Publicado en Novas, opinion

La Ley de Vivienda de la PAH vuelve a la carga

La Ley Vivienda PAH ha vuelto a ser registrada en el Congreso, empezando de nuevo todo el trámite administrativo, el PP tiene hasta el 12 de junio para volver a vetarla, o no.

 

Tras el inaceptable veto a la Ley Vivienda PAH el pasado 20 de marzo, muchas cosas han cambiado. Mientras debatimos, nosotras sí que hacemos esas cosas, cuál podría ser el mejor momento para registrar un recurso para levantar el veto, el 17 de abril se hizo pública una sentencia del Tribunal Constitucional en la que considera que el Gobierno no puede alegar sin más que un proyecto afecta a los presupuestos, sino que debe justificar tal argumento y esto sólo es válido para los presupuestos en vigor en cada momento, por lo que no cabe argumentar sobre presupuestos futuros.

 

Llevamos meses diciéndolo, el Partido Popular, con la inestimable complicidad de Ciudadanos, están secuestrando la democracia y convirtiendo la Mesa del Congreso, en su cortijo particular donde frenar sistemáticamente cualquier propuesta de ley para que no sea debatida en el Congreso. Con esta actitud, lo único que hacen es reafirmarse como los auténticos enemigos del estado de bienestar de este país, vetando cualquier iniciativa que represente en un avance en nuestros derechos más fundamentales, como es el caso de la vivienda, para seguir legislando a favor  de la especulación, de la banca, de los fondos buitre y de las SOCIMIS. ¿La excusa? Los presupuestos del Estado. ¿Uno de sus últimos golpes de Estado a la democracia? El veto de la Ley Vivienda PAH.

 

Por suerte, la bofetada del Tribunal Constitucional ante este tipo de vetos, abrió la posibilidad a que la la Ley Vivienda PAH siga adelante y haya vuelto a ser registrada en el Congreso. Una ley que está elaborada pensando en que no afecte a los presupuestos. Por un lado, en la propia ley se aplaza la entrada en vigor de las medidas que pudieran afectarles a sucesivos ejercicios. Por otro, porque la mayor inversión de nuestras propuestas, pasaría por ampliar el parque público de vivienda, pero es una medida que se basa en movilizar los más de 3.500,000 de pisos vacíos en manos de la banca, no en nuevas construcciones como propone el PP en su Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Aun así nos parece lamentable, que ante la creciente emergencia habitacional, el partido de Mariano Rajoy, que ahora dispone hasta el 12 de junio como fecha límite para justificar un posible nuevo veto, siga basándose en cifras y no en vidas.

 

Vivimos unos tiempos en que el Derecho a la vivienda, es atacado constantemente en todos sus frentes, dejando cada vez más, a las familias en una situación absoluta de vulnerabilidad e indefensión.

Cada día vemos cómo se producen 174 desahucios. Desahucios silenciosos por ejecución hipotecaria, porque los bancos siguen haciendo de las suyas. Desahucios invisibles, ante cada contrato de alquiler no renovado por una ingente subida del precio medio, que las familias con sus medios sueldos, no pueden afrontar. Desahucios por ocupación, de esas familias que ante la pérdida de su hogar y sin una solución habitacional, a causa de una ley criminal y la falta de un parque de vivienda social, se han visto empujadas a elegir entre vivir en la calle o recuperar un piso vacío.

Cada día vemos como esa vivienda vacía en manos de la banca, rescatada con dinero público sin contraprestación social, en lugar de ser usada para garantizar un derecho fundamental a las familias, es tratada como una mercancía más con la que especular y es vendida a fondos buitre.

Cada día vemos como crece la burbuja del alquiler, que está expulsando a la gente de sus casas, de sus barrios e incluso de sus ciudades, en búsqueda de un lugar más asequible donde volver a construir su proyecto de vida . Un proyecto de vida, que a consecuencia de la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos promovida por el PP, saben de antemano que no va a durar más de tres años. Una reforma que nos está condenando a vivir como nómadas.

Cada día vemos como 5 millones de hogares sufren pobreza energética y cortes de luz, agua y gas, sin que las empresas suministradoras asuman ningún tipo de responsabilidad.

Ante estas situaciones, la Ley Vivienda PAH, es la única propuesta legislativa que recoge medidas para acabar con ellas y garantizar una vivienda digna, asequible, estable y acogedora para todas las familias. Así como la única que garantiza el cumplimiento de sentencias europeas o dictámenes internacionales. Una ley pionera que la propia ONU nombró como un referente mundial, en materia de vivienda, que debería replicarse en todos los países.

Ante esto, el bloque antisocial formado por PP y Ciudadanos, solo se han puesto de acuerdo en dos actuaciones, vetar la Ley Vivienda PAH  y sumarse al PDeCat, para criminalizar a las familias y fomentar una guerra entre ellas y pequeños propietarios. Pequeños propietarios a los que les han inculcado el miedo con mentiras y convirtiendo una situación anecdótica, comparada con la gravedad del problema real, para convertirla en la excusa para promover una nueva ley de desahucios exprés.

Desde la PAH seguiremos en pie, en las calles y donde sea necesario, para que el 12 de junio, no se repita el golpe de estado a la democracia con un nuevo veto a la Ley Vivienda PAH, permitiendo así que esta pueda ser debatida en el Congreso y que sea una auténtica mayoría parlamentaria, la que decida si quiere estar del lado de las familias, o del lado de los desahucios y la especulación.

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La riqueza del país y la burbuja del alquiler

Por Carlos Sánchez Mato y Eduardo Garzón*

“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” Puede parecer extemporáneo citar el artículo 128 de la Constitución Española pero no vemos forma mejor de proponer un marco que habría evitado el grave problema del alquiler.

En los últimos años los precios del alquiler están incrementándose en buena parte de las localidades españolas a un ritmo frenético, causando un enorme perjuicio social a su paso que adopta el rostro de numerosos y crecientes desahucios (ya son 6 de cada 10 desahucios los provocados por impagos de alquileres según los datos del Consejo General del Poder Judicial) e intensos procesos de gentrificación. Además, esta tendencia no hace sino coger más y más fuerza (sólo en los últimos doce meses el precio medio del alquiler se ha disparado casi un 20% en ciudades como Barcelona, Madrid, Palma o Málaga, según datos de portales inmobiliarios) y no hay visos de que esta tendencia vaya a cambiar si no se adoptan medidas pertinentes por parte de las administraciones públicas. Y para saber qué actuaciones serían las más eficaces para combatir esta enorme burbuja del alquiler es imprescindible conocer bien las causas que la han originado.

La aparición de la burbuja se explica por una combinación de dos fenómenos: un incremento de demanda de alquiler de viviendas y, sobre todo, una disminución de la oferta en este sector.

Por el lado de la demanda, ésta se ha incrementado por muchos motivos.

1) El elevado nivel de pobreza que existe en nuestro país incluso en el colectivo de los trabajadores (según la OCDE el 14,8% de los trabajadores son pobres, récord en la Unión Europea) conlleva que una buena parte de la población no tenga posibilidades de acceder a la compra de una vivienda y no le quede más remedio que acudir al alquiler.

2) La baja concesión de créditos hipotecarios que están llevando a cabo las entidades bancarias en nuestro país (el saldo hipotecario se ha reducido desde máximos un 20% y las condiciones para recibir una hipoteca se han endurecido).

3) Las ayudas al alquiler que ha aprobado recientemente el gobierno, que lejos de resolver la situación la agravan aún más porque incrementan la demanda del alquiler sin afectar a la oferta, provocando mayor presión sobre los precios. Hay estudios que señalan que el 75% de las ayudas públicas concedidas a los arrendatarios suelen acabar en el bolsillo de los arrendadores a través de incrementos en el precio del alquiler.

4) También es de destacar el importante proceso de emigración que se está produciendo desde las zonas rurales y pequeñas y medianas localidades (con menores oportunidades de formación y de trabajo) a las grandes urbes (con mayores oportunidades)

Por el lado de la oferta, ésta se mantiene muy baja por muchos motivos entre los que destacan los siguientes.

1) Hay demasiadas viviendas vacías (el 18% del total de viviendas según la OCDE) a las que no se les está dando ningún uso porque fundamentalmente pertenecen a bancos (se lleva la palma la SAREB, el banco malo) que no tienen capacidad para darle salida.

2) Los importantes récords de entradas de turistas y la explosión del negocio de las viviendas de uso turístico a través de plataformas digitales como la de Airbnb han provocado que las viviendas se orienten a un muy rentable alquiler estacional y no al habitual, hundiendo la oferta de pisos para este segundo tipo de uso.

3) Las importantes ayudas fiscales (como exención en el impuesto de sociedades) que se le conceden a las SOCIMI (Sociedades anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado inmobiliario) han tenido como consecuencia una importante concentración en el sector del alquiler (9 empresas acumulan más del 90% de los activos) que provoca una merma en la competencia y por lo tanto un mayor margen para establecer precios elevados.

Las soluciones pasan, en general, por abordar con actuaciones concretas las causas señaladas:

1Incrementar la oferta de viviendas en alquiler a través de la conformación de un importante parque público de inmuebles orientados al alquiler.

2Orientar las viviendas vacías de grandes propietarios hacia el alquiler social.

3Controlar los precios de los alquileres para impedir que escalen a niveles inasumibles.

4 Estabilizar más los alquileres volviendo al menos al plazo mínimo de 5 años en los contratos.

5Regular las viviendas de uso turístico, estableciendo, entre otras cosas, un máximo de viviendas por zonas y un máximo número de días al año en alquiler.

6 Retirar las ayudas fiscales a las SOCIMI, evitando así la competencia asimétrica que generan estas empresas en el sector e impidiendo que tengan suficiente poder de mercado como para establecer precios a su conveniencia.

7 Combatir el fraude laboral que existe en nuestro país, legislar para incrementar el poder de negociación de los trabajadores y crear empleo público en todas las ciudades y zonas para eliminar el número de trabajadores pobres que se ven obligados a alquilar y la desertificación de determinadas zonas y localidades del país.

8Disponer de una banca pública potente que conceda financiación para muchas familias que desean acceder a una vivienda en propiedad.

9 Reorientar las políticas ultraexpansivas del Banco Central Europeo para que dejen de inundar de dinero los mercados financieros y pasen a financiar políticas públicas productivas y sociales.

Las administraciones públicas no pueden ser meros espectadores ante esta burbuja porque los efectos causan ya actualmente graves daños. Toca actuar y hacerlo de manera contundente.

 

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#VigoNonSeVende #AlugerEstableAsequibleDigno

 

Con unos precios de alquiler cada vez más altos y unas administraciones que hasta el momento se han negado de regular un mercado fuera de control, es el momento de asumir como nuestro el objetivo de defender el derecho a la vivienda y un alquiler “asequible, estable, seguro y digno”,

En Vigo hay muchísimas familias viviendo de Alquiler y muchas de ellas sujetas a contratos que los sujetan a Viviendas de escasa calidad cuando no ,directamente infra vivienda

El precio para alquilar un piso varía de unas ciudades a otras en Galicia con Vigo a la cabeza. El mismo piso de 90 metros cuadrados costaría en Vigo 605 euros al mes, Debemos combatir esta nueva burbuja inmobiliaria que ataca a nuestra ciudad, basada en el incremento especulativo y abusivo del precio de los alquileres

Los últimos datos son esclarecedores en este sentido: Los desahucios por impago de alquiler  suben hasta constituir el 60% mientras bajan los de hipotecas.

El modelo de crecimiento de nuestra ciudad expulsa al vecindario hacia las afueras Hacia  barrios marginales donde son abundantes las viviendas inadecuadas,o vivienda de escasa superficie ,es norma el abandono de espacios públicos y aislamiento infraestructuras el alto índice de hacinamiento y fuerte presencia de núcleos de infravivienda con ausencia de infraestructuras eficientes pero si en cambio alta presencia vertederos, incineradoras, áreas industriales degradadas, etc

Con frecuencia carecen de servicios básicos como los de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de electricidad y alumbrado público. A menudo, la delincuencia es endémica

Los conflictos con el vecindario es frecuente así como la sensación de inseguridad

Los fondos buitre ,“están atacando a lo bestia la vivienda

Los Fondos Buitre hacen se estan adueñando de la totalidad de la oferta inmobiliaria. De hecho es ,la vivienda uno de los más rentables y atractivos para este tipo de organizaciones especulativas. Por a ello, en este instante los fondos buitre están “comprando miles y miles de viviendas” en distintas ciudades de España. “La vivienda es un derecho, nos están estafando y en estos momentos volvemos a estar peor que en 2008: gente asustada que no sabe cuáles son sus derechos, cientos de inquilinos saliendo de sus edificios, con miles de desahucios invisibles en estos momentos”,

 Ante esta situación, que lleva al colapso de la ciudad, es necesario que las vecinas y vecinos levantemos nuestra voz y nos sigamos organizando, uniendo nuestras fuerzas para cerrar el paso a los “enemigos de la ciudad”.

Todas aquellas personas que sufrimos las consecuencias de las políticas neoliberales, de los fondos de inversión y de los grandes tenedores que controlan la ciudad tenemos que salir a la calle a dejar bien claro que los buitres no son bienvenidos en Barcelona. Nosotras hemos decidido luchar por quedarnos en nuestros barrios, y no pararemos de luchar hasta conseguir que la ciudad sea para vivir dignamente y no para especular con los barrios y nuestras vidas.

Por todo ello, exigimos a las administraciones y nos comprometemos a luchar por:

• Derogar la actual LAU. Asegurar contratos estables, con renovación automática, excepto cuando haya necesidad familiar de primer grado de la propiedad. Ningún desahucio más sin alternativa habitacional. Acabar con los privilegios fiscales de las SOCIMI, que no pagan impuesto de sociedades. Multar y expropiar todas las viviendas en manos de grandes propietarios que hayan permanecido vacíos durante 2 años, para hacer vivienda pública de alquiler.

• Derogar las reformas laborales que han promovido la inestabilidad y el aumento de los trabajos precarios, mal remunerados, sin derechos laborales y con recortes de los derechos sociales.

• Un turismo respetuoso con la convivencia vecinal.

• Un espacio público para disfrutar de la ciudad y convivir, no para hacer negocio.

• Detener la destrucción del comercio de proximidad.

• Detener la destrucción del medio ambiente por la contaminación que generan los vehículos privados y los cruceros del puerto y promover el transporte público eficiente y no contaminante, y los medios alternativos como la bicicleta.

• Políticas activas y decididas de igualdad de género.

• Derogar la ley mordaza que reprime a las que luchan por los derechos políticos, sociales y laborales.

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QUE SE SEPA! CIUDADANOS Y PP SON RESPONSABLES DE LOS DESAHUCIOS

Cada 8 minutos, hay un desahucio. El problema del acceso a la vivienda nos afecta a todas. Hablamos de tus padres, que apenas pueden llegar a fin de mes por la hipoteca. De tus hijas, que no pueden emanciparse porque los alquileres se encuentran desorbitados. De tus vecinas, que se tienen que mudar de barrio para poder pagar un alquiler. De tus amigas, que sufren una orden de desahucio mientras la Administración Pública no les garantiza ninguna alternativa.

Cuando hablamos del Derecho a la Vivienda, hablamos de nuestros hogares, de nuestro futuro, de nuestros derechos más básicos.

La PAH ha llevado al Congreso la Ley Vivienda PAH, una iniciativa de ley que de aprobarse acabaría con los desahucios, la pobreza energética y regularía los precios del alquiler. Esta ley ha recibido el apoyo de 100 Ayuntamientos. Es considerada un referente internacional por el Parlamento Europeo y la ONU. Jamás en la historia de la democracia una iniciativa de ley había recibido tantos apoyos sociales e institucionales. Tantos apoyos, son reflejo de la necesidad de que exista esta ley, que salvaría a miles de vidas en juego.

Sin embargo, el PP y Ciudadanos decidieron interponer un veto a la Ley Vivienda PAH en la Mesa del Congreso: un órgano institucional en el que se decide si se las iniciativas de ley entran a debatirse en el Congreso. Un órgano donde PP y Ciudadanos tienen mayoría, y se dedican a votar en contra de leyes que recorten los privilegios de la banca, las suministradoras y las grandes multinacionales. En lo que llevan de legislatura, han vetado hasta 70 iniciativas de ley, incluyendo una subida de las pensiones.

PP y Ciudadanos utilizan sus cargos en las instituciones para mantener los privilegios de los bancos, a costa de vender nuestros derechos, e impedir que leyes escritas por las familias afectadas se debatan democráticamente. PP y Ciudadanos han impuesto la dictadura en el Congreso, amordazando a la ciudadanía, impidiendo que se hablen de sus reivindicaciones. Incluso el Tribunal Constitucional, recientemente ha sentenciado que PP y Ciudadanos han realizado un uso injustificado y abusivo de los vetos.

Nosotras lo tenemos claro. PP y Ciudadanos jamás pedirán cuentas a la banca y a las suministradoras por todas sus estafas, como la crisis económica. Porque PP y Ciudadanos nunca piden cuentas a los poderosos, sólo lo hacen a las familias de a pie, de las que creen que pueden abusar. Pero nosotras, las familias, se lo impediremos. No vamos a quedarnos de brazos cruzados.

Vamos a continuar parando desahucios, evitando cortes de suministros y consiguiendo realojos para las familias vulnerables.

Más aún, seguiremos luchando por la Ley Vivienda PAH. Tenemos la oportunidad de presentar un recurso, forzando de nuevo a que nuestra ley sea valorada por la Mesa del Congreso. Esperaremos el momento adecuado, pero tenemos claro que volveremos a las calles para exigir que nuestras reivindicaciones se conviertan en una ley de justicia que nos proteja a todas. PP y Ciudadanos creen que pueden abusar de nuestros derechos, pero les demostraremos que la ciudadanía nunca se da por vencida.

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