datos alarmantes entre las que destacan  que el 70% de las familias que viven en viviendas recuperadas y sin  suministros básicos regularizados viven menores y en el 18% de los casos  personas mayores de 65 años (para ver informe aquí [http://pobresaenergetica.es/wp-content/uploads/2017/04/170403_conclusions-formulari-subministraments-punxats_vfinal.pdf]

Ante  este contexto, hoy nos encontramos con cantidad de familias seguidas  por servicios sociales, empadronadas en el hogar -y algunas incluso con  el certificado correspondiente que garantiza que la instalación  eléctrica es correcta (boletín azul) – que se dirigen a la compañía para  dar de alta la luz, y que reciben una negativa tras otra, especialmente  por parte de Endesa, Se les niega este derecho por el simple hecho  de no tener un título en la vivienda, condenando a estas familias a  vivir en la oscuridad. Y no sólo eso, sino que se las criminaliza en  muchos casos denunciándolas y llevándolas a juicio de unas familias, que  cuando en realidad ellas querrían intentar regularizar la situación de  sus suministros y es la empresa quien no las deja.


 No son casos  aislados y hay que darle respuesta de una vez por todas, es por ello que  presentamos una decena de casos de familias seguidas por servicios  sociales, empadronadas en la vivienda y con el boletín azul que  certifica que la instalación eléctrica es correcta. Ahora sólo es  cuestión de voluntad de Endesa el dar luz a estas familias.

¡Desde  la Alianza contra la Pobreza Energética tenemos muy claro que no nos  detendremos hasta que Endesa no deje a ninguna familia en la oscuridad!

 https://youtu.be/VelpStJ8ueI

MARIA e ISRA en Emerxencia Habitacional 

Maria e Israel unha familia de Vigo leva por motivo de dificultades económicas sobrevenidas sen poder   pagar desde fai tempo o Aluguer da casa onde viven de Aluger e desde fai 2 meses non poden cubrir as súas necesidades máis básicas de luz e auga . Imaxinar o sufrimento dunha familia que sabe que a súa desafiuzamento é inminente pois que encima viven estes días cunha situación moi ,moi precaria sen suminiatros basicos garantidos 


Maria e Isra non só viron vulnerado ou o seu dereito a unha vivenda digna, senón que ademas teñen que afrontar situaciónes de grave precariedad extrema,  e ser victimas dunha exclusión social, económica e residencial.

A realidade cotiá ensínanos que acompañando a perdida da vivenda por impago da Hipoteca ou do Aluguer ,como neste caso existen en non poucos casos un problema onde existe dificultades para garantirse os suministros auga, luz e gas

Isto non é un caso illado na PAH Vigo sabémolo .Aso denunciárono @OsNinguens a @ODS ou a RSP e múltiples asociacións e partidos do ámbito de VIGO

  

O Concello de Vigo ten que dar unha solucion XA a esta familia 

O Miercoles iremos ao Concello de Vigo a entregar por rexistro unha peticion para que estes meses poidan afrontar o pago da luz etc e que coa maxima celeridad póñase en contacto as Administracións de Xunta ou as Entidades Bancarias e a SAREB que posúen centos de casas vacias na nosa cidade ,moitas procedentes do expolio dos desafiuzamentos, consígaselle unha Vivenda para Israel e Maria
ACOMPAÑANOS o Miercoles 14 ás 10 am no CONCELLO DE VIGO 
Pedimos RESPONSABILIDADES
#IsraMariaSolucionHabitacional
#DerechoATecho XA! ?