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Más de 11,6 millones de españoles están en situación de pobreza y exclusión social

El número personas en situación de pobreza y exclusión social aumentó de forma «preocupante» en un millón de personas entre 2009 y 2010 a causa de la crisis, es decir un 2,1 por ciento, para situarse en 11.666.827, según datos de un estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).

«Es necesaria una profunda transformación de las políticas sociales en España para lograr los objetivos de reducción de la pobreza y combatir los efectos más negativos de la difícil situación económica», advierte esta organización en su último informe.

Alerta de que el 25,5 por ciento de la población total española padece estas circunstancias, que es la proporción más alta desde 2004 (24,4 por ciento), primer año con datos de este indicador en Eurostat.

El informe recuerda que la mayor parte de las políticas sociales está transferida a las CCAA y cada una tiene resultados dispares, entre el 41,5 por ciento de Extremadura y el 9,7 por ciento de Navarra de ciudadanos en situación socioeconómica desfavorable.

Los resultados se basan en el indicador europeo de riesgo de pobreza y/o exclusión (AROPE), que incluye hogares con rentas inferior al 60 por ciento de la media nacional; privación del consumo de al menos cuatro de nueve bienes y servicios determinados y escaso nivel de empleo entre los miembros de la unidad familiar.

vía Más de 11,6 millones de españoles están en situación de pobreza y exclusión social.

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Diez concellos gallegos gozan de armas para mediar en los desahucios ya

Diez concellos gallegos gozan de armas para mediar en los desahucios ya.


En la senda que abrió la corporación catalana de Hospitalet el 23 de noviembre de 2010, a la que se fueron sumando desde entonces un centenar de municipios españoles, Galicia cuenta también con comisiones aprobadas en pleno en Moaña, Oleiros, Baiona, Tui, A Guarda, Fene, Cambre, Arteixo y A Coruña, según datos facilitados por Carlota Pérez Conde, de la Plataforma de Afectados por laS Hipotecas (PAH) de Vigo, Tui y Baixo Miño.

Estas comisiones, que integran a miembros del gobierno local, los partidos de la corporación, representantes de la propia plataforma y también de asociaciones vecinales junto con los propios afectados, tratan de buscar un acuerdo satisfactorio entre las partes en conflicto.

Más información en El Correo Gallego

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La Justicia rechaza seguir pagando la hipoteca cuando el banco ha embargado el piso

La batalla por aceptar la dación en pago sigue consiguiendo frutos en los tribunales. La última procede de un magistrado del Juzgado de Instrucción Número 3 de Torrejón, Carmelo Jiménez, que ha admitido saldar la deuda con la vivienda a un matrimonio que tenía el crédito con Bankia.

La sentencia, adelantada por el Diario de Alcalá, considera “injusto, abusivo y un ejercicio antisocial obligar al perjudicado a seguir pagando la hipoteca cuando el banco se ha quedado con el piso”.

Tras no poder hacer frente a su hipoteca, la entidad bancaria subastó la vivienda y se la adjudicó por un importe de 135.050 euros, la mitad del valor por el que fue tasada en 2005 y de la hipoteca concedida.

En su auto, el juez señala que la caja puede dar por saldada la deuda con la entrega de la casa, porque “hay que tener en cuenta “el contexto de crisis”, y porque lo contrario supondría un “enriquecimiento injusto”.

Bankia puede recurrir el auto. La caja subastó la vivienda y, al ser la única que acudió a la subasta, se la quedó por apenas 135.000 euros, ya que la ley permite adquirirla al 50% de su valor de tasación.

Sin embargo, sigue reclamando una deuda de 207.000 euros. “Una vivienda es un bien de primerísima necesidad, y esta familia que se ha quedado sin casa se ve ahora con que tiene que pagar un alquiler, mientras el banco les sigue reclamando una deuda de por vida”, ha explicado el abogado al Diario de Alcalá.

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El Defensor del Pueblo reclama una moratoria hipotecaria y dación en pago en casos extraordinarios

La Defensora del Pueblo ha salido hoy en defensa de las familias perjudicadas por las deudas hipotecarias y ha arremetido contra el Banco de España y las entidades que han abusado de la confianza de sus clientes. María Luisa Cava de Llano, que ostenta el cargo de defensora en funciones, ha reclamado “ayudas excepcionales” para los afectados y un acuerdo político asumido por el sector bancario en el que se incluya, entre otras medidas, flexibilidad de las cuotas o moratoria en el pago.

El Banco de España fue el más criticado, ya que, según la defensora, “protege más a las entidades que a los ciudadanos”. Cava de Llano ha hecho estas advertencias durante la presentación de un informe, que remitirá al Congreso de los Diputados, en el que se incluye una veintena de recomendaciones para reforzar la protección a los hipotecados.

El informe “Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo” apuesta por ese acuerdo político y plantea mejorar la información y la transparencia. Sugiere un tratamiento diferente para las adquisiciones de carácter necesario, como la vivienda habitual o los locales de negocio donde se ejerce la actividad que constituye el medio de vida, llegando incluso en los casos más extremos a la dación en pago o buscando soluciones -como el arrendamiento forzoso- que permitan la continuidad en la vivienda o en el local.

La institución estima que la actual legislación concursal no es adecuada para la tramitación de la insolvencia de los particulares, por lo que pide un procedimiento específico, con el que las familias queden liberadas de sus deudas tras el concurso, como ocurre con las empresas.

Además, la defensora del Pueblo exige al Banco de España que cambie de orientación y se implique en la protección de consumidores y usuarios. “Nos encontramos ante una situación excepcional, que merece respuestas excepcionales, aunque sea con carácter temporal. Porque, al igual que la inyección de liquidez a

las entidades de crédito está justificada en nombre del interés general afectado, también en la crisis de los particulares hipotecados está en juego la confianza en nuestro sistema financiero”, expone.

El informe propone supresión de tasas, costas, moderación de cláusulas penales o la paralización del devengo de intereses durante el proceso, que contribuyan a superar las dificultades para atender los créditos pendientes de pago. También sugiere permitir el pago del capital antes que los

intereses para reducir la deuda que genera obligaciones accesorias.

Plantea crear mecanismos que faciliten un acuerdo entre las partes porque -explica- el objetivo es que el ciudadano sea escuchado, que los acreedores se sienten a negociar, “y evitar así la condena a la pobreza

e incluso a la exclusión social de miles de personas”.

La defensora ha destacado la necesidad de establecer restricciones a la obligación de firmar un seguro cuando se adquiere el préstamos hipoteario con un grupo de la misma entidad bancaria, dejando abierta la posibilidad de hacerlo con otra compañía.

“Hemos recibido quejas de personas que han caído en desempleo y cuando han ido a hacer uso del derecho de su seguro, les han dicho que no es posible pagarles” porque una de las exigencias era tener un trabajo indefinido y no lo tiene, ha explicado tras recordar las reclamaciones de militares “que tampoco les cubre por ser profesiones de elevado riesgo”.

Además, pide mejorar el sistema de subastas para que sea más accesible y hacer efectivo un asesoramiento técnico por parte de las entidades financieras y los notarios.

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En defensa de los desahuciados

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas de O Morrazo reunió a media tarde de ayer a unas 25 personas en Moaña para llevar a cabo una movilización delante de una entidad bancaria, con el fin de reclamar la dación en pago cuando se produce un desahucio. Una fórmula habitual en Estados Unidos y en otros muchos países, consistente en poner fin a la hipoteca con el banco cuando se le entregan las llaves del piso, al no poder hacer frente a los pagos. Porque en España la persona deudora, cuando compra una vivienda, pide un crédito y lo garantiza a través de una hipoteca, se compromete a pagarlo incluso después de que la vivienda sea vendida en subasta judicial. Solo se libera si consigue pagar la deuda o si se muere.
María José Álvarez Vázquez, una de las participantes en la manifestación de ayer a media tarde en Moaña, manifestó que «con esta actuación queremos darnos a conocer y vamos a seguir movilizándonos por toda la comunidad». «Nuestra plataforma está integrada en otra que representa a toda Galicia. De hecho, aquí estuvo gente de Vigo, Vilagarcía de Arousa o de Pontevedra. Pero solo tres de los que acudimos, entre los que me incluyo, estamos afectados por desahucios», añade.
Refiriéndose al acto en sí, dijo que fue una movilización delante de La Caixa, que está en el número 84 de la calle Concepción Arenal en Moaña. Portaron panfletos y algún pequeño cartel, en los que podía leerse «este banco engaña, este banco estafa y echa a la gente de sus casas». La manifestación duró sobre una hora y media, discurriendo sin incidentes.

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Abuso Bancario

Parece que las entidades financieras no tienen bastante con un procedimiento de ejecución hipotecaria que permite la adjudicación de las viviendas por un 60% del valor de tasación y el desalojo sin contemplaciones de las personas afectadas. Su avaricia no tiene límite, y algunas entidades han decidido recurrir a la subasta extrajudicial, un procedimiento aún más perverso, si cabe, que el de la ejecución judicial: más rápido (se puede resolver en tres meses), con indefensión absoluta por parte de la persona afectada (al no ser judicial, sino notarial, no se tiene derecho a la justicia gratuita) y, el colmo de los colmos, se resuelve en 3 subastas, permitiendo que si las dos primeras quedan desiertas, en la tercera la entidad se lo puede adjudicar por cualquier valor, es decir, a partir de 1 euro, quedando a la persona o familia afectada la totalidad de la deuda de por vida.

A la PAH han empezado a acudir personas afectadas por este tipo de procedimiento. Concretamentetenemos ya varios casos de Banca Cívica, a quien no hemos dudado en rebautizar como Banca InCívica y quien se podría convertir en una buena metáfora de la hipocresía de la banca española, que no contenta con engañar, extorsionar, robar, estafar y desahuciar a buena parte de la población, aún pretenden mantener una buena imagen pública con nombres como Banca Cívica, o con una obra social que jamás podrá compensar todo el daño que están causando.

A Banca InCívica, y al resto de entidades que pretendan seguir cometiendo estos abusos, las avisamos: no permitiremos más violaciones de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Iremos a las subastas y las pararemos, igual que estamos paralizando los desahucios. Exigimos no sólo que retiren inmediatamente los procedimientos notariales extrajudiciales, sino que liberen de deuda a las personas afectadas y les permitan mantener la vivienda en régimen de alquiler social asequible.  En caso contrario, la PAH emprenderá las acciones necesarias para defender los derechos de la ciudadanía.

Y a la administración le recordamos que está tardando en cambiar una legislación a todas luces injusta. Mientras no se cambie una ley que sobreprotege a unos bancos y cajas totalmente irresponsables, capaces de abusar de las leyes existentes para conseguir el máximo beneficio, de nada servirán los vanos intentos de mediación que algunas administraciones están intentando impulsar para neutralizar el conflicto.  Igual que sería impensable mediar entre un agresor y la persona agredida, no se puede mediar cuando existen dos partes desiguales, donde la parte fuerte (las entidades bancarias) no duda en abusar de los más vulnerables para lucrarse. Aquellas administraciones que utilizan la mediación para retrasar el cambio de la ley, se acaban convirtiendo en cómplices de todos los abusos. Más allá de las palabras y las buenas intenciones, exigimos justicia.

Ver la denúncia recogida en el reportaje de El Pais “Los bancos recurren a subastas notariales pa

 

 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca-PAH-.

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