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Otros modelos de acceso a la vivienda:entre el alquiler y la propiedad

La crisis económica ha descubierto las debilidades de una sociedad como la española obsesionada por la propiedad de la vivienda. Tal vez sea hora de aprender la lección y apostar por otras opciones.

Por ejemplo, el modelo escandinavo de alquiler, conocido como ‘andel’, con las cooperativas de régimen de cesión de uso. Se trata de un procedimiento que queda a medio camino entre la propiedad y el arrendamiento.

Ni vendidas ni alquiladas

Utilizado en países como Dinamarca, Noruega y Suecia, consiste en un modelo cooperativo según el cual la propiedad de las viviendas reside en manos de una cooperativa y en el que los socios disfrutan de un derecho de uso indefinido con un alquiler de precio reducido.

En este modelo las viviendas no pueden ser ni vendidas ni alquiladas, tan sólo se puede transmitir el derecho a uso. Una de sus ventajas es que se paga un derecho de uso cuyo importe es muy inferior a un alquiler o a una hipoteca.

Además, en las cooperativas de régimen de cesión de uso se dispone de un fondo monetario que puede ser utilizado para reformas de las viviendas o del edificio. Los edificios suelen tener espacios comunes para todos los miembros.

Una apuesta del Gobierno vasco

Ya hay algún ejemplo en España, pero la mayor apuesta viene del Gobierno vasco que acaba de incorporar a su anteproyecto de ley de vivienda la figura de las cooperativas de régimen de cesión de uso, con el fin de promover este modelo, a medio camino entre la propiedad y el arrendamiento.

La inclusión de esta figura en la nueva ley que prepara el Ejecutivo forma parte de las aportaciones presentadas al mismo por el Consejo Económico y Social (CES) y las cooperativas del sector.

El anteproyecto de ley ha entrado en su última fase de tramitación interna antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno y de ser enviado al Parlamento vasco para su aprobación definitiva como Ley de Vivienda.

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La PAH contra el desahucio express

Por si a alguien le quedaba alguna duda de para quien gobierna este Gobierno, el ejecutivo no ha querido desaprovechar este mes de agosto para aprobar un decretazo que de una vez termine con los pocos derechos que aun tenían los inquilinos en el estado español.

La reforma anunciada para ser aprobada en el Consejo de Ministros de hoy viernes 24 de agosto, prevee, entre otros: reducir los años del contrato de alquiler de 5 a 3 años, agilizar aun más los desahucios por impago de alquiler, y beneficiar fiscalmente a los grandes especuladores inmobiliarios. Y todo ello sin aprobar ninguna medida que ayude a las personas que contra su voluntad sufren el desempleo y los recortes, y que en consecuencia no pueden pagar la hipoteca o el alquiler.

La PAH desde su fundación en 2009 ha explicado que nos centramos en la denuncia de las ejecuciones hipotecarias por ser una de las caras más dramáticas de la crisis habitacional que afecta a millones de personas, pero que eramos muy conscientes de que ejecuciones y desalojos hipotecarios eran la punta del iceberg de un problema más amplio: la mercantilización de la vivienda y la vulneración sistemática del derecho a una vivienda digna en el estado español. Alquiler y compra son dos caras de una misma moneda: si muchas personas se hipotecaron en este país fue precisamente porque desde hace años los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP han ido mermando los derechos de los inquilinos, haciendo que el alquiler no fuera una alternativa real para quienes legítimamente querían acceder a un hogar asequible y estable. Alquilar era oficialmente “tirar el dinero”, fiscalmente sólo desgravaba la compra y los inquilinos año tras año tenían menos derechos.

Y no sólo. La PAH también se da por aludida con esta nueva reforma en la medida en que la casi totalidad de las cientos de miles de personas que ya han sufrido o están sufriendo una ejecución hipotecaria pasan directamente al mercado del alquiler. Es decir, mientras no existan otras alternativas (como las cooperativas en régimen de cesión de uso, habituales en el norte de Europa y otros países), el destino inmediato de las personas afectadas por la hipoteca es el alquiler. Así, se da la paradoja que el Gobierno condena a las familias a sufrir la violencia de un desahucio varias veces en poco tiempo: primero por ejecución hipotecaria, después en el mercado privado del alquiler, y en todos los casos sin ofrecer ninguna alternativa de realojo en un parque de vivienda social asequible inexistente en España.

La excusa del Gobierno es muy mala: dice que pretende fomentar el alquiler. Pero la receta de sobreproteger a la parte fuerte del contrato no es nueva, llevan aplicándola muchos años, y su efecto ha sido sistemáticamente el contrario. Además, si lo que realmente preocupara al Gobierno fuera la inseguridad jurídica de algunos propietarios, lo que debería hacer es distinguir entre pequeños y grandes propietarios; entre quien deja de pagar por falta de capacidad económica y quien lo hace por mala fe; y, sobre todo, ofrecer soluciones de realojo y garantizar un parque de alquiler social asequible donde ubicar a las familias que lo necesiten.

La nueva reforma del alquiler no sólo vulnera todos los compromisos del Estado español en materia de derechos humanos. Además, profundiza en una política de vivienda que ya se ha demostrado un fracaso. Precarizar el alquiler, agilizar los desahucios, promover la compra a través del sobreendeudamiento e incentivar la especulación inmobiliaria nos ha llevado a ser campeones europeos en desahucios, ejecuciones hipotecarias, viviendas vacías, precios elevadísimos y corrupción, entre otros. La nueva reforma beneficia a los grandes propietarios, en especial a la banca, y busca atraer la inversión de grandes capitales extranjeros. En concreto, prepara el terreno para dar salida al “banco malo” que el Gobierno está a punto de aprobar: con el “banco malo” el estado comprará a precios inflados de burbuja los activos inmobiliarios que la banca no logra colocar. A continuación, los ofrecerá a inversores extranjeros, especialmente chinos y rusos, con grandes ventajas fiscales aprobadas en el decreto de hoy; por ejemplo, tributando al 0% en el impuesto de sociedades. Una vez más, el Gobierno socializa las pérdidas y privatiza los beneficios con un resctae multimillonario encubierto. La banca gana, la población pierde.

Pero hay un dato que el Gobierno parece no haber incluido en sus cálculos. La población ya no puede más. Cientos de miles de personas están firmando la ILP por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y la reconversión de la vivienda vacía en manos de la banca en alquiler social asequible, y no vamos a tolerar que se desprecie la voluntad popular. Millones de viviendas vacías esperan a cumplir su función social. Sobran viviendas y sólo falta voluntad política para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Si el Gobierno no lo hace, lo haremos nostras.

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Desahucio en 10 días si no pagas el alquiler

Si no pagas el alquiler: desahucio en 10 días. Cuando el dueño quiera: a la calle avisando con 30 días  

Diario El Aguijón; 24 de agosto 2012

Los inquilinos que se retrasen en el pago de la renta de alquiler podrán ser desahuciados en un plazo de diez días si no presentan alegaciones ante el juez, según el anteproyecto de Ley de Medidas para la Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler, que se aprobará este viernes en elConsejo de Ministros.

En un encuentro con la prensa, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha explicado que, con la normativa en vigor, el arrendador se ve obligado a acudir a la vía jurisdiccional y obtener una sentencia declarativa para que el impago de la renta pudiese dar lugar a undesahucio. “Además, el inquilino tenía la posibilidad de pagar en el último momento y evitar la ejecución”, ha señalado.

Con la nueva ley, se establece un plazo de diez días desde que el arrendador acude al juzgado a poner la denuncia para que el arrendatario pague su deuda, “y, si no lo hace, el juez puede dictar la resolución del contrato de forma inmediata, sin más trámites”. Asimismo, la finalización del proceso será mediante auto del juez, en lugar del decreto del Secretario Judicial que se empleaba hasta ahora.

Según Pastor, “lo que se quiere es reducir el procedimiento tedioso que se tenía que llevar a cabo hasta ahora para dictar una resolución, pues lo que está claro es que el que no paga, no va a pagar aunque se le dé más plazo”.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, ha asegurado que, “aunque pueda parecer que esta medida sea una ventaja para el arrendador, lo cierto es que se quiere evitar la picaresca en los contratos de alquiler“.

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NOVEDADES *** AYUDEMOS A LEO

Hola a todos!!

DESCONVOCAMOS la salida prevista para el miércoles 22 de agosto.

Al parecer IberCaja está manteniendo una actitud positiva en las negociaciones en el caso de Leo, por lo que no consideramos necesaria esta salida.

MUCHAS GRACIAS POR TODO VUESTRO APOYO, parece que entre todos estamos consiguiendo que se vengan a razones…

JUNTOS PODEMOS!!

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***ATENCIÓN****AYUDEMOS A LEO

**AYUDEMOS A LEO**

¡¡YA TENEMOS FECHA!!! —

NOS VEMOS EL MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO A LAS 11.00h en la C/ URZAIZ, Nº 1 –DELANTE DE IBERCAJA

Por motivos logísticos ajenos a nuestra voluntad, no podremos estar el viernes 17 de Agosto en C/ Urzaiz nº1 tal como habíamos comunicado. Sin embargo, os emplazamos a todos a seguirnos en este mismo blog o a través de facebook, porque en muy pocos días os diremos la fecha exacta y la hora donde podréis venir a APOYAR A LEO…Os seguimos necesitando, y seguimos contando con todos vosotros.

¿Vamos a seguir permitiendo que los bancos jueguen con nuestras vidas y las de nuestras familias? AYUDEMOS A LEO.  Delante de IBERCAJA. JUNTOS PODEMOS!!

Ni gente sin casa, ni casas sin gente!!

Ubicación

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Iniciativa Legislativa Popular

La Iniciativa Legislativa Popular

¿Qué buscamos?

Que, ante una ejecución hipotecaria, las personas puedan liquidar su deuda con la entrega de la vivienda y volver a empezar de nuevo. La solución que se propone en la presente Iniciativa Legislativa Popular es hacer de la dación en pago retroactiva la fórmula preferente para la resolución de este conflicto: en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual, su adjudicación por parte de la entidad financiera supondrá el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y costas. La extinción de la deuda comportará por efecto de la ley la extinción de cualquier tipo de fianza o aval.

¿Cómo lo haremos?

Hemos impulsado un Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria. Para ello, necesitamos recoger más de 500.000 firmas antes del 31 de octubre de 2012 en todo el territorio estatal.

¿Qué propone exactamente la ILP?

 1.  Dación en pago con efectos retroactivos. Se llama dación en pago al hecho de entregar la vivienda a la entidad financiera con la que se tiene la hipoteca a cambio de quedar libre de toda deuda.

2.  Paralización de los desahucios. Siempre que se trate de la vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a la propia voluntad.

3.  Alquiler Social. El ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales por un período de 5 años.

¿Dónde se firma?

Las firmas se recogerán en los pliegos de firmas que habrán sido sellados por la Junta Electoral Central. Cada pliego de firmas debe estar autentificado por un Fedatario.

Cada pliego en castellano tiene espacio para 30 firmas. En los pliegos en castellano-catalán, castellano-euskera, y castellano-gallego se pueden recoger hasta 20 firmas.

Cualquier ciudadano puede firmar para dar apoyo a la ILP hipotecaria en los puntos de recogida de firmas especificados en la sección “dónde firmar“. Si se dispone de DNI electrónico, también se podrá firmar online (próximamente se habilitará la aplicación para poder hacerlo).

¿Cuándo se puede empezar a firmar?

Ya se puede firmar en apoyo a la ILP. Puedes consultar todos los puntos de recogida de firmas aquí

Se recogerán firmas hasta el 31 de octubre de 2012.

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Record de desahucios en el Estado español: 46.500 en el 1º trimestre de este año

En los primeros tres meses de 2012 el número de desahucios ordenados por los juzgados españoles ha alcanzado los 46.559, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial difundidos por los medios locales.

Fuentes: RT / La Verdad –  Murcia

En los primeros tres meses de 2012 el número de desahucios ordenados por los juzgados españoles ha alcanzado los 46.559, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial difundidos por los medios locales. En comparación con el mismo periodo de 2011, las resoluciones judiciales que fijan la fecha para un desahucio aumentaron un 18,5 %, llegando a las 18.424, una cifra récord desde el inicio de la crisis en 2008. De los 28.135 desahucios acordados por los Juzgados de Primera Instancia que figuran en la estadística del Consejo, la mayoría son en Cataluña (más de 7.000), la Comunidad de Madrid (unos 4.300), Valencia y Andalucía (cerca de 3.500 en cada comunidad).

Los desahucios se ejecutan en todo tipo de locales, instalaciones industriales y, sobre todo, viviendas, si se hace imposible pagar la hipoteca o el alquiler debido a la caída de los ingresos o la pérdida del empleo.

Por otra parte, según los últimos datos publicados del Instituto Nacional de Estadística, en mayo de 2012 la constitución de hipotecas sobre viviendas bajó el 30,5 % respecto al mismo mes del año anterior. En total, en 2011 en España se ejecutaron cerca de 58.000 apropiaciones de viviendas por parte de los bancos, mientras que más de cinco millones de casas (un 20% del total) por todo el país permanecen vacías.

http://actualidad.rt.com/sociedad/view/49829-R%C3%A9cord-de-desahucios-en-Espa%C3%B1a-en-primer-trimestre-de-2012

En Murcia los juzgados baten un récord con 1.175 desahucios y desalojos en tres meses
Desde 2007 se han tramitado más de 17.000 ejecuciones hipotecarias
La crisis sigue expulsando a decenas de familias de sus hogares, asfixiadas por las deudas. En los tres primeros meses de este año se llevaron a cabo en la Región 1.175 desalojos, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en base a los datos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En esta cifra se incluyen los desahucios de quienes se ven incapacitados para seguir pagando la hipoteca de sus viviendas, pero también se registra la expulsión de los arrendatarios que no pueden hacer frente al alquiler y la pérdida de bajos comerciales u otro tipo de locales por los mismos motivos.

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