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Derecho a la vivienda en España ¿Para quién?

Según datos del INE, en España a finales de 2011 había 3,5 millones de casas vacías La situación de la vivienda en España, requiere en primer lugar de medidas de choque que obliguen a salir al mercado de alquiler las casas injustificadamente cerradas

Paco Morote –

Protesta de MMS /PAH

El Derecho Humano a la vivienda en España, o no existe o es muy insuficiente, y no lo dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),  sino que lo afirmó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en un dictamen emitido hace ahora un año. El derecho de acceso a la vivienda en España no depende de la condición humana de las personas, sino de la capacidad económica de cada una. No tenemos Parque de Vivienda Pública para el alquiler, y apenas vivienda social, por tanto, o estás en condiciones económicas de que te den una hipoteca para comprar una casa o dispones de ingresos suficientes para alquilarla. Si no es así, es imposible el acceso.

La inversión pública estatal en vivienda apenas llega al 2%, y además sólo está orientada a transferir dineros públicos a grandes constructoras y grandes tenedores privados de vivienda. Un ejemplo es el  Plan de Vivienda 2018-2021 del ex ministro De la Serna, que prevé un gasto de 1.445 millones de euros, destinado a financiar promociones privadas de vivienda destinada durante un tiempo al alquiler, la rehabilitación de casas y edificios (ayuda utilizada por los fondos buitre para la mejora de los edificios que compran), y ayudas a pagar las rentas de alquiler, que acaban en las cuentas de los grandes tenedores. Con estas políticas, al final de 2021 seguiremos sin tener un Parque de Viviendas Públicas para alquiler y tendremos 1.445 millones de euros menos, que estarán en las cuentas de los destinatarios finales reales del plan. Además, diferentes expertos coinciden: este plan impulsará una mayor subida de los precios.

Estamos sufriendo ya una burbuja de alquiler, con un incremento de precios en 2017, que algunas fuentes sitúan por encima del 18%. En la PAH pensamos que esta brutal subida es consecuencia de varios factores como la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que aprobó el PP en 2013, que limita a 3 años los contratos de alquiler, y permite al casero no renovarlos directamente o subir la renta a su libre albedrío.

La turistificación es otro de esos factores, ya que reduce la oferta de alquiler residencial. Por último hay otros tres factores determinantes. Por una parte el acaparamiento de casas por parte de socimis (auténticos paraísos fiscales dentro de España), fondos buitre y bancos que van camino de convertirse en oligopolio del alquiler y de la vivienda en general, la ausencia de índices de referencia de precios, obligatorios y vinculantes, como existen por ejemplo en Alemania y por último la falta de un Parque de Vivienda Pública para el alquiler que modere precios. La Ley de Vivienda de la PAH contiene instrumentos para abordar con éxito esta burbuja.

Pero también se empieza a avistar una nueva burbuja del precio de compra de las casas, según la Sociedad de Tasación en los 6 primeros meses de este año la subida media fue del 5,9% a sumar al 4,2% que subieron en 2017 ¿Tendrá algo que ver el oligopolio del que hablamos en el punto anterior? Según datos del INE, en España a finales de 2011 había 3,5 millones de casas vacías.

Después, los bancos empezaron a desprenderse de sus activos (tóxicos y no tóxicos), en favor de fondos buitres y socimis (incluso la Sareb llegó a crear su propia socimi) vinieron después cientos de miles de desahucios, el retorno o la huida de decenas de miles inmigrantes que ocupaban viviendas… A día de hoy, es difícil cuantificar el censo de casas vacías, pero sí parece evidente que los principales tenedores de centenares de miles de ellas son el oligopolio ya citado e integrado por fondos buitre, socimis y bancos. Y mientras éstos se afanan en acaparar vivienda a precios de saldo, ninguna Administración Pública ha hecho ni hace nada por generar Parque Público.

Muy recientemente Bankia, banco actualmente público, se desprende de suelo y casas que podrían haber servido para empezar a generar Parque hoy inexistente, y lo vende a precio de saldo a fondos. Dentro de poco España estará en manos de esos buitres. Esta situación debe revertirse, porque los activos y el banco rescatado son necesarios para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que padecemos.

Desde los gobiernos, poco o nada se ha hecho. El actual Gobierno hereda 10 leyes autonómicas de vivienda recurridas ante el Constitucional por el anterior del PP. Una lamentable respuesta también del gobierno PP al Comité DESC de la ONU, que ha propiciado una investigación por parte del Defensor del Pueblo.

La situación de la vivienda en España, requiere en primer lugar de medidas de choque que obliguen a salir al mercado de alquiler las casas injustificadamente cerradas, mediante su cesión obligatoria para su uso como Parque Público, o bien fuertes sanciones que obliguen a esa salida. Una reforma de la fiscalidad de la vivienda que, obligue a las socimis a pagar impuestos, y que grave fuertemente las casas cerradas. Una ley como la ley belga contra los fondos buitre pero que abarque más allá de la deuda pública.

Pero también requiere de leyes específicas, y en este terreno sí tiene ventaja el actual Gobierno, cuenta con la Ley de Vivienda de la PAH, la primera que tuvo entrada en el Congreso, fue registrada por primera vez el pasado 10 de enero, antes que la del PSOE, que sólo afecta a alquileres, registrada en marzo o la de Unidos Podemos, igualmente limitada al alquiler y registrada en abril.

La Ley de Vivienda de la PAH, empieza proponiendo el cumplimiento del Derecho Internacional en materia de vivienda regulado por el PI DESC, suscrito por España en 1976, y ratificado en su Protocolo Facultativo en 2013, y que por tanto, debe prevalecer sobre la legislación interna de España (Ley de Tratados Internacionales de 2014), esto conlleva la suspensión de cualquier desahucio cuyas víctimas carezcan de alternativa habitacional.

Y la dación en pago retroactiva, para que las víctimas de los gobiernos que no aplicaron en España la Directiva 93/13 y permitieron las hipotecas preñadas de cláusulas abusivas, cancelen al menos las deudas ilegítimas consecuencia de procedimientos judiciales ilegales, según el TJUE. En materia de alquileres ya hemos dicho el contenido de nuestra ley y por último, el acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas, estableciendo un mínimo de subsistencia, e implicando a las suministradoras en el coste.

El pasado día 20 de junio, desde la PAH solicitamos por email una entrevista al ministro José Luis Ábalos y a día de hoy no hemos tenido respuesta alguna. Sin embargo, sí pudimos ver en su toma de posesión a representantes de las grandes constructoras como Florentino Pérez, o Villar Mir (este además implicado en la Gürtel)… Esperamos que tenga algún tiempo para contestarnos a nosotras…

También desde la PAH, hemos concertado entrevistas con casi todos los grupos parlamentarios del Congreso para el próximo miércoles día 11. Hasta el momento el PSOE no ha confirmado, esperamos la sorpresa de que sea finalmente el Ministro quien nos reciba.

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La Ley de Vivienda de la PAH vuelve a la carga

La Ley Vivienda PAH ha vuelto a ser registrada en el Congreso, empezando de nuevo todo el trámite administrativo, el PP tiene hasta el 12 de junio para volver a vetarla, o no.

 

Tras el inaceptable veto a la Ley Vivienda PAH el pasado 20 de marzo, muchas cosas han cambiado. Mientras debatimos, nosotras sí que hacemos esas cosas, cuál podría ser el mejor momento para registrar un recurso para levantar el veto, el 17 de abril se hizo pública una sentencia del Tribunal Constitucional en la que considera que el Gobierno no puede alegar sin más que un proyecto afecta a los presupuestos, sino que debe justificar tal argumento y esto sólo es válido para los presupuestos en vigor en cada momento, por lo que no cabe argumentar sobre presupuestos futuros.

 

Llevamos meses diciéndolo, el Partido Popular, con la inestimable complicidad de Ciudadanos, están secuestrando la democracia y convirtiendo la Mesa del Congreso, en su cortijo particular donde frenar sistemáticamente cualquier propuesta de ley para que no sea debatida en el Congreso. Con esta actitud, lo único que hacen es reafirmarse como los auténticos enemigos del estado de bienestar de este país, vetando cualquier iniciativa que represente en un avance en nuestros derechos más fundamentales, como es el caso de la vivienda, para seguir legislando a favor  de la especulación, de la banca, de los fondos buitre y de las SOCIMIS. ¿La excusa? Los presupuestos del Estado. ¿Uno de sus últimos golpes de Estado a la democracia? El veto de la Ley Vivienda PAH.

 

Por suerte, la bofetada del Tribunal Constitucional ante este tipo de vetos, abrió la posibilidad a que la la Ley Vivienda PAH siga adelante y haya vuelto a ser registrada en el Congreso. Una ley que está elaborada pensando en que no afecte a los presupuestos. Por un lado, en la propia ley se aplaza la entrada en vigor de las medidas que pudieran afectarles a sucesivos ejercicios. Por otro, porque la mayor inversión de nuestras propuestas, pasaría por ampliar el parque público de vivienda, pero es una medida que se basa en movilizar los más de 3.500,000 de pisos vacíos en manos de la banca, no en nuevas construcciones como propone el PP en su Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Aun así nos parece lamentable, que ante la creciente emergencia habitacional, el partido de Mariano Rajoy, que ahora dispone hasta el 12 de junio como fecha límite para justificar un posible nuevo veto, siga basándose en cifras y no en vidas.

 

Vivimos unos tiempos en que el Derecho a la vivienda, es atacado constantemente en todos sus frentes, dejando cada vez más, a las familias en una situación absoluta de vulnerabilidad e indefensión.

Cada día vemos cómo se producen 174 desahucios. Desahucios silenciosos por ejecución hipotecaria, porque los bancos siguen haciendo de las suyas. Desahucios invisibles, ante cada contrato de alquiler no renovado por una ingente subida del precio medio, que las familias con sus medios sueldos, no pueden afrontar. Desahucios por ocupación, de esas familias que ante la pérdida de su hogar y sin una solución habitacional, a causa de una ley criminal y la falta de un parque de vivienda social, se han visto empujadas a elegir entre vivir en la calle o recuperar un piso vacío.

Cada día vemos como esa vivienda vacía en manos de la banca, rescatada con dinero público sin contraprestación social, en lugar de ser usada para garantizar un derecho fundamental a las familias, es tratada como una mercancía más con la que especular y es vendida a fondos buitre.

Cada día vemos como crece la burbuja del alquiler, que está expulsando a la gente de sus casas, de sus barrios e incluso de sus ciudades, en búsqueda de un lugar más asequible donde volver a construir su proyecto de vida . Un proyecto de vida, que a consecuencia de la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos promovida por el PP, saben de antemano que no va a durar más de tres años. Una reforma que nos está condenando a vivir como nómadas.

Cada día vemos como 5 millones de hogares sufren pobreza energética y cortes de luz, agua y gas, sin que las empresas suministradoras asuman ningún tipo de responsabilidad.

Ante estas situaciones, la Ley Vivienda PAH, es la única propuesta legislativa que recoge medidas para acabar con ellas y garantizar una vivienda digna, asequible, estable y acogedora para todas las familias. Así como la única que garantiza el cumplimiento de sentencias europeas o dictámenes internacionales. Una ley pionera que la propia ONU nombró como un referente mundial, en materia de vivienda, que debería replicarse en todos los países.

Ante esto, el bloque antisocial formado por PP y Ciudadanos, solo se han puesto de acuerdo en dos actuaciones, vetar la Ley Vivienda PAH  y sumarse al PDeCat, para criminalizar a las familias y fomentar una guerra entre ellas y pequeños propietarios. Pequeños propietarios a los que les han inculcado el miedo con mentiras y convirtiendo una situación anecdótica, comparada con la gravedad del problema real, para convertirla en la excusa para promover una nueva ley de desahucios exprés.

Desde la PAH seguiremos en pie, en las calles y donde sea necesario, para que el 12 de junio, no se repita el golpe de estado a la democracia con un nuevo veto a la Ley Vivienda PAH, permitiendo así que esta pueda ser debatida en el Congreso y que sea una auténtica mayoría parlamentaria, la que decida si quiere estar del lado de las familias, o del lado de los desahucios y la especulación.

QUE SE SEPA! CIUDADANOS Y PP SON RESPONSABLES DE LOS DESAHUCIOS

Cada 8 minutos, hay un desahucio. El problema del acceso a la vivienda nos afecta a todas. Hablamos de tus padres, que apenas pueden llegar a fin de mes por la hipoteca. De tus hijas, que no pueden emanciparse porque los alquileres se encuentran desorbitados. De tus vecinas, que se tienen que mudar de barrio para poder pagar un alquiler. De tus amigas, que sufren una orden de desahucio mientras la Administración Pública no les garantiza ninguna alternativa.

Cuando hablamos del Derecho a la Vivienda, hablamos de nuestros hogares, de nuestro futuro, de nuestros derechos más básicos.

La PAH ha llevado al Congreso la Ley Vivienda PAH, una iniciativa de ley que de aprobarse acabaría con los desahucios, la pobreza energética y regularía los precios del alquiler. Esta ley ha recibido el apoyo de 100 Ayuntamientos. Es considerada un referente internacional por el Parlamento Europeo y la ONU. Jamás en la historia de la democracia una iniciativa de ley había recibido tantos apoyos sociales e institucionales. Tantos apoyos, son reflejo de la necesidad de que exista esta ley, que salvaría a miles de vidas en juego.

Sin embargo, el PP y Ciudadanos decidieron interponer un veto a la Ley Vivienda PAH en la Mesa del Congreso: un órgano institucional en el que se decide si se las iniciativas de ley entran a debatirse en el Congreso. Un órgano donde PP y Ciudadanos tienen mayoría, y se dedican a votar en contra de leyes que recorten los privilegios de la banca, las suministradoras y las grandes multinacionales. En lo que llevan de legislatura, han vetado hasta 70 iniciativas de ley, incluyendo una subida de las pensiones.

PP y Ciudadanos utilizan sus cargos en las instituciones para mantener los privilegios de los bancos, a costa de vender nuestros derechos, e impedir que leyes escritas por las familias afectadas se debatan democráticamente. PP y Ciudadanos han impuesto la dictadura en el Congreso, amordazando a la ciudadanía, impidiendo que se hablen de sus reivindicaciones. Incluso el Tribunal Constitucional, recientemente ha sentenciado que PP y Ciudadanos han realizado un uso injustificado y abusivo de los vetos.

Nosotras lo tenemos claro. PP y Ciudadanos jamás pedirán cuentas a la banca y a las suministradoras por todas sus estafas, como la crisis económica. Porque PP y Ciudadanos nunca piden cuentas a los poderosos, sólo lo hacen a las familias de a pie, de las que creen que pueden abusar. Pero nosotras, las familias, se lo impediremos. No vamos a quedarnos de brazos cruzados.

Vamos a continuar parando desahucios, evitando cortes de suministros y consiguiendo realojos para las familias vulnerables.

Más aún, seguiremos luchando por la Ley Vivienda PAH. Tenemos la oportunidad de presentar un recurso, forzando de nuevo a que nuestra ley sea valorada por la Mesa del Congreso. Esperaremos el momento adecuado, pero tenemos claro que volveremos a las calles para exigir que nuestras reivindicaciones se conviertan en una ley de justicia que nos proteja a todas. PP y Ciudadanos creen que pueden abusar de nuestros derechos, pero les demostraremos que la ciudadanía nunca se da por vencida.

Defendendo a LeiPAHVivenda

Aínda que apenas salga xa nas noticias, cada semán séguense producindo centos de desafiuzamentos en España. A crise hipotecaria de hai uns anos e o seu derivado drama social, o dos desafiuzamentos, acabou pechándose politicamente en falso despois de que o PP vetase no Congreso unha Iniciativa Lexislativa Popular elaborada pola Plataforma de Afectados pola Hipoteca ( PAH), que contou cun millón e medio de firmas cidadás e unha ampla aceptación social.

En 2013, o rodete parlamentario do PP botou abaixo unha iniciativa con tres medidas clave para paliar a situación: paralización dos desafiuzamentos, dación en pago da vivenda para saldar a débeda hipotecaria en caso de non poder facerlle fronte e aluguer social. Nada disto púxose en marcha, pero a PAH regresou ao Congreso dos Deputados cunha renovada Lei de Vivenda que inclúe as demandas de entón e que agora tamén pon o foco en dous asuntos crave: a burbulla do aluguer e a pobreza enerxética.

Como fixeron en 2013 volven secuestrar a voz da ciudadania Tras esta Lei de Vivenda está un amplisimo respaldo social ,a inmensa mayoria do corpo social apoia as demandas da PAH Pois esta vez o PP non estivo só o partido Cidadáns sumouse ao veto dixo SE a que 170 desafiuzamentos por dia consómense neste Pais

Buscar casa para alugar e non morrer no intento

Alugar converteuse nunha odisea na mayoria das cidades Primeiro pola escaseza de vivendas e segundo e mais importante polo prezo desorbitado dos Alugeres

Os “lobbies” das Inmobiliarias monopolizan o mercado ,impoñen clausulas abusivas e esixencias de avais desorbitados e de dubidosa legalidade

A inmensa maioria non pode acceder a eses prezos e é imposible ter un horizonte de futuro cunha LAU que permite botarche aos tres anos

A «LeyViviendaPAH» defende entre as súas demandas: fixar prezos e asegurar alugueres de moi longa duración;Medidas como estabilidade e unha maior duración dos contratos para poder desenvolver proxectos vitais. Fianzas razoables ,non mais dun mes ,as Administracions Autonómica pero tamen as Locales deben intervir no mercado , promovendo vivendas para o Aluguer, de Titularidade Publica . Estas e outras medidas son moi necesarias para parar a xa chamada “burbulla do Aluguer “

Gozar dunha vivenda digna e adecuada é un dereito humano e constitucional. Pero na práctica convértese nun desexo inalcanzable para miles de familias . Só cun profundo cambio nas políticas, priorizando as actuacións neste sector, será posible modificar o actual panorama, acabar co inxusto sufrimento de tanta xente e converter este dereito en realidade.

No Aniversario de Rosalia Castro

Os desafiuzamentos repuntan en Vigo: xa van 407 en que vai de ano

A maioría dos expulsados son inquilinos. Esta mesma semana debe marcharse un matrimonio con nenos Os desafiuzamentos aínda se conxugan en presente: a foto fixa dos lanzamentos hipotecarios en Galicia está lonxe aínda de ancorarse ao retrovisor da crise

A crise ,a pobreza e sobre todo esa saída da crise que pretende deixar atras a millóns de persoas que non teñen mais futuro que un presente de risco de exclusion Social .O PP Goberna ao ditado dos poderosos ,en Politica de Vivenda ,Sanidade ,Traballo precario e agora as Pensións.

O canto amargo de Rosalia que viviu a amargura de deixar atras aos seus seres queridos, a súa casa ,a súa terra  o seu fogar .

Levantémonos coa #LeiPAHVivenda , #EstaÉMiñaLei .

Non deixaremos a ninguén atras

PP y C´s NON QUEREN ,DESEXAN SEGUIR COS DESAFIUZAMENTOS

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PP e Cidadáns enterraron este mércores a Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) para crear unha “lei urxente do dereito á vivenda na Comunidad de Madrid”. O texto, rexistrado tras solicitar máis de 77.000 firmas da sociedade civil, tiña que pasar pola cámara para a súa toma en consideración, o paso necesario para comezar a tramitarse como lei. Pero a postura de ambos os grupos impediuno cun resultado final de 57 votos a favor, correspondentes de PSOE e Podemos, e 65 en contra.placeholder://

A actual dificultade no acceso á vivenda e a variedade e intensidade das formas da súa perda caracterizan a emerxencia habitacional que se vive na Comunidad de Madrid:

Desafiuzamentos hipotecarios, maioritariamente viciados por cláusulas abusivas, aínda que cada vez máis por alugueres ou persoas en precario.

Extinción de contratos de aluguer en vivenda social. Mesmo pola venda de vivendas públicas a fondos de investimento.

Desafiuzamentos administrativos e derribas da única vivenda sen unha solución habitacional alternativa.

E 200.000 demandantes de vivenda na Comunidad de Madrid, de mozas Ou Os 20.000 demandantes de VPO de Galicia que non poden independizarse e formar os fogares do futuro, con familias hacinadas? por mor dun prezo da vivenda non alcanzable para a clase traballadora.

Fronte a iso, miles de pisos baleiros adxudicados a distintas sociedades bancarias e á Sociedade de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria (SAREB).

Ante a inacción dos poderes públicos durante todos estes anos e o dano social e económico causado a miles de cidadáns, a mobilización cidadá é a única que conseguiu expresar, de forma pacífica e democrática, esta situación. Tamén é a que agora propón esta Iniciativa Lexislativa Popular. A finalidade é facer efectivo e justiciable o dereito integral á vivenda.

A realidade é que habendo miles de casas baleiras, moitas seguen así despois dun desafiuzamento e tanto o Concello como a Xunta móstranse impasibles ante estas situacións.

 Guetos Non .A Cidade Dual 


Hai pouco preguntabámonos: Que facemos coas vivendas baleiras? “Parque Social da Vivenda Si, pero onde?”. 

 A vivenda debe ser un factor de inclusión social, non de exclusión. Diciamos: Os alugueres sociais que teñen que ofrecer as entidades financeiras deben ser “preferentemente a vivenda afectada polo procedemento ou, alternativamente, unha vivenda situada dentro do mesmo termo municipal”; é dicir, nin a entidade financeira, nin as Administracións local ou Autonómica, poderán ofertar unha vivenda sen saída comercial nun barrio degradado. Nin tampouco está no noso ánimo consentir o desterro fora do lugar de arraigamento das familias ou da xente desafiuzada

Nos barrios marxinais son abundantes as vivendas inadecuadas ou de escasa superficie, o abandono de espazos públicos, o illamento dos servizos públicos,  un alto índice de apiñamento, unha forte presenza de núcleos de infravivenda, e mesmo a proximidade a infraestruturas indesexables  (vertedoiros, incineradoras, áreas industriais degradadas, etc.)

Con frecuencia carecen de servizos básicos como os de abastecemento de auga, saneamento, subministración de electricidade e alumeado público. E, a miúdo, padecen unha delincuencia endémica.

   🔹Conflitos e Convivencia

Os conflitos coa veciñanza  son habituais, así como a sensación de inseguridade. É inadmisible que a Xunta siga coa mesma política de apiñamento. A VPO, e moito máis aínda o “Parque Publico da Vivenda”, non debe seguir o modelo dos anos 60, das casas sindicais ou “casas baratas”, que xa demostraron o seu fracaso.  Hai que investir en programas de inserción social; a pobreza, o esquecemento, a segregación e a falta de recursos e investimentos fan crecer sentimentos de que “se o estado non fai nada polo meu, por que ía eu a preocuparme dos demais?”.  Este é un fenómeno que foi amplamente estudado. 

Dise que “se hai algún elemento ou factor, de entre todos os que compoñen a Situación Social do Benestar, que sintetice e de modo claro indique (que sirva de indicador sociolóxico) cal é o nivel de Benestar ou Malestar Social dunha familia, ese é, sen dúbida, o da vivenda que habita, e as súas condicións de aloxamento”. 

A Xunta ten que investir en “programas de intervención social ” e non deixar degradar a convivencia entre veciños. É inadmisible.  

Opoñémonos os “Edificios Gueto”. A vivenda Social ten que estar distribuída por toda a cidade, abandonando as políticas “de casas baratas” que vivimos baixo o franquismo e que tantos problemas sociais crearon nos anos 80, tras a crise e a reconversión industrial do País.

As cidades adoitan estar en constante transformación, tanto no social como no urbanístico. Nos últimos anos vimos aparecer nas nosas rúas novas tribos urbanas que conseguiron “revitalizar” zonas tradicionalmente deprimidas, converténdoas nas novas zonas de moda.
O problema chega cando este proceso chamado  xentrificación,  que nun principio podería parecer beneficioso,  despraza e marxina aos seus habitantes tradicionais, que non poden seguir co novo ritmo económico que empeza a adquirir a zona ante a chegada de veciños  cun maior poder adquisitivo. Segundo sociólogos e arquitectos, este proceso ten catro fases: abandono do barrio, estigmatización, rexeneración e mercantilismo, aínda que tamén pode sumarse unha quinta etapa, a resistencia.

   🔹A cidade dual

A cidade, na orientación dada polo urbanismo funcionalista mercantil, onde o urbano e as persoas son meras mercadorías, é levada á súa máxima expresión, pois aplica a separación de funcións urbanas e, en vez de ser un factor de inclusión e de convivencia ,é favorecedor da segregación espacial, que sitúa e distancia aos grupos segundo os seus “atributos sociais ”, étnicos, ou mesmo pola súa “forma de ser” ou de pensar e, sobre todo, do poder adquisitivo.. Actúa favorecendo ou desfavorecendo, nunha perspectiva que vén considerar aos suxeitos como obxectos que se distribúen polo conglomerado urbano, segundo o seu valor e capacidade mercantilizada. 
Así pois, a distribución no espazo urbano segundo esta nova lei de que “tanto tes tanto vales ” establece localizacións singulares e diferenciadas na cidade, na extensa urbe,   segundo a súa capacidade de acceso aos recursos,e dicir, segundo á súa capacidade adquisitiva. A segregación espacial será   causa, e á vez efecto, desas múltiples fragmentacións que, a modo dun circulo viciado, poñen de relevo a tendencia á consolidación dunha cidade dual.
A “cidade dos lugares” convértese, para determinados barrios, na trastenda da cidade escaparate . Uns son desprazados cara ás periferias sociais e territoriais, quedando así á súa sorte, como refuxios endogámicos de supervivencia ,e atópanse, de forma crecente, inhabilitados para incorporarse á cidade dos “escaparates ” e “das oportunidades”. Isto pon de relevo a perda de atributos do Estado de benestar, no referente á súa capacidade para regular o mercado, para planificar a economía e para garantir as prestacións sociais aos sectores mais vulnerables da sociedade.  

  

🔹Por último temos que Citar o fenómeno das URB PANTASMAS

O próspero negocio do ladrillo entrou en decadencia coa chegada da crise financeira, na que a especulación urbanística tivo un papel central. As vivendas sen terminar ao longo e ancho da rexión son un vivo recordo do desastre 

 

Son as cicatrices  ou feridas abertas  da especulación inmobiliaria que encheu  toda España de pisos, chalés e urbanizacións que en moitos casos a crise pillou a medio facer. E así quedaron. Esqueletos do que ían ser as vivendas de centos de persoas que agora ven destartalada a oficina portátil que albergaba o piso piloto, unha maqueta do soño feito realidade.

A crise deixou decenas de casas a medio facer. Unhas coas paredes xa encaladas, outras nas que só deu tempo a construír a estrutura de formigón, todas sen portas e sen xanelas. Din que naquelas nas que xa estaban instalados os baños, os canos ou a rede eléctrica, algúns aproveitaron para acudir ao saqueo dos materiais útiles.

A quebra das construtoras, promotoras e inmobiliarias trasel estalido da “burbulla” foi a principal causa do abandono de decenas de vivendas en construción

Mentres os anos pasan sen solucións claras nin homoxéneas, este panorama deixa paisaxes desamparadas en pobos e cidades. As estruturas de cemento sobreviven xunto a carteis publicitarios que mostran no que se ía a converter o lugar. Edificios e chalés con patios rodeados de vexetación, piscina, garaxe, e familias sorrindo: Vivendas de dúas e tres habitacións, preto da cidade e dos principais centros comerciais, “entra e infórmache”, lese aínda nos letreiros xunto ao piso piloto. 

Segun O Confindecial hai moitas persoas que se apuntaron a unha cooperativa ou compraron sobre plano e perderon o seu diñeiro que pensan que non o poden recuperar porque non asinaron nin un aval bancario nin contrataron un seguro que garantise as cantidades adiantadas. o Tribunal Supremo, a través de media ducia de sentenzas, foi dando claramente a razón aos compradores.

🔹Cústanos moito dar unha soa solucion xa que en enfinidad de casos estes proxectos que se viron salpicados por irregularidades urbanísticas.En calquera caso calquera solucion pasa por ter enconta alguns destes principios :



          ▪️ 1/ Devolución do diñeiro aos compradores 

          ▪️2/ Estudar a necesidade social destas Promocións construídas en Plena tolemia inmobiliaria Necesítanse estas Vivendas ?. Son sustentables econonomica e ecoloxicamente ? 

          ▪️3/ Seguir o rastro deixado polas Promotoras ,construtoras  e Banca para que reparen e paguen o dano causado (incluído o medioambiental ) Aínda que este Goberno saíu en defensa de Banca e Constructuras. En 2016 entraba en vigor a reforma da Lei de Ordenación da Edificación (LOE), que recolle que «as cantidades entregadas a conta só estarán aseguradas unha vez que se obtivo a licenza de obras para poñer en marcha a promoción».

         ▪️ 4/ E non se debe cosentir que se utilizen esas promocións e Urbanicinaciones para “Crear un Parque Publico da Vivenda” (Os imaxinades esas promocions ,que estan “en medio da nada” en rexions como Murcia o interior da costa meditrerranea, destinadas a  aislar , arrinconar a todo un sector da poboacion  por motivos exclusivamente económicos ?) Aínda que é certo que as dificultades son grandes ,para que se faga realidade un proxecto nesa dirección, a tentación da Banca de desfacerse destes “activos” e limpar sua imaxe  non o é menos grande .  
Non imos consentir que a Política de Vivenda do PP e a BANCA dedique partidas para marxinar a familias ou grupos sociais en barrios as aforas ou en municipios lonxe da súa residencia habitual. É dicir, ancorar a vivenda social aos barrios mais degradados, o que é unha oportunidade evidente para as entidades financeiras para liberarse do stock inmobiliario con menos saída comercial á conta da segregación urbana.


             Vivenda Social Se .Guetos Non 

              A.Telmo 


                                                                                                                                                                                                                                                           

 El gobierno de Rajoy contra  las leyes  Antidesahucios 

Estas son las leyes contra los desahucios que ya ha recurrido el gobierno de Rajoy

El PP impugna. la ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética  . la PAH alerta de que esta medida podría afectar también otras comunidades autónomas donde se están tramitando leyes inspiradas en la que aprobó por unanimidad el Parlamento de Catalunya a iniciativa de la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC.

El gobierno de Rajoy tiene en su histórico diversas leyes autonómicas de vivienda recurridas al Tribunal Constitucional: l Ejecutivo invocó el artículo 161.2 de la Constitución para lograr la suspensión cautelar de los artículos recurridos. 

Repasamos las leyes contra los desahucios recurridas por el gobierno del PP:



Andalucía: ley sobre la función social de la vivienda

El gobierno de Andalucía aprobó en abril de 2013 un decreto-ley sobre la función social de la vivienda. Una de las medidas más polémicas era la expropiación temporal de las viviendas vacías para dedicarlas a su función social. Esta medida estaba presente también en la ley catalana del derecho a la vivienda aprobada en 2008 y no fue objeto de recurso de inconstitucionalidad, aunque fue eliminada en una reforma del primer gobierno de Artur Mas. No obstante, el gobierno de Rajoy consideró que, en el caso de la norma andaluza, esta medida entraba en conflicto con el derecho a la propiedad, y la recurrió ante el Tribunal Constitucional. El PP también recurrió las sanciones impuestas sobre las viviendas vacías, aunque en Catalunya siguen vigentes y se aplican gracias a las mociones que la PAH ha llevado a varios ayuntamientos. El parlamento andaluz aprobó una ley que sustituía el decreto-ley del gobierno autonómico que también fue suspendida por el TC.

Navarra: medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda

En el caso de la ley foral 24/2013, aprobada el 2 de julio por el Parlamento de Navarra, el Consejo de Ministros presentó recursos similares. El ejecutivo entendió que la definición de vivienda deshabitada de la ley también entraba en conflicto con el derecho a la propiedad y que no se debería regular desde las competencias en materia de vivienda o urbanismo porque afectan “condiciones básicas que garantizan la igualdad entre todos los españoles”. En cuanto a la expropiación de derecho de uso de la vivienda el ejecutivo consideró que había una “discriminación arbitraria” en centrarlo en filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. Para sortear este cuestionamiento, la ley catalana definió con detalle qué es un “gran tenedor de vivienda” que puede ser objeto de sanciones. El recurso del TC también cuestionaba el régimen sancionador de la ley navarra.

Canarias: modificación de la ley de vivienda

En junio de 2014 el parlamento de Canarias aprobó una modificación de la ley de vivienda vigente desde 2013. El objetivo principal de esta modificación era garantizar el carácter social de la vivienda y alejarla de intereses especulativos. Como en los otros casos, se planteaba la expropiación temporal de inmuebles de entidades bancarias para evitar el desahucio de familias en riesgo de exclusión. Una vez más, el Ejecutivo planteó un recurso en el que cuestionaba que el gobierno autonómico invadiera competencias del Estado en materia de propiedad privada. También considera que discrimina a las entidades jurídicas y cuestiona que se establezcan sanciones en base a “indicios de no habitación”.

Euskadi: ley de vivienda de 2015

El parlamento vasco aprobó en junio de 2015, un mes antes de la catalana, una ley para garantizar el acceso a una vivienda a todo el que lo necesite en contra de la voluntad del gobierno del PNV. La ley 3/2015 establece la vivienda como un derecho subjetivo que los ciudadanos pueden exigir a las instituciones, como la educación y la sanidad. También establece una tasa a las viviendas que llevan más de dos años deshabitadas. Para garantizar que las familias vulnerables no se queden en la calle se establece también un alquiler forzoso a entidades financieras cuando se produzcan desahucios y no haya ninguna alternativa habitacional. En este caso, el ejecutivo de Rajoy ya cita la sentencia del Constitucional contra el decreto-ley andaluz y asegura que tendría unas “consecuencias aún más amplias”. En cuanto a la argumentación del recurso, es similar a otros casos en cuanto al derecho a la propiedad privada y régimen sancionador.

Cataluña 

El Ejecutivo recurrió y pidió la suspensión de parte de la simbólica ley 24/2015 de emergencia social, a la que el Govern da la máxima importancia. Los temores que tenían la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) se cumplieron. El Gobierno en funciones del Partido Popular ha decidido este viernes llevar al Tribunal Constitucional parte de la ley 24/2015 sobre desahucios y pobreza energética aprobada por unanimidad por el Parlament de Catalunya, a raíz de una iniciativa legislativa popular (ILP). Carlos Macías, portavoz de la PAH, ha mostrado su indignación por que el recurso “se carga los apartados de la norma sobre el alquiler social obligatorio, la cesión obligatoria de los pisos vacíos por parte de los grandes tenedores de vivienda y la dación en pago”.

Medida 1. Mecanismos que otorguen una segunda oportunidad por las personas sobre-endeudadas y deudoras de buena fe. Mediante dos procedimientos (uno de extrajudicial y uno de judicial) se posibilita que las familias puedan liquidar sus deudas vinculadas con la vivienda habitual para poder empezar de nuevo.

Medida 2. Ningún desahucio para las familias en ejecución hipotecaria, estableciendo la obligación en las entidades financieras de conceder un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad residencial.

Medida 3. Alquiler social para familias en régimen de alquiler en riesgo de desahucio, con una importante distinción entre grandes y pequeños tenedores de vivienda. Cuando el propietario del inmueble sea una entidad financiera o un gran tenedor de viviendas, este tendrá que parar el desahucio y ofrecer un alquiler social a la familia.

Medida 4. Creación de parque social de alquiler. Se establece la posibilidad de resolver la cesión temporal de los pisos vacíos propiedad de entidades financieras y grandes tenedores de vivienda para aumentar el parque público de alquiler disponible. De este modo, se añade una herramienta importante más para movilizar el parque de viviendas vacías que con el tiempo permitirá realojar todas aquellas familias que ya han sido desahuciadas sin alternativa.

Medida 5. Acceso garantizado a suministros básicos de agua, luz y gas con garantías para parar los cortes de agua, gas y luz de la población en situación de exclusión residencial a través de un protocolo garantista que obliga a la administración a aplicar las ayudas necesarias para evitar el corte de suministro, en caso de que el impago sea por carencia de recursos económicos, a asegurar el acceso a estos suministros básicos mientras dure la situación de exclusión residencial y a establecer acuerdos con las empresas suministradoras para que pongan ayudas a fondo perdido para hacer frente.

EUROPA SE VUELVE A POSICIONAR CON LA PAH Y CONTRA EL GOBIERNO

Tras la condena del Tribunal europeo y el Premio Ciudadano Europeo 2013  que el PE dio a la PAH, Estrasburgo pide ahora la dación en pago retroactivo, como nuestra ILP rechazada en el Congreso.Asamblea-PAH-Alonso-Martinez-HJ_EDIIMA20130409_0860_13

Hace unos meses el Tribunal Europeo condenaba las prácticas abusivas de los bancos españoles, que no protegían a los consumidores. Supuso una bofetada al Gobierno que se vio obligado a reaccionar, por lo que elaboró la nueva ley, ineficaz e insignificante. La semana pasada se le otorgaba a la PAH el Premio Ciudadano Europeo 2013 por su contribución a los Derechos Humanos. La PAH siempre ha mantenido que no busca premios ni condecoraciones, pero el gesto supone un duro revés al PP y sus políticas antisociales. De hecho el premio causó un revuelo en las filas de Rajoy, que nos volvió a acusar de violentos con la desgraciada frase de Iturgaiz  “Hoy es Ada Colau, mañana se lo darán a Otegui” o las duras palabras de la lideresa madrileña Aguirre, pionera en privatizaciones y vulneración de derechos humanos, quien dice que “despreciamos al Estado de derecho y a la democracia”. Pronto se les olvida que hemos presentado una ILP avalada con más de un millón y medio de firmas que se pasaron por el arco del triunfo al llegar al Congreso. Eso sí es democracia, y desde abajo.

El dictamen de Estrasburgo (pendiente de aprobación) recomienda ahora la dación en pago siempre que ambas partes estén de acuerdo y condena la deuda perpetua que las familias desahuciadas contraen al ser expulsados de su vivienda. Es otro revés para el gobierno que pisotea los derechos humanos y la democracia mientras nos acusa a nosotros de ejercer la violencia y no respetar la Constitución. Está por ver si la Unión Europea, cuestionada por imponer los recortes sociales más duros a nuestro Estado de medio-Bienestar, sirve de algo y logra frenar los excesos autoritarios e inhumanos del gobierno más reaccionario e insensible de nuestra historia reciente.

Súmate a protesta PAHcífica

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O Partido Popular anunciou o pasado martes o peche do debate sobre a ILP Na máis absoluta soidade. Sen aceptar as emendas de ningún grupo político e, o que é máis preocupante para a democracia deste país, desoíndo unhas demandas que contan co apoio do 90% da población
La proposta de lei do PP desvirtúa por completo a ILP, non respecta o texto e volve ás súas medidas parciais, arbitrarias e insuficientes que exclúen á maioría groso da xente as persoas afectadas. Unhas medidas que xa se mostraron fracasadas. A súa proposta mostra un desprezo pola sentenza do TJUE, xa que non modifica o fondo do procedemento de execución hipotecaria, nin di nada dos centos de miles de procedementos xa realizados cunha lei ilegal que vulnera dereitos fundamentais. Condénanos e sacrifican de por vida ao non aceptar ningún tipo de retroactividade efectiva. O texto feito público a semana pasada ofrece unha posibilidade teórica: que as familias paguen o 65% da débeda en en cinco anos a partir da feita da poxa. Algo que, os que coñecemos o problema de preto, sabemos que é inviable para o 99% das familias afectadas. Impide tamén que a inmensa maioría das persoas afectadas se acollan á paralización dos desafiuzamentos de vivendas habituais e non considera ningunha medida significativa de impulso do aluguer social

. Seguiremos parando desafiuzamentos, actuaremos para forzar negociacións cos bancos e lograr dacións en pagamento, recuperaremos vivendas baleiras en mans das entidades financieras.

Non é nosa ILP. #EsiximosNosaILP

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O PP  AFUNDE  A  ILP

Non é a nosa ILP. Non no noso nome.

O PP AFUNDE  Á ILP

Coñecida a posición do Partido Popular no relatorio de impulsar en solitario o seu proxecto de lei, as entidades promotoras da ILP decidiron retirala porque non recolle o contido do texto presentado no congreso.

As entidades promotoras da Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pola dación en pago retroactiva, a paralización dos desahucios e o aluguer social denuncian a vontade do Partido Popular de aproveitar a tramitación parlamentaria da ILP para desvirtuar as propostas desta iniciativa cidadá.

A proposta de ?medidas urxentes para reforzar a protección aos deudores hipotecarios, reestructuración de débeda e aluguer social? descoñece as lexítimas pretensións da ILP: dación en pago retroactiva; paralización dos desahucios que afecten a vivendas habituais de deudores hipotecarios e a posibilidade de que as persoas afectadas poidan permanecer nas súas vivendas en réxime de aluguer social.

A proposta do PP supón unha burla aos intereses das persoas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria e á sociedade no seu conxunto. Unha vez máis, a efectividad do dereito a unha vivenda digna consagrado na Constitución española e en numerosos tratados internacionais de dereitos humanos ratificados polo Estado español, queda supeditado aos intereses das entidades financeiras.

Pese á aceptación a trámite parlamentario da ILP, o PP, descoñecendo o masivo apoio social á proposta, elimina todo rastro da ILP pola dación en pago. Co seu proxecto de Lei, o PP non resolve o problema social da débeda hipotecaria (nin dos que xa foron desafiuzados nin dos que o serán no futuro). Miles de cidadáns continuarán perdendo a vivenda i continuasen endebedados coas entidades financeiras, perpetuándose a inxustiza da lexislación hipotecaria española.

Mentres que a ILP permitía liberar ás familias da condena financeira e facilitaba o seu acceso, en réxime de aluguer social, ás vivendas baleiras propiedade das entidades financeiras. Unhas medidas que permitían mitigar de xeito decisivo os efectos sociais máis dramáticos da crise económica actual. A reforma do PP seguirá condenando á pobreza e á exclusión social por centos de miles de persoas.

Por todo iso, as entidades promotoras da Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pola dación en pago retroactiva, a paralización dos desahucios e o aluguer social, decidimos retirala e poñer en evidencia que o proxecto de lei do PP supón o rexeitamento á ILP que se presentou no Congreso.

O grupo promotor está formado por CCOO, UGT, Observatorio DESC, Taula do Terceiro Sector, Confavc e Plataforma de Afectados pola Hipoteca
      

       #EsixigimosNosaILP

                   o PP afunde á ILP

Carta ós diputados do PP

7/03/2013

Ana PastorJulian,Telmo Martín Gonzalez,Paz Lago Martínez (PONTEVEDRA )
Juan de Dios Ruano Gómez, Marta González Vázquez, Trístana Maria Moraleja Gómez, Antonio Pérez Insua , Antonio Eiras Reí. (A CORUÑA )
Joaquín María García Díez ,Maria Iglesias Fontál y Jaime Olano Vela (LUGO )
Guillermo Collarte Rodríguez , Celso Delgado Arce , Belén Vazquez Blanco (OURENSE)

Invitámolo a asistir ás reunións das Plataformas de Afectados pola Hipoteca. Invitámolo a coñecer de primeira man e en directo a realidade á que nos vemos abocadas centos de miles de persoas neste país.

Vostede coñece dabondo que as execucións hipotecarias e os desafiuzamentos por impago de hipotecas son unha das caras máis dramáticas da crise en España, que xa levou por diante a máis de 400.000 familias. É unha realidade innegable para alguén que ostenta un cargo público.
Vostede sabe tamén que o marco legal que regula os impagos de hipotecas condena a familias insolventes á exclusión social e déixaas sen marxe para refacer as súas vidas nin horizonte algún de recuperación. Isto foi avalado extensamente por sentenzas xudiciais, Gobernos doutros países, a relatora de Nacións Unidas polo dereito á vivenda, a avogada do Tribunal de Xustiza da UE, Concellos, etc. A situación vólvese aínda máis incomprensible se se ten en conta que a dación en pagamento, o dereito a unha segunda oportunidade, está contemplada na nosa lexislación para as empresas, pero non para as persoas.
A súa Señoría é perfectamente consciente de que este drama foi ignorado de xeito reiterado polos gobernos de PSOE e PP e que nin o decreto de Boas Prácticas nin a moratoria de desafiuzamentos para casos de extrema vulnerabilidade serviron para resolver o problema.
E tamén sabe que a sociedade fixo súa de forma masiva e incontestable a única proposta que a día de hoxe ofrece solucións de mínimos a este drama: a ILP pola dación retroactiva, a paralización dos desafiuzamentos e o aluguer social.
Todo isto sábeo se vive neste país e coñece á xente do común, a xente normal que está sen traballo e con hipoteca. Ou que ten traballo, pero non gaña suficiente para pagar a hipoteca por ter que afrontar gastos máis importantes como comer ou abastecerse dos servizos básicos. Se non o sabe é porque vostede bota unha venda nos ollos cando sae á rúa ou ignora as novas na prensa sobre persoas desesperadas que tristemente nos deixaron porque xa non puideron máis, pensando que non había saída. Pero si que a hai, a que a Plataforma de Afectados pola Hipoteca puxo enriba da mesa.
Se todo esto non fose suficiente para decatarse, o pasado martes 5 de febreiro a voz da PAH chegou ao Congreso a través da súa voceira, Ada Colau, que compareceu na Comisión de Economía para falar sobre o proxecto de protección dos deudores hipotecarios. Ese día entregamos outra carta coa que solicitamos ao seu grupo parlamentario que se comprometa por escrito a defender as demandas que contén a ILP sen rebaixas nin concesións de ningún tipo. O silencio ou unha negativa do seu partido á misiva equivale a ignorar o sufrimento de miles de persoas e a vontade dunha incontestable maioría

Terminamos, Señoría:

A ILP tramitouse e vostedes teñen que presentar enmendas para posteriormemente votala no Congreso. Poden respectar as demandas de mínimos recollidas na ILP, ou amplialas. Tamén poden votar a favor de perpetuar os privilexios da banca. Pero votar a favor da ILP bríndalle unha nova oportunidade para acabar con este drama social, estar á beira do pobo e recuperar parte da lexitimidade perdida. Votar en contra ou rebaixala convérteo, aos ollos da maioría, en responsable directo do sufrimento e a dor de miles de familias deste país. Apelamos á súa conciencia persoal e á súa humanidade ante o sufrimento e a vida da xente. Baixe á rúa e escoite aos afectados. Ata que se vote a ILP vostede pode cambiar de opinión. Veña visitarnos. Se non pode, teremos que achegarnos nós

PAH VigoTUi
Stop Desafiuzamentos Lugo
Stop Desafiuzamentos-ALPA Vilagarcía
Stop Desahucios Coruña
Stop Desafiuzamentos Ourense
Stop Desafiuzamentos Compostela.
“FerrolTerra”
Stop Desafiuzamentos Barbanza
PAH Morrazo

Galicia

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Nova Campaña da PAH

Nos últimos meses o consenso para reformar a lei hipotecaria, que ten alcanza cotas do 90% entre a poboación segundo as enquisas, estendeuse ata sectores como o Tribunal de Xustiza da UE, os xuíces decanos do noso país, sindicatos de policías e mesmo asociacións de cerralleiros e bomberos que se negan a colaborar nos desafiuzamentos. Chegados a este punto, consideramos que coa ILP esgotamos todas as vías posibles que o actual sistema ofrece para modificar unha lei. Agora é a quenda dos políticos. É a quenda de responder ás demandas da cidadanía e deixar de responder ao ditado da banca.

.y damos comezo a unha campaña de sinalamento dos culpables

Durante as dúas primeiras semanas de febreiro, a PAH interpelou a todos os partidos con representación parlamentaria para solicitar por escrito o seu apoio a estas medidas de mínimos. Temémonos que algúns partidos van expresarnos a súa determinación de votar en contra e continuar defendo os intereses das entidades financeiras. Estamos convencidos de que esta decisión non responde á vontade dos deputados que conforman estes partidos e é por iso que iniciaremos unha campaña co obxectivo de que rompan a disciplina de voto apelando aos seus valores éticos e morais, apelando á democracia; é unha demanda cidadá.

Será unha campaña pacífica e estamos a traballar conxuntamente con avogados, colectivos de artistas e deseñadores para que a campaña teña a máxima repercusión diudadana que nos permita conseguir os nosos obxectivos. Respectamos a liberdade de voto dos deputados, pero consideramos que temos dereito como cidadáns a informalos das consecuencias dramáticas que vai ocasionar a súa decisión porque as estamos a padecer diariamente.

Esta campaña será gradual e está dividida en fases:

Apelamos ao voto individual. Queremos coñecer cúal é a intención de voto de cada un destes deputados e informalos dos contidos da ILP mediante os seus perfís de twitter .Que rompan a disciplina de partido e voten a favor das propostas contidas na ILP: Dazón en pagamento,aligerar social e paralización inmediata dos desafiuzamentos.

Se persisten en manter a decisión da cúpula dos seus partidos, iniciaremos unha segunda fase na que faremos visible a súa actividade lexislativa Se rematou a impunidade para aqueles que permiten que se sigan vulnerando os dereitos humanos no noso país. Os bancos ningunean nos, sinálannos como culpables da nosa situación, engánannos en procesos de refinanciamento, maltrátannos verbalmente, sinálannos publicamente no desafiuzamento da nosa vivenda e déixannos na rúa sen ningunha alternativa.
Agora tócanos a quenda de sinalar os que permiten que esta situación se produza.

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