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El RDL que se convalida hoy es del todo insuficiente porque llega tarde y no da una respuesta integral a la pobreza energética.

Hoy se convalida en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley (RDL) 7/2016 que regula la financiación del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. Como ya hemos dicho en diversas ocasiones este RDL es del todo insuficiente porque llega tarde y no da una respuesta integral al problema de la pobreza energética.

El RDL se centra en el establecer el mecanismo de financiación del actual bono social como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo el pasado mes de octubre que invalidaba el mecanismo que hacía pagar el bono social a las empresas del sector integradas de manera vertical, es decir, a las empresas del oligopolio. El nuevo mecanismo que integra el RDL 7/2016 es que lo paguen todas las comercializadoras en función del número de clientes, un mecanismo que sigue siendo discriminatorio porque deja fuera otras empresas del sector como la generación o la distribución, esta última concentrada precisamente en 5 grandes empresas que se reparten prácticamente todo el territorio español. Además el RDL prevé que el reparto de lo que le toca a cada comercializadora asumir se haga en función del número de clientes, contabilizando igual un cliente doméstico que uno industrial, hecho que evidentemente perjudicará a las empresas pequeñas y cooperativas que con bastante esfuerzo intentan sobrevivir en un mercado dominado por las 5 grandes. Por último, a pesar de que el bono social deberán pagarlo todas las comercializadoras solo lo podrán ofrecer las comercializadoras de referencia o último recurso, es decir, básicamente las del oligopolio.

En el RDL que pactaron PP y PSOE el PSOE se vanagloriaba de haber incluido una excepción más en los suministros esenciales, es decir aquellos que bajo ningún concepto se pueden interrumpir, incluyendo las personas y familias en situación de vulnerabilidad severa. En este RDL no se establece que significa vulnerabilidad severa ni cuál es el mecanismo para evitar los cortes del suministro, eso queda pendiente de un reglamento posterior que se desarrollará en los próximos 3 meses a partir de hoy. Es decir, a efectos prácticos hoy por hoy no hay ningún mecanismo para evitar los cortes de suministro en el estado español, a excepción de Cataluña con la Ley 24/2015.

Es por eso que la semana pasada estuvimos en el Congreso de los Diputados y nos reunimos con todos los grupos parlamentarios para exigir que como mínimo el mecanismo para paralizar los cortes sea el principio de precaución, es decir, que las empresas tengan la obligación de, antes de efectuar ningún corte, ponerse en contacto con Servicios Sociales para conocer la situación de la familia y evitar así más muertes por pobreza energética. En segundo lugar exigimos que la definición de vulnerabilidad severa, que en definitiva serán las personas que van a estar protegidas contra los cortes, sea la misma que la ley 24/2015. Y por último, la necesidad de crear una ley estatal contra la pobreza energética que sí de respuesta integral para evitar los cortes de suministro, no sólo de luz sino también de gas y agua, que se vaya mucho más allá de un bono social y se establezca una tarifa social que puedan ofrecer todas las comercializadoras pero sea asumida por el oligopolio, que a fin de cuentas, es quien está haciendo negocio con un derecho básico.

1 de cada 3 hogares encuestados es incapaz de calentar su hogar en invierno #pobrezaenergetica

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) presentó ayer los resultados principales del proyecto “Punto de Información al consumidor vulnerable (PICv). Una herramienta imprescindible para prevenir y erradicar la pobreza energética” desarrollado con la colaboración de Obra Social “la Caixa” y con el apoyo del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Mirubee, HqH consultoría, Clientsol Energy, LEM System y PCE Instruments

Jornada de presentación de resultados del proyecto PICV

El proyecto, que ha contemplado, entre otras acciones, la realización de encuestas a cerca de 100 hogares del municipio y la monitorización y seguimiento de los consumos energéticos en 5 viviendas, ha permitido conocer mejor la realidad de la pobreza energética en los propios hogares que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad.

La encuesta fue diseñada específicamente para observar y cuantificar la pobreza y la vulnerabilidad energética de los hogares del ámbito de estudio. Este hecho novedoso permitió solucionar una de las limitaciones con las que ACA se había encontrado en sus tres informes sobre pobreza energética a nivel estatal publicados hasta la fecha (2012, 2014 y 2016) y es el hecho de que no existen fuentes de datos ni encuestas que estén diseñadas específicamente para observar el fenómeno de la pobreza energética.
Las encuestas fueron realizadas en viviendas ubicadas en el barrio de la estación y en bloques aledaños al mismo. Como resultado de este análisis se pudo conocer que:

  • El 32% de los hogares encuestados afirmó ser incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, es decir, aproximadamente 1 de cada tres hogares encuestados afirmó ser incapaz de calentar sus hogares en invierno.
  • El 12% de los hogares afirmó haber tenido dos o más retrasos en el pago de las facturas de agua, luz o gas en los últimos 12 meses debido a dificultades económicas. Este porcentaje, supera la media del país en el año 2014 que recogía el último informe de ACA (11%).
  • El 27% de los hogares declaró tener presencia de goteras, humedades o podredumbre en sus viviendas.
  • El 8% de los hogares declaró no tener ningún tipo de sistema de calefacción mientras y el 30% poseer un aparato de aire acondicionado
  • El 23% delos hogares que respondieron respecto a sus ingresos y gastos en energía, destinaban más del 10% de sus ingresos para pagar las facturas de la energía.

Por otro lado, se monitorizaron, se analizaron las facturas y se realizaron microauditorías energéticas con el fin de conocer el comportamiento de los hogares en cuanto al uso de la energía, analizar el estado de su vivienda, tanto en términos de la envolvente térmica como en cuanto a sus equipos e instalaciones. Además, se realizaron termografías infrarrojas en el exterior e interior de las viviendas que permitieron mostrar a sus ocupantes las zonas con mayores pérdidas de energía y las deficiencias del edificio. Del resultado de la monitorización y el seguimiento de los consumos energéticos de las viviendas, se detectaron las siguientes situaciones:

La potencia contratada por los hogares, por lo general, era superior a la necesaria, asumiendo costes fijos más elevados independientemente del consumo realizado.


  • Desconocían la existencia del bono social eléctrico y las condiciones para poder optar a él.
  • Contaban con tipologías de contratos no adatados a los usos de la energía que realizaban, por ejemplo, tarifas con discriminación horaria que no aprovechaban al no encender los acumuladores de tarifa nocturna.
  • Desconocían por completo los equipos y aparatos que generaban un mayor consumo de energía.
  • No aplicaban hábitos de ahorro por desconocimiento o por barreras culturales o sociales.
  • Se registraron temperaturas mínimas en alguna de las viviendas que apenas superaron los 9ºC y cuya media se situaba en torno a 13ºC.

Vivienda y Pobreza Energética

Vivienda y Pobreza Energética

Entendida como el soporte físico en el que el ser humano construye su vida privada, la vivienda es una condición imprescindible para el desarrollo de la vida ciudadana.A pesar de que el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución Española y forma parte de los fines de la ordenación urbanística en la Comunidad de Madrid, las políticas públicas no han sido capaces de garantizar el acceso ni durante el boom inmobiliario ni tras el estallido de la burbuja. Desde 2008, los poderes públicos han abandonado a la ciudadanía a su suerte, bajo la máxima de que la población ha vivido por encima de sus posibilidades. Mientras las ejecuciones hipotecarias, los desahucios por alquiler o las familias que no podían pagar los recibos de los servicios básicos no paraban de aumentar, las soluciones públicas se dirigían a sostener el mercado inmobiliario y financiero. El proceso ha sido todavía más cruel en Madrid, donde gran parte del escaso parque público en alquiler fue vendido a fondos buitre por parte de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de la capital.

Como parte fundamental de las políticas urbanas, en materia de vivienda queda mucho por hacer. No solo para reconducir las nefastas herencias recibidas de la política anterior, sino para intentar transformar por completo un modelo que se ha demostrado caduco, inviable y socialmente injusto. Además de la revisión de los problemas más acuciantes -expulsión de los hogares de sus viviendas, penalización de la ocupación, carestía de parque público para conseguir alternativas habitacionales dignas, acumulación de parque vacío, condiciones de habitabilidad dignas, garantía de suministros básicos, etc.-, el objetivo del eje de vivienda será plantear las posibles soluciones, así como los grandes retos a futuro que deberán controlar las políticas municipales y autonómicas para que dejen de ser el soporte de la especulación inmobiliaria, y reconduzcan sus objetivos y propuestas hacia las necesidades de la ciudadanía. A continuación se avanzan algunas de ellas

Necesidad de un diagnóstico real y de unas líneas estratégicas en materia de vivienda

Las medidas a implantar desde la administración local deberán partir de un contexto en el que la competencia en materia de vivienda está en manos de la administración autonómica y estatal y cuyo marco jurídico está a veces lejos de estar adaptado para afrontar los grandes retos en materia de vivienda. Sin embargo, la fuerza de los gobiernos locales reside en su capacidad de comprender el territorio que gestionan y de ingeniar soluciones más allá del marco establecido. En este último año, el papel del Ayuntamiento ha queda reducido a mediar entre familias y banca, como si en igualdad de condiciones se encontraran, a defender a las entidades de crédito frente a las manifestaciones de los afectados, tomando claro partido a favor del ganador, a un intento de reforma del reglamento de la EMVS que mantenía la penalización sobre los hogares que, abandonados por los poderes públicos, han intentado seguir con sus vidas de la forma más digna posible, etc.

A día de hoy sigue sin existir un retrato sobre las necesidades y posibilidades existentes, ni a corto, ni a medio plazo: caracterización de la demanda real existente, censo de viviendas vacías y en mal estado, tasas o impuestos sobre el parque en manos de los bancos, revisión del estado de los contratos de las viviendas vendidas por la EMVS, necesidad y posibilidad de desarrollo de las viviendas de protección previstas en el planeamiento vigente, etc. En definitiva, es urgente:

La construcción de un diagnóstico participado, donde los afectados tengan un papel relevante, el diseño de unas líneas estratégicas en materia de vivienda siempre coordinadas con el conjunto de la política municipal: Planeamiento vigente, servicios sociales, políticas urbanas, etc.
La participación efectiva de los afectados dentro del diagnóstico de la situación y de la toma de decisiones la reivindicación de la función social de la propiedad, recogida en la Constitución
La creación de una oficina de garantía del derecho a la vivienda
La revisión del punto de origen de dichas políticas que deben tener como único objetivo resolver los problemas de los ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables que han sido tradicionalmente ignorados la retirada de la penalización de los hogares que han optado por la ocupación como consecuencia del abandono de los poderes públicos
La coordinación entre las instituciones local y autonómica, tanto en el registro de demandantes como en la asignación de viviendas.
Generación de un parque público en alquiler

Madrid cuenta con un parque de viviendas caracterizado por sus altos precios. Por ese motivo el esfuerzo de los hogares para sufragar el coste de un bien de primera necesidad, como es la vivienda es completamente desorbitado. En Madrid, y según los datos de la Estadística Registral inmobiliaria del 2º trimestre de 2014, el coste medio de un préstamo suponía un esfuerzo superior al 40% de los ingresos familiares.

A las carencias heredadas de la etapa anterior, nunca resueltas, hay que sumar las consecuencias del estallido de la burbuja. Desahucios y lanzamientos siguen siendo un hecho cotidiano en Madrid. Las alternativas habitacionales que el Ayuntamiento ofrece no sólo son escasas sino que muchas veces redundan en la precariedad de los hogares expulsados de sus viviendas: pernoctaciones tasadas en hostales, viviendas con cuotas de alquiler por encima de los ingresos mensuales de la familia, etc. Por tanto es urgente:
la creación de un parque público en alquiler gestionado desde la administración pública
la revisión de las condiciones para optar a su acceso, con la colaboración de los implicados, de modo que se garantice el acceso a la población más desfavorecida y se subsanen todos los requisitos que se han demostrado como barreras para parte de la población: residencia en el municipio, empadronamiento, existencia de vivienda anterior, etc.

El compromiso de realojo de las familiar dentro de su entorno social, de modo que las situaciones traumáticas de pérdida de vivienda se minimicen en la medida de lo posible
La paralización de los desalojos, sea cual sea su origen, mientras no exista alternativa de vivienda digna y duradera

Viviendas vacías

Según el Censo de población y viviendas de 2011, el municipio de Madrid contaba con 153.100 viviendas vacías, (10% del parque total existente). El volumen de viviendas sin uso es muy similar al incremento entre 2001 y 2011 (152.026). Dicho parque contaría con capacidad para 367.428 nuevos habitantes, lo que supone un incremento del 12% respecto a la población de 2011. El 40% del parque vacante se concentra en cinco distritos: Centro, Salamanca, Carabanchel, Latina y Puente de Vallecas. En 9 de los 21 distritos, el parque vacío permitiría albergar a más del 12% de la población residente en 2011.

La dimensión del parque vacío entra en colisión con las necesidades de vivienda, debiendo ser uno de los ejes clave a la hora de plantear las futuras políticas de vivienda:

Es fundamental la realización de un censo real sobre dicho fenómeno que incluya, además, las causas de su existencia, de modo que las líneas estratégicas a diseñar se definan de acuerdo a la situación real de dicho parque: inversión en productos inmobiliarios, problemas de conservación, estado transitorio, problemas judiciales, etc.
Es preciso abordar qué es una vivienda vacía.
Es preciso reivindicar la función social de la propiedad
Rehabilitación de viviendas. El proceso en marcha.

En el nuevo contexto en el que la apuesta de todos los agentes implicados coincide en la vuelta hacia la ciudad consolidada como objetivo a corto y medio plazo, el traslado del modelo especulativo de crecimiento de la ciudad al tejido habitado puede llegar a tener consecuencias nefastas que reactiven procesos negativos típicos de las áreas centrales como la expulsión de la población, el abandono de ciertas áreas de menos interés para la inversión, el incremento de los desequilibrios territoriales, etc.

El parque de peor calidad está concentrado en las viviendas en alquiler, casi con las mismas dimensiones que en el caso del parque vacío: el 8% de las viviendas en alquiler cuenta con problemas de conservación, el 27% se encuentra en edificios de más de 3 plantas sin ascensor y el 71% es anterior a 1980, frente al 4%, 25% y 67% de las viviendas en propiedad, respectivamente. Por otra parte, en un contexto como el español en el que la forma de acceso mayoritaria se producía en propiedad, el alquiler quedaba como la alternativa de acceso residual utilizada por los hogares de menos recursos que no conseguían acceder de otro modo. Según los datos del Censo de población y viviendas, el 40% de los parados y ocupados eventuales estaban alojados en alquiler, frente al 29% en propiedad; el 41% de la población activa que reside en viviendas con problemas de conservación, el 40% en viviendas situadas en edificios de 4 plantas o más sin ascensor y el 44% de los residentes en viviendas sin calefacción está parado o su ocupación es eventual.

El sistema tradicional de subvenciones para la rehabilitación de viviendas, entendido como forma de fomentar la actividad inmobiliaria, y extendido como en el caso de la propiedad al conjunto de la sociedad sin control de rentas, o como en la vivienda de protección, hacia la clase media, dejará fuera de las políticas a la población más vulnerable. Por tanto:
Es imprescindible el control sobre el posible incremento de precios inducido por la mejora en el parque, sobre todo en el caso en que las obras de rehabilitación hayan sido subvencionadas con presupuestos públicos. Dicho control deberá ser mucho más estricto en el caso del parque en alquiler. Se debería impedir la subida de los precios de la renta, con objeto de impedir procesos de expulsión de la población de menores recursos económicos, así como aplicar el régimen disciplinario en aquellos casos en los que no exista justificación para el incumplimiento de la obligación de conservación del parque.

El papel de la administración local en la gestión de los procesos de rehabilitación debe ser completamente diferente a la existente en el modelo anterior. Debe primar el derecho a la vivienda y a la ciudad frente a la rentabilidad económica de la operación y se deberá traspasar el mero control de la viabilidad jurídica, planteando objetivos más ambiciosos que incluyan el control absoluto del proceso, la visión integral de los procesos urbanos y la integración de la participación pública real dentro del diagnóstico y la toma de decisiones.

Las previsiones del planeamiento vigente

Según los datos del propio Ayuntamiento de Madrid, existen 192.997 viviendas pendientes de desarrollo en el municipio, cifra superior al conjunto de viviendas desarrolladas durante el boom inmobiliario (152.026 entre 2001 y 2011). Los desarrollos pendientes fueron diseñados con los criterios de la burbuja inmobiliaria, tanto desde el punto de vista de su dimensión, como de la rentabilidad económica de las operaciones, donde la totalidad del parque se destinaba a la propiedad, incluida la vivienda de protección. Por tanto, es imprescindible:

Revisar el modelo urbano heredado, cuyas previsiones no tienen sentido ni en la cuantía de viviendas a construir ni en su tipología y precio.
Coordinar las políticas urbanas con las políticas de vivienda: frente a las 197.997 viviendas pendientes, existen 82.925 viviendas cuyo estado de conservación es ruinoso, malo o deficiente, 386.475 viviendas situadas en edificios de más de 3 plantas que carecen de ascensor, 189.810 viviendas principales sin calefacción y más de 1 millón de viviendas construidas antes de 1980, susceptibles de una intensa mejora vinculada con la eficiencia energética.

Origen: Vivienda y Pobreza Energética

Concentración: STOP POBREZA ENERXÉTICA #luzaugagasparatodas

  
A Xunta de Galicia, un ano máis, ven de convocar unhas mal chamadas “axudas públicas” contra a pobreza enerxética. Coma sempre, volven a ser uns parches propagandísticos, miserentos, restritivos e totalmente inútiles para loitar contra a precaria situación na que se atopan moitas familias do noso país. Ao igual que o Concello de Vigo, a Xunta intenta agochar con esmolas o terror que sofren moitos fogares en Vigo e na Galiza que son privados duns mínimos para a vida.

 

Sufrimos a miseria e a precariedade que provoca a privatización dos dereitos básicos, convertidos, hoxe, en produtos de consumo sometidos ao mercado e non ao interese colectivo. Os nosos dereitos máis básicos: poder vivir con luz, quentar os nosos fogares, ducharnos ou quentar a comida están a ser sometidos á lóxica perversa e depredadora da especulación dos mercados

 

Mentres nós sufrimos a violencia dos cortes de luz, as grandes empresas enchen os petos facendo negocio coas nosas necesidades:

 

As tres grandes compañías con actividade no Estado —Iberdrola, Unión Fenosa Gas Natural e Endesa— manteñen, ano tras ano, os seus beneficios, sempre por riba dos 5.000 millóns de euros, e no ano 2015 todas as grandes eléctricas aumentaron beneficios nun 18% máis que no ano anterior.

 

Eles enriquécense, co beneplácito dos gobernos, mentres nos morremos de fame e frío:

 

España ocupa o cuarto lugar entre as facturas máis caras de Europa. Segundo o “Informe Robinson”, a electricidade nos fogares do Estado Español encareceuse nun 52% entre 2008 e 2014, unha suba que duplica a media da Unión Europea.

 

O sistema capitalista que nos absorbe, aumenta cada vez máis a fenda crecente entre as que máis teñen e as que menos, o que fixo que se triplicase a pobreza enerxética na Galiza, que afecta xa a unha de cada dez familias (100.000 fogares).

 

No estado español, estímase que 5,1 millóns de persoas sofren a pobreza enerxética, unha cifra que aumentou nun 47% nos últimos cinco anos.

 

Perante esta situación, berramos que estamos fartas de promesas e propaganda. Fartas da mercantilización do que ten que ser un dereito universal. Fartas deste sistema que nos condena á miseria e á precariedade.

 

Esiximos o que é de todas, o que nos teñen arrebatado ás administracións incompetentes e as grandes empresas.

Esiximos:

1º. Xestión pública dos servizos básicos: fin das concesións ás empresas privadas que non garanten os nosos dereitos.

2º. Luz, auga e gas para todas: tarifas sociais en función dos recursos das persoas. Quen non ten non paga.

3º Cese inmediato dos cortes de subministros.

 

 

Vigo, 4 febreiro 2016

 

ODS-Coia, PAH Vigo Tui-Baixomiño, Os Ninguéns, RSP-Vigo e G.A.S.

 Camino de la solucion [Maria e Israel ]

  
Maria e Israel llegaron a la Asamblea de la PAH Vigo Tui-Baixomiño desmoralizados,culpabilizados de una situacion sobrevenida No pueden pagar el Alquiler de su casa y carecen de suministros basicos ,sin alternativas .No ofrecimos milagros sino lucha ,el no encerrarse en si mismos en dar todos la cara en creer que juntos si podemos !La  crisis ha afectado a ISRA y Maria  dejandoles en una situación donde no podían hacer frente  de alquiler de su hogar ni poder asumir el pago de la Luz el Agua….

Es una situacion que afecta a amplios sectores de la poblacion : no  es posible entender la situación de emergencia habitacional que vive nuestro pais si no lo englobamos en un marco de empobrecimiento de nuestra sociedad 

Los Servicios sociales no ha han resuelto las necesidades de Isra y Maria : los retrasos ,la situacion de anímica  delos afectados hace que demasiadas veces no se “enteren” de la existencia de tal o cual ayuda ,muchas veces con plazos dificles de cumplir Se necesita mas inversion para llegar a las personas afectadas La informacion no llega o no se entiende el lenjuage es a veces comolejo …El numero de Asistentes sociales es muy pequeño 

El asesoramiento colectivo en la Asamblea ha sido fundamental en este proceso huyendo de dar una imagen de “asistencialismo” ya que este hace de los afectados en sujetos pasivos,receptores y a la espera de “negociaciones milagro” de la PAH .Al contrario la Asesoria colectiva” nos hace a todas y todos parte del problema ,fomenta lazo de solidaridad y les devuelve un sentimiento de dignidad que se les habia robado 

Aun quedan flecos por resolver Conseguimos un acuerdo firme del Concello Estaremos atentos #ViviendaDignaMaria_Isra 
Solo la accion colectiva soluciona los problemas ‪#‎SiSePuede‬.