Mes: junio 2012

En solo dos meses la ILP recoge 200.000 firmas

El pasado 23 de abril comenzó oficialmente la recogida de las 500.000 firmas en toda España necesarias para que el Congreso de los Diputados admita la ILP, pero el grupo promotor espera recoger muchas más, debido al clamor social que existe en nuestro país ante la injusticia del sistema financiero e hipotecario, que se está cobrando un número indecente de víctimas en forma de familias desahuciadas. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y 2011 se han producido más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en toda España. Las Comunidades Autónomas que tienen el triste honor de encabezar el ránquing de desahucios son Andalucía (68.053), Catalunya (65.670) y la Comunidad Valenciana (65.220).

Esta ILP propone un cambio en la legislación hipotecaria con el fin de regular la dación en pago –que con la entrega de la vivienda se cancele la deuda hipotecaria- con efecto retroactivo, la paralización de los desahucios y la promoción del alquiler social. Por primera vez en España, también se puede firmar y hacerse fedatario –personas que dan fe de la autenticidad de las firmas- de la ILP de manera online, a través de la página web http://www.quenotehipotequenlavida.org. Hasta el momento se han acreditado como fedatarios de la ILP 2.550 personas en toda España.

El plazo para recoger firmas finaliza en el mes de octubre, por eso las entidades promotoras de la ILP piden a toda la ciudadanía su implicación y la suma de todos los esfuerzos posibles para superar las 500.000 firmas antes de esta fecha y presentar con mucha más fuerza la propuesta de modificación legislativa en el Congreso de los Diputados.

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Récord de Desahucios en España: 58.241 familias se quedan sin vivienda

Madrid (Efe).- Los juzgados españoles procesaron el año pasado 58.241 expedientes de desahucio, cifra que supone un récord desde que se tiene registro y que supuso además un aumento del 22 por ciento con respecto a 2010. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados hoy revelan el impacto que la crisis económica y el desempleo ha tenido en la pérdida de viviendas, bien porque el inquilino no paga el alquiler o porque el propietario no es capaz de abonar su hipoteca al banco.

La región mas afectada, con diferencia, fue la Comunidad Valenciana, con 13.711 desahucios, seguido de Andalucía con 9.864 y Madrid con 9.460 expedientes. La menos afectada fue La Rioja, con 244. Sólo en el cuarto trimestre, los desalojos de viviendas iniciados en España ascendieron a 15.347, cifra que va en línea con los trimestres anteriores, salvo en el tercer trimestre, en el que hubo unos 10.800.

El Consejo General del Poder Judicial ha informado hoy también de las ejecuciones, es decir, los procedimientos iniciados por las entidades hipotecarias para quedarse con las viviendas impagadas, y que en 2011 registraron un descenso del 17 por ciento, hasta los 77.854, lejos del récord alcanzado en 2010 con 93.636 procedimientos. Andalucía se puso a la cabeza con 16.313 expedientes, seguido de la Comunidad Valenciana con 14.868 y Cataluña con 13.727.

Sólo en el último trimestre se iniciaron en España 20.751 expedientes, un 17 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. Las estadísticas judiciales del CGPJ ofrecen también datos sobre los procesos concursales que han sufrido las empresas, y que en el año 2011 ascendieron a 8.027, la cifra más alta desde que se tiene registro y un 13 por ciento más que en 2010. La comunidad más afectada fue la catalana con 1.564 concursos, seguido de la valenciana con 1.241 y Madrid con 1.141.

Vicenç Navarro Otro sistema bancario es posible Prólogo del libro ¡Banca pública! Rescatemos nuestro dinero, Barcelona: Icaria, 2012.

Vicenç Navarro
Otro sistema bancario es posible
Prólogo del libro ¡Banca pública! Rescatemos nuestro dinero, Barcelona: Icaria, 2012.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.

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“Estoy escribiendo este prólogo en un momento de gran tensión en España, resultado de las políticas públicas impuestas por el gobierno del Partido Popular que suponen el ataque más frontal a las clases populares que se haya producido en España durante el período democrático (1978-2012).

Y utilizo deliberadamente la expresión impuestas porque ninguna de estas medidas fue anunciada en el programa electoral del Partido Popular durante la reciente contienda electoral a las Cortes Españolas.

Es importante, desde el punto de vista de la legitimidad del sistema democrático, subrayar y denunciar que el gobierno dirigido por el Sr. Rajoy no tiene un mandato popular para realizar tales políticas. Tales políticas son legales, pero ni son legítimas ni siguen la ética que debiera seguirse en una cultura democrática, como bien dijo el arzobispo de Canterbury, Dr. Rowan Williams, en su denuncia de los recortes de gasto público realizados por el gobierno conservador liberal dirigido por David Cameron en Gran Bretaña, recortes que hizo casi al día siguiente de salir elegido, sin que en su programa electoral hubiera ningún indicador de que llevaría a cabo esos recortes.

Una situación semejante está ocurriendo en España con el actual gobierno. Casi al día siguiente de ser elegido, el gobierno de Rajoy se ha embarcado en la realización de las políticas más radicales y agresivas (tal como las definió recientemente el ministro de Economía, Luis de Guindos) en contra de la clase trabajadora y de amplios sectores de las clases medias, al centrar sus políticas públicas en reducir los salarios y la protección social.

El argumento constante que se transmite en los centros donde se reproduce la sabiduría convencional es que la recesión en España la originó la falta de disciplina fiscal. Tal aseveración se hace con toda contundencia, ignorando un hecho que muestra la falsedad de ese supuesto: cuando la crisis se inició en España, el Estado estaba en superávit (siendo España el «modelo de comportamiento fiscal» el estudiante avanzado y predilecto del establishment europeo neoliberal).

Otro argumento que se utiliza para explicar la recesión es la supuesta «exuberancia salarial», desconociendo u ocultando los datos que muestran que los salarios en España están entre los más bajos de la UE-15, y todo ello a pesar de que
el crecimiento de la productividad en los últimos 10 años ha sido comparable al crecimiento de la productividad alemana.

La escasa diversidad ideológica permitida y existente en los mayores medios de información españoles explica que esos argumentos, por muy débiles que sean, se promuevan con plena impunidad, ajenos a la crítica, habiendo alcanzado dimensiones de dogma en los círculos financieros, económicos, mediáticos
y políticos del país.

La intensidad del mensaje tiene como objeto convencer a la ciudadanía de que no hay otras alternativas a las que se están imponiendo: bajar salarios y recortar la protección social. Como parte de esta estrategia se está también ocultando la causa real de las crisis actuales, que son tres: la crisis económica, la crisis financiera y la crisis democrática. Las tres tienen un elemento en común: el enorme poder que el capital financiero y el mundo de las grandes empresas tienen sobre el Estado español y sobre las instituciones europeas que dominan la vida económica, mediática y política de la Unión Europea (el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo). En realidad, la causa real de las tres crisis es el enorme descenso de las rentas del trabajo que ha estado ocurriendo en toda la Unión Europea (y, muy en particular, en España), causa del enorme endeudamiento de las poblaciones. El crecimiento desbordado del capital financiero está basado en el empobrecimiento de las familias que han tenido que endeudarse más y más para poder mantener su demanda, demanda que ha ido disminuyendo como resultado también de la enorme crisis del crédito, consecuencia del colapso de la banca.

Ha sido este descenso de la demanda, consecuencia a su vez del descenso de las rentas del trabajo, la mayor causa de la crisis económica y de la recesión.

Pero fue el crecimiento de las rentas del capital y su concentración lo que creó las bases para la crisis financiera. La falta de rentabilidad de la economía productiva, causada por el descenso de la demanda, explica la enorme inversión especulativa que disparó el tamaño del sector financiero (previamente desregulado) y su colapso final, salvado por una intervención pública que, mostrando el enorme poder que la banca tiene, se hizo con el único objetivo de garantizar su pervivencia y rentabilidad, sin ningún cambio o requisito de cambio en su comportamiento
especulativo como condición de esta ayuda pública.

Tal gasto público en la banca, sin conseguir nada a cambio, indignó a la población. Esta desfachatez, que ha mostrado la instrumentalización del poder político por parte de la banca es la causa de la enorme pérdida de legitimidad de los sistemas democráticos, particularmente acentuado en España donde, resultado de una transición nada modélica de la dictadura a la democracia, existe hoy una democracia ya en sí muy limitada. El Estado español siempre, durante la dictadura y durante el período democrático, ha estado al servicio del capital financiero. La evidencia de ello es robusta y contundente. La banca es el centro del poder financiero y económico y su peso en los medios de información y en la vida política del país es enorme, mermando espectacularmente la calidad de nuestra democracia.

De ahí la enorme utilidad de este libro. Promovido por la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por una Banca Pública y patrocinado por Attac (una de las organizaciones que sistemáticamente presenta estudios rigurosos que analizan críticamente la sabiduría convencional de claro corte neoliberal), este volumen describe la situación del capital financiero presentando, además, alternativas. El libro es de gran utilidad para España, pues el texto analiza, punto por punto, la realidad de la banca, y desmonta el tinglado ideológico que el sistema financiero ha ido construyendo, mostrando el error o falsedad de sus supuestos. Y presenta clara evidencia de que la salud de la economía española y la calidad y bienestar de la población requieren un sistema financiero distinto al actual y al servicio de la ciudadanía, en lugar de la situación actual, basada en el beneficio y la especulación. Ello requerirá, como bien demuestran los autores, una intervención pública, incluyendo el establecimiento de bancas públicas que, como ha ocurrido en nuestro país en el pasado, y así ocurre en otros países, puedan ofrecer mayores garantías a los ciudadanos y medianas y pequeñas empresas, erradicando la especulación en el sistema existente hoy. Este libro será la pesadilla de la banca, pues muestra con toda claridad que otro sistema bancario es posible, denunciando el sistema actual por ser un sistema que beneficia a muy pocos a costa de la mayoría de la población.”

Baltimore (EE UU) – Marzo de 2012
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Esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es una herramienta que permitirá a la sociedad llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la Ley hipotecaria y de la Ley de enjuiciamiento civil para regular la dación en pago retroactiva, paralizar los desahucios y promover el alquiler social. De manera que en los casos de primera residencia y deudores de buena fe (aquellos que dejaron de pagar su hipoteca por una causa justificada), podrán liquidar su deuda con la entrega de su vivienda.

La ILP propone exactamente lo siguiente:

1) Dación en pago con efectos retroactivos. Se llama dación en pago al hecho de entregar la vivienda a la entidad financiera con la que se tiene la hipoteca a cambio de quedar libre de toda deuda.
2) Paralización de los desahucios. Siempre que se trate de la vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a la propia voluntad.
3) Alquiler Social. El ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales por un período de 5 años.

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La primera vivienda como bien inembargable

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ha propuesto en el Parlamento andaluz abrir un debate para considerar en determinados supuestos que la primera vivienda sea considerada como un bien inembargable y ha situado una de sus prioridades en la lucha contra los desahucios.

En su primera comparecencia parlamentaria, la consejera se ha comprometido a enfocar el trabajo de su departamento hacia los “sufridores” de la crisis en vivienda, transportes e infraestructuras viarias con el objetivo de incidir en la “intolerable” cifra de paro que tiene la comunidad.

Elena Cortés se ha comprometido a reivindicar el Estatuto “contra viento y marea” para denunciar a continuación que el Gobierno central lo “incumple” al no consignar la inversiones estatales que recoge su disposición adicional tercera (17,8%) y consignar en los presupuestos el 14,8%, un incumplimiento -ha dicho- que está costando a Andalucía unos 427 millones de euros.

Además, ha justificado el recorte de la Junta de 571 millones en su departamento en las “imposiciones” del Gobierno del PP por la exigencia del objetivo de déficit.

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