Ahora es el momento de poner un punto y aparte.

Articulo de
Rafael Mayoral en Publico
Abogado, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

“Todo parece imposible hasta que se hace”
Nelson Mandela

La situación actual nos brinda la oportunidad de lanzar una ofensiva social unitaria y plural sostenida en el tiempo en torno a cuatro líneas de reivindicación con posibilidades serias de ser alcanzadas a corto plazo.

Estas reivindicaciones responden a una necesidad social, cuentan con el apoyo de la mayoría y se podrían convertir en un revulsivo para el impulso de un proceso de lucha amplio, participativo, plural, social y político. En estos tiempos se habla mucho de la confluencia, la convergencia y muchas cosas más. Aquí tenemos al alcance de la mano la oportunidad de conseguir una victoria popular frente a la tiranía de los bancos y su gobierno.

La pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a ganar, si estamos dispuestos a unificar la lucha para conseguir derechos universales. Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) nos encontramos preparando nuestra asamblea estatal; sirva este artículo como aportación al debate que hoy de desarrolla en las PAH de todo el estado de cara afrontar el nuevo periodo. Por qué no abrir el debate social acerca de la necesidad de una gran ofensiva social para acabar con las violaciones de Derechos Humanos provocadas por desalojos forzosos sin alternativa habitacional, por deudas odiosas y en la práctica perpetuas derivadas una gran estafa social perpetrada por el capital financiero con un bien de primera necesidad llamado vivienda y por procedimientos judiciales ilegales.

A fecha de hoy quizás podemos encontrar acuerdo sobre 4 puntos donde podamos apoyar la palanca social necesaria para ganar un puñado de derechos universales para todos:

1. Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo. Eso significa acabar con las deudas perpetuas derivadas de los préstamos hipotecarios. No es admisible que las personas puedan quedar con deuda después de perder la propiedad de una vivienda que fue tasada en un valor superior o igual al préstamo concedido. En ese sentido deben articularse las medidas necesarias para declarar ilegítimas las deudas generadas como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria.

2. Derechos habitacionales para todas y todos de acuerdo a los estándares internacionales de Derechos Humanos. Se trata de acabar de forma definitiva con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional porque vulneran los compromisos internacionales en materia de DDHH. Esto significa el renocimiento del derecho al alquiler social en los casos de las ejecuciones hipotecarias una vez adjudicado el inmueble, la obligación de los jueces en coordinación con la administración competente en vivienda de garantizar la alternativa habitacional estable en todos los casos en los que se vaya a realizar un desalojo forzoso por ausencia de recursos económicos suficientes, atendiendo a las situaciones de vulnerabilidad social y con el objetivo de evitar la comisión de un delito de acaparamiento y del ejercicio antisocial del derecho de propiedad. El reconocimiento de los derechos habitacionales debe amparar todas las formas de tenencia de primera vivienda frente a los desalojos forzosos. La legislación no puede considerar delito el uso de una vivienda abandonada máxime cuando no existe alternativa habitacional, cuando lo realmente punible es la situación de acaparamiento. La implementación de políticas de vivienda deben tomar un camino dimetralmente opuesto al trazado por las administraciones públicas. No solo se debe impedir la privatización del irrisorio parque de vivienda pública, como está sucediendo en Madrid y en Cataluña, sino que, al contrario, debe trabajarse en el camino opuesto. Eso significa una política de vivienda social basada en la ampliación del parque público de vivienda impidiendo situaciones de acaparamiento por parte de entidades financieras o inversores internacionales. Significa en última instancia avanzar de forma consciente hacia el reconocimiento del derecho al alquiler social universal.

3. Procedimientos judiciales con todas las garantías. Impulso de cambios en la legislación que garanticen los elementos claves como el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, recurso efectivo, igualdad de armas, especial protección de la parte débil y de la población vulnerable y prevención del delito de acaparamiento, en los procedimientos donde se dirime el derecho a la vivienda y los contratos entre corporaciones y consumidores.

4. Fin de la impunidad financiera, apertura de auditoría social, Juicio y Castigo. Constatando que nos hemos enfrentado a una violación sistemática de Derechos Humanos que ha tenido su origen en una gran estafa social perpetrada por las entidades financieras y sus cómplices. Puesta en práctica de los principios universales de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

El planteamiento de estos cuatro puntos pretende proponer una ofensiva social mediante la construcción de una agenda de lucha común de todos los colectivos por el derecho a la vivienda, contra las deudas ilegítimas, contra la impunidad financiera y en defensa de los Derechos Humanos, desde el reconocimiento de la hermosa diversidad de quienes a fecha de hoy soñamos y trabajamos por la dignidad humana y por un mundo nuevo.

¡Sí se puede!

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