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El reciente informe de siete jueces que denunció los abusos del sistema legal de desahucios es “valiente” y “atiende a la realidad”. “Es urgentísimo reformar la ley hipotecaria, no basta con recomendaciones”. La dación (que salde la deuda con la entrega de la vivienda) debería beneficiar a quienes no hayan adquirido la vivienda para especular y hayan pagado la hipoteca en un porcentaje “razonable” que “evidencie la voluntad de pagar” del deudor, “aunque la crisis se lo haya impedido“.
Lo anterior no lo dice un extremista antisistema; lo dice la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. La APM está de acuerdo con que se articulen moratorias en los pagos de los préstamos, y pide a los legisladores que no se amilanen con este asunto: “Nos gustaría que los políticos volvieran la cara hacia el ciudadano medio y afrontaran las reformas”, dice.

En estos cuatro últimos años se han producido cerca de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España. Centenares de miles de familias, están siendo desahuciadas de sus casas, por las mismas entidades financieras que han provocado la crisis y que han sido rescatadas con dinero público. Diariamente vemos las calamidades personales que producen los desahucios, reflejo de la represión económica. Frente a esta realidad, la alcaldesa Botella, insensible ante los desahucios decía: “La ley está para cumplirla, aun en los casos más tristes y dolorosos”. Están siendo cómplices de la vulneración de un derecho básico. Como siempre, los mismos se aprovechan de los mismos.

Se está incumpliendo el marco jurídico español, así como diversos tratados internacionales, ratificados por España. Se está vulnerando el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y sin ir tan lejos, la Constitución española. En su artículo 47, dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada; y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Ya se que este artículo 47, no está considerado como derecho fundamental. Tampoco es derecho ni obligación fundamental, lo impuesto en el nuevo 135, y que viene a penalizar el déficit estructural que establezca e imponga la Unión Europea.

Y que dice el informe de los siete jueces, que el Consejo General del Poder Judicial no ha tenido cuenta (presionado por el Gobierno): pues habla de la “mala praxis de las entidades bancarias” y propone toda una serie de medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del desahucio. Pretenden que se le conceda al deudor, alguno de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado, “pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual”.

Los jueces resaltan que la banca juega con una importante ventaja sobre el deudor, al contar con un procedimiento privilegiado (de 1909) para el cobro de créditos hipotecarios. El informe propone un cambio profundo en la legislación que ordena las ejecuciones hipotecarias. Y hacen una valoración muy comprometida: Los bancos, su ligereza y mala praxis son los causantes de una generalizada extensión del crédito hipotecario, sin valorar las posibilidades reales del deudor y de la comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos (¿recuerdan la gran estafa que suponen las participaciones preferentes?). Pues es palabra de jueces, aunque no sea en auto judicial.

Los jueces proponen la determinación del concepto de “deudor hipotecario de buena fe”, lo que permitiría que los cambios normativos afecten a gente que realmente los necesita, personas que están punto de perder su vivienda habitual o el local de su negocio. Que el juez tenga la posibilidad de que conceda moratorias en el pago de las cuotas en determinados casos: desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad; y proponen que la dación en pago se convierta en una “regulación imperativa en determinadas circunstancias”. ¿Para cuándo un juez que se oponga a aplicar leyes injustas? ¿Para cuando unos políticos que hagan leyes justas?

La mayoría absoluta del poder legislativo, la ostenta el Partido Popular y ya es sabido que no se caracteriza precisamente, por la defensa de los intereses y derechos de la ciudadanía más humilde y necesitada; sino la defensa de los intereses de los banqueros y del poder económico, por lo que no se pueden pedir peras al olmo; y este es un olmo reaccionario e indecente.

El Partido Socialista e Izquierda Unida han hecho diferentes propuestas para solucionar el sangrante asunto, pero no es suficiente. Concretamente el PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley: “Ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia”, que podría evitar 250.000 desahucios en los próximos meses si se aprobase con celeridad.

A parte de las iniciativas de los partidos parlamentarios, la ciudadanía también la posibilidad de presentar una Iniciativa Legislativa Popular (lo que propone la Plataforma de Afectados por la Hipoteca), con el fin de regular la dación en pago con efectos retroactivos; de manera que las miles de familias que ahora se ven condenadas a ser morosas de por vida, tengan el derecho a una segunda oportunidad como ya ocurre en Europa y EEUU; así como que se paralicen los desahucios.

Soy consciente de que la mayoría absoluta del Partido Popular destruirá todas las iniciativas que se propongan (provengan de jueces, oposición o del pueblo soberano), a favor de la dación en pago y contra los desahucios, consiguiendo que el sufrimiento de los afectados continúe, por beneficiar a los bancos. Pero esa será su responsabilidad.

Diario Progresista http://www.diarioprogresista.es/stopdesahucios-18586.htm

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