Publicado en Novas, opinion

A dictadura do Casero

Cláusulas abusivas

As prebendas aos propietarios causan un buraco fiscal de máis de 10.000 millóns anuais ao Estado español.

Hoxe con 4 millóns de parados e miles de empresas en ERTE, o fin do Estado de Alarma vai supoñer unha escabechina para as familias que esperan a chegada das sentenzas xudiciais para que abandonen as súas vivendas ante a falta de pago ou o fin dos contratos de aluguer.

Os grandes caseros prevén ata 40.000 desahucios a partir do 9 de maio e prevén que a taxa de morosidad, hoxe do 8%, escale ata o 15% na primavera .
A actual taxa de ?morosidad? é moi baixa o que indica o enorme esforzo que fan as familias para pagar o aluguer 
É neste marco de caída dos ingresos das familias e o incesante aumento dos alugueres enmárcase a proposta do ministro Abalos de rebaixar aínda mais os impostos aos grandes tenedores de vivenda .
Non se axuda ás familias subvenciónase aos caseros a cambio de nada . 

O Estado Español renunciou históricamente a crear un Parque da Vivenda Publica e as CCAA permitiron a venda de VPO a fondos de Inversion ( Fondos Voitre )

Por outra banda o enorme buraco que supuxo a SAREB e as perdas da SAREB, que se levan acumulando ano tras ano porque o Banco Malo nunca deu beneficios, chegaron ata os 7.000 millóns. Cifra que agora Europa obriga a España a considerar como un déficit público.? É dicir témosnos/témonos apechugar coa débeda mentres se permite que a SAREB non destine todas as Vivendas ao aluguer social e de titularidad publica real

https://bit.ly/2PCj4bn

ALUGUER ABUSIVOS E CLAUSULAS ARBITRARIAS

Estase impoñendo un mercado do Aluguer onde o normal é atopase con contratos abusivos 
Atopámosnos/Atopámonos con contratos que esixen un ano por anticipado ou que si decides marcharche debes pagar todo o contracto …
É a Ditadura do casero que sabe que en ausencia dun mercado regulado pode pedir o que lle pareza .  

Vivir de aluguer pode resultar utópico para un sector relevante da poboación e, coa subida xeneralizada do prezo do aluguer nos últimos anos. 

A única saída é acudir ao ?mercado da Infravivienda? ou nada .

Só hai unha saída a todo este carrusel de abusos e é a autoorganizacion das Inquilinas .Hai que facerlles ver que non negocian cunha persoa ou familia soa que negocian con todas E que a loita colectiva xa logrou a condena da Banca por cláusulas abusivas e lograremos xuntas que se condenen estas 

Nin ditadura do Banqueiro Nin do Casero
Xuntas Pódese

Publicado en Novas

Intolerable: el PSOE no quiere regular los alquileres y amenaza con incumplir los acuerdos de Gobierno

Pedimos a todas las fuerzas políticas que no aprueben ninguna Ley de Vivienda que no regule el precio del alquiler

Este mediodía, el Ministro Ábalos ha ofrecido una rueda de prensa en nombre del PSOE, en la que ha afirmado que no quieren regular los precios de los alquileres (aseguran que prefieren adoptar medidas fiscales). En otras palabras, han amenazado con romper el acuerdo que firmaron para formar Gobierno y para cerrar los presupuestos, con UP y con las fuerzas parlamentarias de la investidura

Se trata, en realidad, de un acuerdo que asumieron con la sociedad civil: el acuerdo presupuestario llegó poco después de que más de 9.000 organizaciones sociales pidieran al Gobierno que regulase los alquileres. Más aún, hace apenas una semana los sindicatos mayoritarios junto a organizaciones sociales de todo el territorio recordaron al Gobierno su compromiso de elaborar una ley de vivienda a la altura de las circunstancias.

Una vez más, el PSOE cede ante las presiones de la patronal inmobiliaria y los fondos buitre. Si se confirma la propuesta explicada por el Ministro Ábalos, los fondos buitres no sólo habrán conseguido permiso para seguir especulando sin límites, sino que además gozarán de nuevos favores fiscales que vaciarán las arcas públicas de la sanidad, la educación o las políticas de vivienda. En resumen, más favores fiscales para los que más tienen.

Las protestas que llevan una semana estallando en las calles han señalado una profunda crisis democrática. Es responsabilidad del Gobierno no aumentar todavía más la desafección política incumpliendo sus promesas para contentar a los bancos y los fondos buitre. Este anuncio es simplemente intolerable: supone no solo pisotear los acuerdos adquiridos y dar la espalda a la sociedad civil, sino condenar a millones de personas a abusos en el mercado de la vivienda.

Por todo esto, pedimos al resto de fuerzas políticas que NO apoyen ninguna propuesta de Ley de Vivienda que no incluya la regulación de alquileres en los términos en que el PSOE se ha comprometido repetidas veces: en el acuerdo de Gobierno, en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado y en declaraciones del ministro Ábalos en sede parlamentaria.

Publicado en Novas

La futura Ley de Vivienda debe, ante todo, garantizar la vivienda como Derecho fundamental

Llevamos meses oyendo hablar de las intenciones del Gobierno a presentar en el Congreso una Ley de Vivienda. Una propuesta que, de realizarse en las condiciones necesarias, abriría una puerta a que de una vez por todas se cumpla el artículo 47 de la Constitución, así como empezar a legislar según marcan los dictámenes de Naciones Unidas y las sentencias del Tribunal Europeo.

Los constantes titulares dejan ver lo descafeinada que puede llegar a ser esta ley. Para que la ley sea realmente lo que la ciudadanía sea lo que necesitamos y que el Gobierne deje de hincar la rodilla ante la presión de los lobbies, la sociedad civil nos organizamos.

Medio centenar de organizaciones hemos impulsado la Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda. Juntas elaboramos un decálogo de 8 puntos imprescindibles, que la ley debe recoger, así como una batería de medidas para hacerlos efectivos.

El primer punto y de una importancia vital, es que la ley, debe garantizar el derecho a una vivienda digna, como derecho subjetivo. Garantizando así, que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.

El reconocimiento del Derecho a la Vivienda como derecho subjetivo, implica que pase a ser exigible ante Administraciones y Tribunales. Es decir, creando la obligación de los poderes públicos de disponer los medios precisos para garantizarlo desde el mismo momento de la aprobación de esta Ley.

Para que esto sea así, la vivienda debe ser:

  • Digna: con condiciones materiales aceptables en cuanto a habitabilidad, seguridad, aislamiento térmico, garantía de suministros básicos (luz, gas y agua) y telecomunicaciones para evitar la brecha digital.
  • Adecuada: en función del número de miembros de la unidad familiar y sus necesidades.
  • Asequible: el esfuerzo de las familias para el pago de la vivienda, incluidos los gastos fijos y de suministros básicos, no debería exceder del 30% de los ingresos.
  • Accesible: para todas las personas que tengan necesidades de accesibilidad especiales.

En España hay más de 32.000 personas sufriendo sinhogarismo, 12 millones de personas en riesgo de exclusión social, más de 1 millón de desahucios entre 2008 y el 3º Trimestre del 2020.

El 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos, y únicamente el 18,5% de la población entre 18 y 29 años se ha emancipado por las enormes dificultades para acceder y mantener una vivienda estable.

Mientras, hay 3,4 millones de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de grandes tenedores (INE 2011) y el Parque de Vivienda Pública y Social es entre 7 y 10 veces menor que el de otros países desarrollados de Europa.

Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, la Ley por el Derecho a la Vivienda será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio.

Publicado en Novas

Ayudas Europeas .¿Mismas Recetas?

Las medidas que se han tomado para hacer frente a la emergencia sanitaria y la propagación del COVID-19 han supuesto un frenazo económico sin precedentes. En consecuencia, las instituciones públicas han activado planes, mecanismos e instrumentos que, pretendidamente, quieren detener el choque, reactivar la economía y recuperar la normalidad pre-pandemia. En este sentido, las grandes empresas están jugando un papel similar al de los bancos durante la crisis financiera de 2008: en un momento de alta incertidumbre se benefician de la política pública y son rescatadas

  1. Reparto del dinero – que las grandes empresas se queden con los fondos

Hasta ahora las propuestas sobre la mesa se caracterizan por ser grandes proyectos, grandes empresas y grandes inversiones. Son proyectos de infraestructuras y reformas de gran dimensión, donde empresas como Endesa o Repsol se llevarán miles de millones de dinero público.

Vemos con preocupación que la tendencia de otorgar con urgencia, facilitar y flexibilizar el uso y el acceso de grandes empresas a los fondos Next Generation EU se materializa también en el Real Decreto Ley 36/2020, que hoy, jueves 28 de enero de 2021, está previsto que se convalide el Congreso.

Los fondos europeos deberían ir hacia el sector público, las pequeñas y medianas empresas (las PYMEs), las trabajadoras autónomas y la economía social y solidaria. Son las que más han sufrido la crisis, y al mismo tiempo son actores principales de nuestro tejido económico y los que más puestos de trabajo crean. Son, además, los que tienen más potencial de transformar nuestra economía actual hacia una economía más verde, justa, inclusiva y, especialmente, más resiliente.

La mayoría de las propuestas para grandes proyectos que ahora están sobre la mesa, tendrán impactos ambientales y climáticos, pero también impactos graves sobre los territorios y las poblaciones locales. Estos proyectos pueden entrar en los planes de recuperación gracias a un lavado de cara verde descarado. Los que ganan son las grandes empresas contaminantes, como pueden ser Naturgy, Iberdrola, Endesa y Repsol.

2 .No apuntan a las lecciones de la pandemia y pueden ser un lavado de cara verde (Greenwashing)

Sin duda, los criterios de elegibilidad, las listas de exclusión, las condicionalidades, la taxonomía, el principio de “no causar daño significativo” y cualquier elemento que determine qué es verde o qué es climático y qué no lo es, será clave para afrontar la emergencia climática.

La pandemia ha subrayado más aún si cabe la importancia de la inversión en salud y en los trabajos de cuidados, la actividad socialmente necesaria y la que no lo es. La dedicación de los fondos de recuperación debería estar centrada en proveer de estos recursos.

Next Generation EU: unos fondos billonarios históricos con luces y sombras

Publicado en Novas

Carlota no Corazon

Carlota no Corazón

Dos conpas de Ferrol

“Foi-se unha grande da loita, artífice do sorriso de centos de familias, cómplice e fundadora de @PAHVIGO TUI, loitadora incansábel polos DDHH até o último día, pero sobre todo foi-se unha persoa marabillosa,valente, leal e xenerosa”

Este mércores 3 de febreiro de 2021, deixaba-nos a nosa compañeira Carlota

“Carlota sempre compañeira, amiga e loitadora…. Non che esquecemos!”

Carlota Pérez, formaba parte da Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH) Vigo-Tui, só tiña 52 anos, unha cruel enfermidade acabou coa súa vida en poucos días.

Desde 2011 Carlota estivo presente no movemento antidesafiuzamentos e por unha vivenda digna, o seu compromiso, a profunda solidariedade e a súa xenerosidade, estivo sempre na intensa actividade polos dereitos civís e humanos. Un traballo incansábel e un compromiso coas “Condenadas da Terra”, na loita polo dereito a unha vivenda e vida dignas. Combateu os abusos bancarios e buscou solucións residenciais a quen o necesitaba. Denunciaba a falta de investimentos en vivenda pública social, reivindicaba un parque de vivenda pública e promoveu a nosa alternativa de Lei de Vivenda da Galiza. A loita de Carlota está na mente de moitas e moitos de nós e a de todas as persoas que nos momentos máis difíciles sentiron o seu apoio e compromiso.

As compañeiras e compañeiros da Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra – Stop Desafiuzamentos só temos palabras de agradecemento e lembranza, para tanta xenerosidade e amor. Carlota sempre na nosa memoria.

Vigo , a 3 de febreiro, de 2021

https://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com/2021/02/carlota-no-corazon.html

|||||||

Publicado en Novas, opinion

[Análise e valoración] A pesar do Decreto, os desafiuzamentos seguirán, mentres que a lotería de diñeiro publico recae na banca e fondos voitre.

Unha vez analizado no BOE o Real Decreto-lei 37/2020, de 22 de decembro, de medidas urxentes para facer fronte ás situacións de vulnerabilidade social e económica no ámbito da vivenda, desde a PAH vemos, como aspectos negativos:

A curta duración da súa vixencia, só ate o fin do vixente estado de alarma. Desde a PAH sabemos que as consecuencias socio-económicas da crise sanitaria vai ser máis prolongada, por iso seguiremos insistindo que debe ter vixencia, polo menos, ate o 31-12-2021 ou ate a publicación da Lei de Vivenda Estatal que responda ás demandas da PAH.

As compensacións que se establecen para grandes administradores, quen xamais nos compensaron do rescate na crise anterior. É unha inmoralidade e un disparate que se destine diñeiro público á banca rescatada pendente de devolver 65.000 millóns e a fondos voitre e socimis, quen se permiten o luxo de non pagar impostos ao estar en paraísos fiscais ou ter un trato fiscal de favor. Non entendemos nin aceptamos esta cesión do Goberno a corporacións cuxo único obxectivo é gañar canto máis diñeiro mellor, permitindo que a vivenda sexa obxecto de especulación en lugar dun dereito con función social.

Tamén alertamos que se caeron da protección algunhas das situacións de ocupación forzosa, á que por necesidade se viron obrigadas familias vulnerábeis, a quen ningunha Administración Pública foi capaz de ofrecerlles unha alternativa de vivenda digna e adecuada, e para as que, ao contrario que para os grandes administradores, non se establece compensación algunha. As presións dos lobbies financeiro/inmobiliarios sobre os ministerios de Calviño e Campos, lograron en parte, os seus obxectivos.

Con todo, como aspectos positivos a mobilización conseguiu a prohibición dos desafiuzamentos de alugueiro, tanto por non pago como por finalización de contrato (aínda que só sexa, de momento, ate a finalización do estado de alarma), ou os de precario ou recuperación da posesión por distintas vías do artigo 250.1 LEC (civís), para persoas cuxa vulnerabilidade comezase tamén antes da pandemia. E, aínda que con algunhas lagoas este decreto garante que non poidan ser cortados os subministros básicos a moitas persoas vulnerábeis.

Desde a PAH anunciamos que seguirá habendo desafiuzamentos tras este decreto, por iso seguiremos loitando por conseguir a extensión da prohibición a todas as familias vulnerábeis sen alternativa de vivenda digna e adecuada, e cunha duración temporal suficiente como para que as Administracións Públicas dispoñan de Parque Público para poder ofrecer esas alternativas e recuperen vivenda da banca para o alugueiro social.

Empezamos xa, poñéndonos inmediatamente en contacto co Goberno para trasladar o noso absoluto rexeitamento a estas modificacións, ao obxecto de que se emenden nunha próxima corrección de erros no BOE. O contrario, será froito da presión da banca e grandes empresas ao Goberno, e vannos a ter totalmente en fronte.

Síntese xurídica do contido completo deste Decreto en materia de vivenda

1. Desafiuzamentos de alugueiros

Suspensión de desafiuzamentos. Novo prazo: desde a entrada en vigor do RDL ate o fin do estado de alarma (09/05/21). Agora, ate o 31/01/21.

Vincúlase a suspensión á prórroga do estado de alarma do RD 956/2020. Si se prorrogase unha vez máis, deberíase engadir para estender o prazo.

Clarifica por primeira vez que afecta tanto a desafiuzamentos por non pago como finalización de contrato.

Si non hai data de lanzamento, pódese pedir a suspensión da vista.

A parte demandada debe acreditar vulnerabilidade, de acordo ao artigo 5 do RDL 11/2020. O arrendatario debe acreditar ALGUNHA das situacións dos supostos das letras a) e b):

– Pase a estar en situación de desemprego (de forma extensiva, interpretamos que si xa se atopaba en paro, entra igual), ERTE, ou reduza a súa xornada por motivo de coidados, en caso de ser empresario, ou outras circunstancias similares que supoñan unha perda substancial de ingresos, cumprindo uns límites de ingresos o mes anterior.

– Que a renda do alugueiro + gastos e subministros básicos ≥35% dos ingresos netos do conxunto da unidade familiar. Gastos e subministros básicos = subministros de electricidade, gas, gasóleo para calefacción, auga corrente, telecomunicación fixa e móbil, e contribucións á comunidade de propietarios, todos eles da vivenda habitual.

Cando o demandado acredite a súa situación de vulnerabilidade, o LAX (secretario xudicial) comunicarallo ao demandante en 10 días (2 semanas sen festivos), quen pode acreditar tamén vulnerabilidade ou risco de situarse nela.

Unha vez recollidos todos os escritos, o LAX comunicará a situación aos Servizos Sociais, quen en 10 días (2 semanas sen festivos) deberán valorar a vulnerabilidade das partes e indicar as medidas a tomar.

O xuíz, unha vez dispoña de toda a documentación do caso, deberá ditar auto acordando a suspensión si a vulnerabilidade está acreditada. Si non o está, tirará adiante co procedemento.

O auto debe indicar que unha vez deixe de estar en vigor o estado de alarma, os prazos renovaranse automaticamente.

Si acredítase a vulnerabilidade, a Administración ten que adoptar as medidas que se indiquen no informe de Servizos Sociais (haberao?) durante o prazo de suspensión (é dicir, durante o estado de alarma). Cando se adopten as medidas (pasará algunha vez?), a Administración comunicarao ao Tribunal para que levante a suspensión en 3 días.

2. Suspensión doutros desafiuzamentos.

Prazo: desde a entrada en vigor do RDL ate o fin do estado de alarma (09/05/21).

Abarca: precario, ocupación, execución de títulos xudiciais. Finalmente non entran procesos penais.

Suxeitos afectados: persoas xurídicas e persoas físicas con máis de 10 vivendas.

Redacción confusa: …pertenzan a persoas xurídicas ou a persoas físicas titulares de máis de dez vivendas… Requírese que as xurídicas tamén sexan titulares de máis de 10 vivendas.. Loitemos para que se interprete así en Xulgados.

Persoas afectadas deben cumprir cos supostos da letra a) do art. 5 do RDL 11/2020:

– Pase a estar en situación de desemprego (de forma extensiva, interpretamos que si xa se atopaba en paro, entra igual), ERTE, ou reduza a súa xornada por motivo de coidados, en caso de ser empresario, ou outras circunstancias similares que supoñan unha perda substancial de ingresos, cumprindo uns límites de ingresos o mes anterior.

O Xuíz deberá tomar a decisión ponderando as seguintes circunstancias:

– Entrada ou permanencia motivada por situación de extrema necesidade, – valorando o informe de Servizos Sociais.

– Cooperación dos ocupantes coa Administración para buscar unha alternativa.

Ademais no fogar deberá atoparse algunha persoa que cumpra co seguinte
:

– Dependente
– Vítima de violencia contra a muller
– Menor de idade

O LAX, unha vez recollida a documentación, trasladaraa ao demandante/denunciante e aos Servizos Sociais, quen deberán emitir informe en 15 días (3 semanas sen festivos).

Si a situación de vulnerabilidade queda acreditada, o Xuíz ponderará as demais circunstancias e ditará auto no seu caso acordando a suspensión do lanzamento ate a finalización do estado de alarma.

Si non se acredita a vulnerabilidade, non cumpren requisitos ou se dan outras circunstancias (que a continuación resumimos), o procedemento tira para adiante.
Durante a suspensión, a Administración deberá tomar as medidas indicadas no informe si se cumpre a situación de vulnerabilidade ou outras adecuadas para “satisfacer a necesidade residencial” da persoa e “que garantan o seu acceso a unha vivenda digna“.

Circunstancias que non permiten a suspensión:

– Vivenda de persoa física que non sexa domicilio habitual ou segunda residencia.
– Vivenda de persoa xurídica cedida a persoa física para domicilio habitual ou segunda residencia. 
– Entrada ou permanencia consecuencia de delito.
– Indicios racionais de que se están realizando actividades ilícitas (narco-pisos, proxenetismo…).
– Ocupación posterior á entrada en vigor do RDL.
– Vivendas públicas ou privadas destinadas a vivenda social.

3. Compensación para arrendadores (pequenos e grandes administradores) afectados pola suspensión do desafiuzamento.

Só se poderá pedir compensación si a Administración non tomou as medidas do informe de Servizos Sociais en 3 meses.

Valor medio de alugueiro de vivenda na contorna (vía índices de referencia ou outros criterios obxectivos).

Súmanse gastos correntes acreditados (IBI, subministros, comunidade…).

Compensación desde a suspensión ata a súa levantamento ou fin do estado de alarma. Non ate a data do desafiuzamento.

Si o prezo medio do alugueiro é superior á renda do alugueiro, compensarase coa renda do alugueiro.

Non distingue entre pequenos ou grandes administradores.

A solicitude poderá realizarse ate 1 mes despois do fin do estado de alarma e o arrendador deberá presentar escrito coa cantidade adecuada de acordo ao comentado antes.

Compensación a cargo do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 e xestionada polas CCAA.

4. Compensación para propietarios dos demais casos (ocupación).

Só se poderá pedir compensación si a Administración non tomou as medidas do informe de Servizos Sociais en 3 meses.

Só se poderá pedir compensación si o propietario acredita que a suspensión do lanzamento supuxo un prexuízo económico ao atoparse a vivenda ofertada en venda ou alugueiro antes da entrada no inmóbel dos ocupantes.

Valor medio de alugueiro de vivenda na contorna (vía índices de referencia ou outros criterios obxectivos).

Súmanse gastos correntes acreditados (IBI, subministros, comunidade…).

Compensación desde a suspensión ate o seu levantamento ou fin do estado de alarma. Non ate a data do desafiuzamento.

A solicitude poderá realizarse ate 1 mes despois do fin do estado de alarma e o arrendador deberá presentar escrito coa cantidade adecuada de acordo ao comentado antes.

Compensación a cargo do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 e xestionada polas CCAA.

Texto baseado no enviado pola PAH. | 23.12.2020

#DecretoStopDesafiuzamentos

Publicado en Novas

O Goberno segue dando as costas aos dasafiuzamentos – … nos primeiros nove meses deste ano, producíronse 18.138 lanzamentos, entre hipotecas, alugueiros e en precario – #DecretoStopDesafiuzamentos Xa !

Como denunciamos a semana pasada, en función dos datos publicados polo Consello Xeral do Poder Xudicial, nos primeiros nove meses deste ano, producíronse 18.138 desafiuzamentos, entre hipotecas, alugueiros e en precario. Datos alarmantes en plena pandemia e a pesar do confinamento que durante 3 meses freou toda a actividade xudicial.

O sufrimento de cantas familias máis necesita un goberno, que presume de progresista e de ser o máis social da historia, para facer un Decreto Stop Desafiuzamentos que pare esta alarma social? Para que valen os compromisos políticos das forzas parlamentarias no Congreso? Ou non son eles os que gobernan?

Unha vez máis, vemos que unha solución de mínimos e de xustiza social, como é deter os desafiuzamentos e os cortes de abastecemento de familias e persoas vulnerábeis, volve intentar frearse por aqueles cuxa única preocupación é maximizar os seus beneficios, sen importarlles o custo social.

Non pode ser que os bancos, fondos voitre, grandes propietarios e as enerxéticas deste país continúen ditando ao suposto goberno progresista as leis que se aproben e as que non. Quedamos-nos perplexas coa noticia de que desde o Goberno non só aprazan o #DecretoStopDesafiuzamentos, senón que encima póñenlle trabas.

É hora de escoitar e dar resposta ás familias vulnerábeis que están sendo desafiuzadas e vendo as súas subministracións básicas cortadas. Hai que deixar de lado a supostos “expertos” como o BBVA (1.258 millóns de euros de beneficio ordinario só no primeiro trimestre 2020), ao Banco Santander (1.909 millóns de euros de beneficio ordinario no primeiro trimestre 2020), a Blackstone (490 millóns de euros de beneficios no segundo trimestre 2020, un 86% máis que en segundo trimestre 2019) ou a Endesa (beneficio ordinario neto ao peche de setembro 2020 de 1.700 millóns de euros, cun crecemento do 38,4%). As cifras demostran en que son expertos en realidade.

Quedamos-nos perplexas coas noticias que chegan, que desde o Goberno non só aprazan o #DecretoStopDesafiuzamentos, senón que encima póñenlle trabas. Nada xustifica que non gobernen para atender e amparar ás persoas vulnerábeis e en precario, que son desafiuzadas sen alternativa de vivenda. Nada xustifica que sigan poñendo vidas en xogo, como a da persoa falecida fai só cinco días en Collado Villalba. Vemos só parches para eludir a súa responsabilidade e compromiso, atendendo máis aos intereses de quen provocan esta situación que ao sufrimento das familias.

Sinalamos por iso a este goberno como cómplices de que se queden atrás miles de persoas, botándoas á rúa tal e como reflicten os últimos datos do CGPX e os desafiuzamentos practicados. O Goberno deber recordar que TODOS os desafiuzamentos que se están producindo nestes momentos son responsabilidade directa súa, xa que é a súa falta de vontade política para aprobar unha verdadeira moratoria o que os permite.

Xa denunciamos cando as anteriores medidas tomadas polo Goberno deixaron fóra a moratoria no pago das hipotecas, o que levará parello dentro dun ano un incremento considerábel na cifra de desafiuzamentos por este motivo, por non pago e máis endebedamento non asumíbel.

O Goberno debe empezar a estar á altura e sumarse aos esforzos diversos que, día a día, conflúen para paralizalos. Como o das 31 familias da Pobla de Vallbona (Valencia). Sen eles desaloxou-se das súas vivendas a 94 persoas: é necesario o Decreto, que non pase nin un día máis. Non se pode consentir, por exemplo, que BBVA-Divarian-Cerberus-Haxa desafiuzaren a bloques enteiros. É necesaria unha clara determinación fronte a esta confabulación superagresiva do capital, imperturbábel cos 25 menores, 3 discapacitados e unha compañeira embarazada. É momento de dar pasos, e non só este de paralizar os desafiuzamentos, senón de ofrecer alternativas: obrigar a banca rescatada, Bankia, Sareb e fondos a xerar o necesario parque público.

Tendo en conta todo o que vimos expresando, esiximos que sexa aprobado no próximo Consello de ministros, do día 15 de decembro, o #DecretoStopDesafiuzamentos e que non se queden atrás máis familias polos efectos da crise económica que está provocando a sanitaria. 

A PAH estará vixiante e mobilizada e non permitirá máis atrasos nin recortes no texto xa acordado.

Publicado en Novas

La sociedad civil exigimos en una reunión con la Ministra Teresa Ribera medidas urgentes para evitar la oleada de cortes de suministro que se avecina

Ante el fin de la moratoria de cortes el pasado 1 de octubre, trasladamos nuestras propuestas a las puertas del invierno: principio de precaución, periodo de carencia y redefinición del consumidor vulnerable

Ante la posibilidad de que miles de familias vulnerables sean privadas de sus suministros en plena pandemia y a las puertas del invierno (algunas de ellas ya han contactado con nosotras, angustiadas, después de haber recibido avisos de corte para los próximos días), y tras la decisión del Gobierno de no incluir la moratoria de cortes en la prórroga del Escudo Social, preparamos para la cita un conjunto de propuestas concretas con diferentes horizontes temporales para evitar una grave vulneración de derechos de la ciudadanía más precarizada. Aprovechamos para dejar claro que las actuales medidas de protección incluidas en el bono social eléctrico son insuficientes, ya que dejan a muchas familias vulnerables fuera y no incluyen los suministros de agua y gas.

La primera y más importante de las medidas propuestas es la implementación del principio de precaución, un mecanismo recogido en la ley catalana contra la pobreza energética. Éste consiste en una reforma del procedimiento de corte por el que, ante cualquier impago doméstico, ya sea de agua, luz o gas, la compañía suministradora deba comunicarse con los Servicios Sociales municipales para conocer la situación del hogar afectado. En el caso de que la familia se encuentre en situación de vulnerabilidad, comprobable a partir de unos baremos de renta, se deberá garantizar el suministro en todo caso. Esta medida lleva aplicándose en Catalunya desde 2015 y ha evitado miles de cortes desde entonces (40.000 en el primer año y medio de vigencia, según los últimos datos publicados por la Generalitat).

Esta herramienta debería conllevar la puesta en marcha de un sistema informatizado de comunicación entre los Servicios Sociales y las compañías para facilitar su aplicación. Por ello, el pasado miércoles nos reunimos también con Ione Belarra, Secretaria de Estado de Agenda 2030, quien nos trasladó su compromiso para trabajar la cuestión desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Precisamente es este mismo ministerio el que debe encargarse del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas (nº 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos; nº 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna).

Conscientes de que la implementación de un mecanismo de estas características no puede producirse de la noche a la mañana, la segunda de las medidas propuestas ante la Ministra fue la aprobación de un periodo de carencia hasta la puesta en marcha del principio de precaución, que garantice que ningún hogar pueda ser privado de sus suministros de agua, luz y gas por motivo de impago. En medio de una pandemia mundial, que ha tenido un fuerte impacto en las familias en situación de vulnerabilidad y durante la cual se han destruido 820.000 empleos, y a pocas semanas de la llegada del invierno, es inaceptable que se pueda cortar el suministro a una sola familia vulnerable por no poder hacer frente a sus facturas.

En tercer lugar, propusimos una redefinición del concepto de consumidor vulnerable, que a día de hoy sólo se asocia al suministro de energía eléctrica y no evita el corte en muchos casos. Para ello, reclamamos que la figura abarcase los tres suministros e incluso otras materias como la vivienda o el derecho de consumidores. Por otro lado, incidimos para que ampliaran los actuales baremos de renta, que son ínfimos y no responden a la realidad económica de las familias que sufren pobreza energética. En este punto, la Ministra se comprometió a trabajar en el tema junto a Alberto Garzón, Ministro de Consumo, a lo largo de los próximos meses.

Por lo que respecta las otras propuestas, a pesar de las buenas palabras, no hubo ningún compromiso por parte de la Ministra en cuanto a su implementación. Parece que las presiones recibidas por muchas compañías suministros han surtido efecto y desde el Ministerio nos plantearon la dificultad de aprobar una nueva moratoria general de cortes, una decisión que, como hemos planteado, puede suponer una próxima oleada de interrupciones de suministro a nivel estatal. Desde su equipo hay una cierta confianza que estos cortes no se produzcan gracias a la buena voluntad de las compañías, aunque la carta de la patronal del agua del grifo (AGA) remitida el mes de abril reclamando el fin de la moratoria nos haga pensar todo lo contrario. En este sentido, no podemos entender que la seguridad energética e hídrica de los hogares en situación de vulnerabilidad se deje en manos de la supuesta buena voluntad de las empresas en lugar de ejercer, como Estado, de garante de los derechos de la ciudadanía

El encuentro también sirvió para denunciar la situación de las familias de los sectores IV y VI de la Cañada Real Galiana (Comunidad de Madrid), quienes están sufriendo cortes de luz constantes y no gozan de un suministro regular y adecuado en sus viviendas. El Gobierno conoce perfectamente su situación, tras las protestas de octubre, y exigimos que se ofrezcan soluciones efectivas a estas familias y se garantice su acceso a los suministros básicos.

Al final de la reunión hubo una invitación a seguir trabajando estas medidas a lo largo de los próximos meses, aunque somos conscientes de la urgencia y la necesidad de aprobar iniciativas para paliar los efectos de la pobreza energética y, específicamente, evitar los cortes. Tras la enmienda a los Presupuestos planteada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, que establece una moratoria de las interrupciones de suministro hasta diciembre de 2022, y las noticias sobre una posible negociación al respecto entre los socios de Gobierno, sabemos que este tema seguirá en el debate público las próximas semanas.

Por ello, desde los colectivos participantes, junto a muchas otras entidades con las que estamos trabajando la cuestión codo a codo, seguiremos realizando toda la presión necesaria para que ninguna familia pueda ser privada de sus suministros básicos durante los próximos meses. Es imprescindible que el Ministerio recapacite y se ponga del lado de la ciudadanía más vulnerable y no se pliegue a los intereses de las grandes compañías energéticas.

Publicado en Novas

Os sindicatos de inquilinas logran que o Goberno comprométase a regular os prezos do aluguer

O Goberno de coalición entre Unidas Podemos e PSOE comprometeuse a regular os prezos do aluguer en menos de catro meses. Trátase dun paso moi importante, polo que traballamos os Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos desde fai anos. A sociedade civil reclamábao: soamente na última semana, máis de 9.000 organizacións sociais, económicas e culturais impulsaron un manifesto a favor da regulación. E moitas forzas parlamentarias apóiano.

O certo é que para cumprir co que dictan os organismos internacionais, a regulación debería haberse aprobado xa. Cada día que pasa, a crise se recrudece, e os prezos do aluguer apenas baixan -nalgúns lugares- mentres os ingresos das familias caen en picado. Si antes da pandemia o aluguer xa se comía máis aluguer que en ningún outro país do mundo, agora atopámosnos/atopámonos nunha situación crítica. Cunha sociedade totalmente afogada polos efectos da pandemia, miles de fogares ven como cada vez cústalles máis chegar a fin de mes, que xa non poden pagar os seus alugueres, ou que non poden acceder a unha vivenda digna.

A regulación que se propón é de mínimos, pero supoñerá un cambio histórico logo de décadas de políticas ao servizo da especulación, e baséase na que xa está en vigor en Cataluña. O obxectivo é impedir as subidas de aluguer e fomentar as baixadas de prezos. 

Non falamos soamente dun problema económico, senón tamén dunha cuestión de seguridade e de dereitos humanos: é intolerable que miles de persoas vivan coa angustia permanente de non saber si subiranlles o aluguer ou as botarán de casa. Por iso outro elemento moi importante é que o texto público do Goberno recoñece aos sindicatos de inquilinas como axente social: atopámosnos/atopámonos ante un recoñecemento sen precedentes, a nivel estatal, do dereito a organizarse colectivamente no campo da vivenda, como xa sucede no campo do traballo.

Nos próximos meses será moi importante non baixar a garda ante as presións que o Goberno recibirá por parte daqueles que queren seguir especulando coa vivenda en plena pandemia, a costa do benestar colectivo. Fará falta o apoio e movilización de toda a sociedade civil para lograr construír un futuro mellor para todas e todos. 

Por que necesitamos unha Lei de Regulacion do Prezo do Aluguer?


Necesitamos protección efectiva contra as subidas abusivas que nos deixan na rúa. Actualmente 7 de cada 10 desahucios son por impago de aluguer. Si impulsar esta medida xa era necesario antes da pandemia, a actual caída de ingresos das familias fana aínda máis urxente.
Necesitamos unha regulación que equilibre a relación entre inquilinas e caseros. Grazas á mala regulación do aluguer en España, no último lustro o prezo do aluguer aumentou 30 veces máis que os salarios; entre o 2013 e o 2019 o prezo medio do aluguer subiu un 50%.
Xa sabemos que incrementar o numero de vivendas no mercado non contribúe á baixada de prezos do aluguer senón mais ben ao contrario, xa o experimentamos as inquilinas e inquilinos españois en ultímalas burbullas inmobiliarias.
Malia que fai falta aumentar drasticamente o parque de vivenda de aluguer social, pasarán moitos anos antes de que podamos alcanzar o nivel de cobertura necesario, así que é imprescindible conter os prezos do aluguer para reducir o sobreesfuerzo da poboación para acceder e manterse na vivenda.

Publicado en Novas, opinion

O Goberno xerará unha onda de cortes de subministración ao non prorrogar a moratoria

O Goberno xerará unha onda de cortes de subministración ao non prorrogar a moratoria A ampliación do “escudo social” non inclúe esta medida e deixa expostas a miles de familias vulnerables a partir do 1 de outubro Á espera de ler a letra pequena mañá no BOE, o Goberno central ha acordado non prorrogar polo momento a moratoria de cortes de subministracións en todos os fogares do Estado nunha decisión que pode conlevar consecuencias nefastas. Tras o Consello de Ministros celebrado hoxe, anunciouse a ampliación temporal do chamado “escudo social”, pero a garantía das subministracións de electricidade, gas e auga quedou fóra.

A pesar das boas intencións, e como xa repetimos en múltiples ocasións, o bono social é unha medida que non ofrece solucións reais ás persoas que padecen a pobreza enerxética, dado que moitas delas seguen sen poder facer fronte ás súas facturas, a pesar de contar cos correspondentes descontos. Ademais, non abarca as facturas de gas nin de auga, aumentando o grao de desprotección destas familias. Neste sentido, aínda que durante a rolda de prensa posterior ao Consello mencionouse a figura do bono social térmico, a realidade é que se trata dunha dotación única anual moi reducida (entre 25 e 123,94€), suxeita a dispoñibilidade orzamentaria e á cal moitas das participantes das nosas asembleas, a pesar de realizar os trámites establecidos, non puideron acceder aínda a día de hoxe.

Publicado en Novas

Asina a petición para acabar cos desafiuzamentos en tempo de pandemia

Os máis dun millón de desahucios que sufriu a sociedade española, desde o inicio da crise anterior en 2008, foi unha vulneración injustificable dun dereito humano e constitucional tan importante como o da vivenda, soporte doutros dereitos fundamentais.

Como pode comprobarse polos datos do CGPJ os desahucios seguen sendo unha realidade cuotidiana. Con todo, e tal e como indicou Leilani Farha, ex?relatora de vivenda da ONU, a vivenda debería ser a primeira liña de defensa fronte ao Covid-19. Parece ser que non é o caso en España.

En tempos de pandemia estáselle pedindo á cidadanía que faga todo tipo de sacrificios e, en aras da saúde pública, recórtanselle liberdades e capacidade de movemento; é insistente o requerimiento de quedarse na súa casa. O noso estado social e de dereito non pode, ao mesmo tempo, mirar para outro lado ante a continuidade dos desahucios dun sector importante da poboación: a de familias e persoas vulnerables, poñendo en risco o seu saúde e a de todas.

Só nos días hábiles comprendidos entre o 4 e o 30 de xuño (únicos con actividade xudicial normal) executáronse en España 1.383 desahucios, de familias en situación de vulnerabilidade previa ao virus; o terceiro trimestre traerá cifras demoledoras á vista das convocatorias diarias para evitar os desahucios por parte das PAHs e dos numerosos grupos en loita pola vivenda. Desahucios, ata de Bankia e da SAREB, entidades de maioría de capital público, que debesen, xa que logo, actuar de forma coherente e comprometida co artigo 47 da Constitución.

A PAH e outras entidades sociais indicamos que as medidas iniciais que se aprobaron para paliar os efectos do Covid?19 en temas de vivenda supuxeron un alivio temporal para moitas persoas, pero que eran claramente insuficientes porque deixaban sen protección ás familias que xa estaban en vulnerabilidade con anterioridad ao estallido da pandemia, ás que tiñan procesos xudiciais en curso e ás que se viron obrigadas a vivir en precario debido á falta clamorosa dun parque público de vivenda, do que si dispoñen países da nosa contorna.

A recente supresión da moratoria das hipotecas e dos cortes de suministros, agravou máis a situación de vulnerabilidade das familias.

Por todo o expresado anteriormente, queremos recoller o máis absoluto apoio á petición da Plataforma de Afectados da Hipoteca e do resto de asociacións en defensa ao dereito á vivenda, para a aprobación inmediata dun novo decreto que suspenda TODOS os desahucios e cortes de suministros de familias vulnerables que carezan da alternativa habitacional, adoptando as compensacións adecuadas, no caso que fose necesario, nos desahucios de pequeno propietario.

A Moratoria deberá durar ata a entrada en vigor da nova lei de vivenda que deberá regular de forma definitiva a imposibilidad de levar a cabo desahucios sen alternativa habitacional, dando cumprimento ao art. 47 da Constitución e ás diferentes medidas que as Nacións Unidas recomenda ao estado español para dar cumprimento aos acordos internacionais subscritos por España en materia de Dereitos Humanos.

O teu apoio pode salvar vidas

Reclamemos ao Goberno a aprobación urxente dun decreto cos contidos expresados no párrafo anterior. Non só por Xustiza Social e en cumprimento dos Dereitos Humanos, nin para dar resposta ás indicacións do recente informe presentado por Philip Alston, relator especial da ONU sobre a extrema pobreza, nin tan só para cumprir cos dictames condenatorios a España por vulneración dese dereito, e coas recomendaciones que ambos conteñen, tamén e moi especialmente, por razóns de Saúde Pública.

Hoxe máis que nunca hai vidas en xogo.

Asina a petición para acabar cos desahucios en tempo de pandemia
Reclamemos ao Goberno a aprobación urxente dun decreto cos contidos expresados no párrafo anterior. Non só por Xustiza Social e en cumprimento dos Dereitos Humanos, tambén por razóns de Saúde Pública.

Publicado en Novas

Más de 9.000 organizaciones piden al Gobierno que regule los alquileres

La proposición de los sindicatos de inquilinos para regular los precios del alquiler a nivel estatal está recibiendo un amplio apoyo social. Hoy, más de 9.000 organizaciones de alcance estatal impulsan un manifiesto en el que piden al Gobierno que apruebe una regulación basándose en la ley vigente en Catalunya. Esta iniciativa llega cuatro días después de la reunión que los sindicatos mantuvieron con el Vicepresidente Social del Gobierno, en la que este mostró su compromiso de trabajar para que el Estado legisle en las semanas que vienen.

Podéis leer el manifiesto a continuación. Y si queréis dar apoyo desde vuestra entidad u organización, lo podéis hacer aquí

Manifiesto de apoyo a una Ley de Regulación del Precio del Alquiler

Después de 12 años del inicio de la crisis económica, España sigue sufriendo un problema muy grave de vivienda que se manifiesta en forma de desahucios, pero también de dificultad de acceso a la vivienda y precariedad cada vez más generalizada. La situación del alquiler se ha vuelto insostenible: del 2013 al 2019 el precio medio del alquiler ha subido un 50% en España. Es importante recordar que se trata de precios medios de contratos vigentes, hecho que explica que haya subidas de precio desorbitadas cuando vencen los contratos. Actualmente 7 de cada 10 desahucios son por impago de alquiler. En el último lustro, el precio del alquiler ha aumentado 30 veces más que los salarios. El 42% de la población española destina el 40% de su sueldo a pagar el alquiler, mientras que las recomendaciones internacionales hablan de no dedicar más del 30% a vivienda incluyendo los suministros básicos.

La realidad es que el acceso a la vivienda de la población depende de la relación entre los ingresos de las familias y los precios de mercado, dado que existe una enorme escasez de oferta social. A pesar de que hace falta aumentar el parque de vivienda protegida, pasarán muchos años antes de que podamos alcanzar este objetivo, así que es imprescindible contener los precios del alquiler para reducir el sobreesfuerzo de la población para acceder y mantenerse en la vivienda.
Si impulsar esta medida ya era necesario antes de la pandemia, la actual caída de ingresos de las familias la hacen aún más urgente. Por otra parte, hablamos de un problema que no solo afecta a quienes vivimos de alquiler o quieren acceder a una vivienda, sino al conjunto de la sociedad: los precios actuales están disminuyendo drásticamente la renta disponible en manos de las familias, con un impacto negativo en toda la economía.
Teniendo en cuenta esta realidad, las entidades y organizaciones abajo firmantes queremos expresar nuestro apoyo al llamamiento de los sindicatos de inquilinas e inquilinos para que se impulse una regulación de los precios del alquiler como la aprobada en Cataluña el pasado septiembre, con el principal objetivo de contener los precios del arrendamiento en los municipios con mercados tensionados.
Con el llamado que hoy hacemos público, queremos poner de manifiesto que la sociedad civil española está demandando a los poderes públicos y a los representantes políticos que adopten medidas para garantizar alquileres asequibles, paso ineludible para garantizar el derecho a la vivienda digna. Hace meses que esta problemática está en la agenda. Consideramos que ha llegado la hora de emprender medidas concretas que impliquen mejoras para los miles de familias asfixiadas que viven de alquiler, y para el conjunto de la sociedad. Por estos motivos, pedimos al Gobierno que apruebe una propuesta legislativa que permitirá actuar para abordarlo.

Así mismo, invitamos a todas las organizaciones y entidades ciudadanas a que den apoyo al presente manifiesto para que este cambio legal se convierta en una realidad. Podéis expresar vuestro apoyo en este formulario.

Publicado en Novas

Carta al Gobierno: los Sindicatos de Inquilinas solicitamos una reunión urgente sobre la regulación de los alquileres

Excmo. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Excmo. Sr. Pablo Iglesias Turrión,

En el último lustro los alquileres han aumentado 30 veces más que los sueldos en España. Desde el 2013, el precio medio del alquiler ha subido más de un 50%, obligando a muchas familias a dedicar más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler. La situación es insostenible. Actualmente, 7 de cada 10 desahucios son por impago de alquiler. Este contexto de emergencia social se ha visto agravado por la pandemia y las consecuencias económicas derivadas de ella.

El pasado mes de septiembre entró en vigor la Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda en Cataluña. La ley, impulsada por el Sindicat de Llogateres de Catalunya, regula y modera los precios de los alquileres en viviendas de uso residencial que estén en un área con el mercado declarado “tenso”.

La iniciativa catalana coincide plenamente con las propuestas recogidas en el acuerdo de coalición a las que su Gobierno se comprometió. Concretamente, con las medidas normativas previstas para «poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado» (punto 2.9.3). Más específicamente, el acuerdo de coalición prevé habilitar las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para establecer índices de precios, y también en el caso de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado, de acuerdo con criterios objetivos. Estas dos medidas tienen el objetivo de regular las subidas abusivas del precio del alquiler. Además, el acuerdo hace referencia a los avances de aquellas comunidades que ya han definido un índice, para agilizar su puesta en marcha.

Siendo estas las propuestas fundacionales del ejecutivo español, no entenderíamos otra reacción a la ley catalana –que cuenta con el apoyo del resto de Sindicatos de Inquilinos del Estado– que respetarla, así como trabajar para su blindaje y extensión al resto de Comunidades Autónomas del Estado.

Al fin y al cabo, todas estas medidas no son sino el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Para poder tratar este asunto, trasladarles nuestras propuestas y trabajar conjuntamente para desarrollar iniciativas que garanticen el derecho a la vivienda, los Sindicatos de Inquilinas firmantes de esta carta les instamos a una reunión de urgencia. Es imprescindible dar respuesta a las necesidades de miles de personas y familias que ven atropellados sus derechos.

Atentamente,

Sindicat de Llogateres de Catalunya,
Sindicato de Inquilnas e Inquilinos de Madrid,
Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga,
Donostiako Maizterren Sindikatua,
Sindicato de Inquilinas de Zaragoza,
Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera

Publicado en Novas

Malia a completa paralización da actividade xudicial en toda España producida do 14 de marzo ao 4 de xuño, no segundo trimestre de 2020 producíronse 1.383 desahucios.

O venres 25, publicouse o informe : Efectos da crise económica nos órganos xudiciais? que a Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial, onde se mostran os datos oficiais sobre desahucios no segundo trimestre deste ano.

1. Deshucios 2º trimestre: 1.383

2. Ejecuciones hipotecarias 300

3. Aluguer 1.013 73.25%

4. Outros 70

5. Total semestre 11.042

Sendo certo que os lanzamentos practicados descenderon un 90,6% no segundo trimestre de 2020, como consecuencia da alerta sanitaria por COVID-19, tamén é certo que nin de lonxe é debido ás medidas urxentes impulsadas polo Goberno. A situación extraordinaria que vivimos provocou unha disminución de todos os indicadores, diferentes ás de calquera outro periodo anterior, dificultan extraer conclusións dos datos que se presentan, polo que se aconsella tomar con cautela as variacións interanuales.

A realidade é obvia. Chegamos ao estado de alarma cunha media de 250 desahucios diarios, desahucios que se quedan fóra de calquera tipo de protección ante uns Decretos pensados só para casos de vulnerabilidade provocados pola COVID-19, que aínda así deixan a un amplo sector da sociedade fóra.

1.383 desahucios, en tan pouco espazo de tempo e na situación de pandemia que sufrimos, segue sendo unha cifra escandalosa que reafirma a necesidade dun Real Decreto que sexa unha morato real para todo tipo de desahucios. Un Decreto máis amplo de miras que o que queren prorrogar mañá. De non ser así, a sangría social que sufriremos a curto prazo coa reactivación dos 250 desahucios diarios pre estado de alarma, sumados aos que se provocasen por mor da actual crise, será insostenible e poñerá máis vidas en xogo que nunca.

Datos sobre desahucios do CGPJ

No período 2008 ao 2012, os datos do CGPJ son lamentablemente incompletos, xa que só deron daqueles partidos xudiciais que tiñan unha oficina de Servizo Común de Notificaciones e Embargos, excluíndose os lanzamentos, que son máis numerosos, do resto de Xulgados de 1ª Instancia. Xa que logo, mentres non se democraticen os datos, a PAH fixemos unha estimación aproximada para este período de 400.000 desahucios por EH [ argumentado no comunicado(*): Record de lanzamentos (desalojos) no 1er trimestre de 2012 e cifras silenciadas: dobre vergonza!, en https://afectadosporlahipoteca.com/category/media/comunicados/page/31/ ]e, como nunca deu os datos de desahucios por aluguer, nin por ocupación neste período, estimámolos facendo unha proxección en 32.000 e 3.000 anuais, respectivamente,non menos de 160.000 por impago de aluguer e de 15.000 por outras causas.

Desde 2013 ata a actualidade, utilizamos os datos completos que dá o CGPJ, desagregados tamén pola súa orixe: si proveñen de Ejecuciones Hipotecarias, Alugueres ou Outras Causas, que utilizamos habitualmente desde o Excel do CGPJ.

Desde a PAH mobilizámonos/mobilizámosnos en varias accións para esixir #DecretoStopDesahucios

Publicado en Novas

Alugeiro Estable e Asequible

Moitos inquilinos están a verse na difícil situación de ter que pagar incluso o dobre A porcentaxe de poboación que vive de aluguer subiu moito nos últimos anos. Os salarios por contra non subiron ,pero non só iso é que aumentou a precariedade laboral

Esta situación viuse agravada con motivo da COVID19 ,moita xente perdeu o seu traballo ou a súa fonte de ingresos .O confinamento mostrounos o gravísimo porcentaxe de familias que viven en vivendas inadecuadas ou infraviviviendas .

Por isto este venres 11 saímos á rúa en Vigo diante do Marco ( Rua do Principe )

Non mais desafiuzamentos

Alugueiro Estable e adecuado

Parque Público da Vivenda

Publicado en opinion

Okupas: el gran montaje de la derecha populista

Es cada vez más habitual, especialmente en campaña electoral: llegan los mítines y el populismo reaccionario saca a pasear viejos fantasmas para desviar la atención respecto a las causas de nuestros problemas. Para esconder su falta de propuestas e incluso defender ocurrencias que, en circunstancias normales, serían inadmisibles. ¿Que no quiero ver tantos pobres? Agitamos el espantajo del racismo. ¿Que la natalidad está por los suelos? Agitamos entonces la prohibición del aborto. Dime de qué careces y te diré qué miedo difundes.

El problema de la vivienda no está a salvo de estas maniobras inspiradas en Trump. Y no deja de sorprender. Cuando apenas hemos salido de una estafa hipotecaria brutal y ya nos encontramos en una burbuja del alquiler, debería ser fácil deducir que algo falla en el sistema. Sin embargo, antes de que nos dé por reflexionar sobre cuál es el origen de nuestra crisis habitacional, el trifachito ha decidido ponerse la máscara de Halloween para meternos miedo: cuidado, que vienen los okupas. Pero, ¿son las ocupaciones de primeras y segundas residencias un problema de primer orden, como dicen PP, Ciudadanos, Vox, e incluso PDeCat o PNV?

el trifachito ha decidido ponerse la máscara de Halloween para meternos miedo: cuidado, que vienen los okupas

Nada más alejado de la realidad. Las viviendas ocupadas sin contrato representan un 0,34% del total en todo el Estado. Lo decía el estudio del Institut Cerdà en 2017, financiado nada menos que por Banc Sabadell (entidad poco interesada en minimizar las ocupaciones). Y entre esas casas, solo una de cada diez es identificada como problemática. Es decir, las supuestas “mafias” que dañan la convivencia, que obsesionan a los populistas de derechas, a la telebasura y a las empresas de seguridad, son estadísticamente insignificantes: el 0,03% sobre el total de viviendas. Otro informe, del Observatori DESC, lo corrobora: el porcentaje de escaleras donde hay malas relaciones con quienes ocupan en precario tiende a ser estadísticamente anecdótico.

Aunque nos taladran día y noche con la historia de los jubilados a quienes le ocuparon su casa cuando se fueron de vacaciones, lo cierto es que es un problema muy residual. La mayor parte de ese 0,34% de casas ocupadas pertenece a bancos, fondos buitre y grandes empresas. Y la cifra de ocupaciones supuestamente conflictivas, unas 8.500 en todo el Estado, es absolutamente ridícula al lado de las más de 700.000 familias que han sido desahuciadas en la última década (expulsiones, por cierto, que en el 65% de casos han sido protagonizadas por bancos rescatados). O del número de casas vacías según el último censo: 3,5 millones en todo el Estado, un tercio de las viviendas no habitadas de todo Europa. Lo sorprendente es que la cifra de ocupaciones no se haya disparado. Que los barrios no hayan estallado.

La mayor parte de ese 0,34% de casas ocupadas pertenece a bancos, fondos buitre y grandes empresas

Otro bulo muy repetido. “Los okupas son parásitos sociales que buscan cómo aprovecharse del trabajo y los impuestos de los demás”. Falso. Según la Obra Social BCN, de cada cuatro personas que ocupan, tres lo hacen porque no pueden pagarse una casa. Para no terminar bajo un puente. Porque la realidad es que los precios del mercado están totalmente desvinculados de los ingresos de la mayoría social, y no hay alternativas: la vivienda pública apenas llega al 2% del parque total, a años luz de la media europea (15%).

de cada cuatro personas que ocupan, tres lo hacen porque no pueden pagarse una casa

He ahí el meollo de la cuestión, que los populistas de derechas ocultan de forma sistemática. Detrás de las demonizadas ocupaciones hay un problema diez mil veces mayor: la especulación inmobiliaria que ellos promueven activamente. Solo hace falta recordar qué hizo el Gobierno del PP tras la gran crisis financiera. Se ha hablado mucho de cómo el Ejecutivo de Rajoy se negó a rescatar a millones de familias hundidas por la estafa hipotecaria mientras salvaba a los culpables. Sin embargo, lo sucedido en la última década es incluso más grave de lo que pensábamos.

Detrás de las demonizadas ocupaciones hay un problema diez mil veces mayor: la especulación inmobiliaria que ellos promueven activamente

Hay que remontarse a los meses que van entre 2012 y 2013. Las cajas y bancos, rescatados con nuestro dinero, se habían convertido en las mayores inmobiliarias del país. Había que sacar aquel enorme stock de vivienda, manchado de dolor y vidas rotas, al mercado. Como fuera. Había que reactivar la burbuja. Viendo que las generaciones más jóvenes (que son siempre la base del mercado inmobiliario) no podían acceder al crédito hipotecario y cada vez vivían más de alquiler, los poderes públicos facilitaron que la especulación pudiera trasladarse a ese terreno. Primero, pusieron la alfombra roja a fondos buitre como Blackstone para que pudieran acaparar buena parte de las viviendas y destinarlas al alquiler, a través de sociedades que empezaron a gozar de privilegios fiscales (las Socimis, que son las Sicav del sector inmobiliario). A renglón seguido, legislaron para quitarle derechos a los inquilinos, adaptando sus condiciones de vida a los planes de negocio de fondos y bancos. Redujeron la duración de los contratos. Facilitaron las expulsiones. Y así, en pleno crecimiento de la demanda, garantizaron una mayor rotación en el mercado y un aumento vertiginoso de los precios.

Los resultados de esta política estatal son conocidos. Los beneficios inmobiliarios se han triplicado, recuperando ya los niveles de 2007, año del estallido hipotecario. Pero lo han hecho a costa de empobrecer a millones de hogares y disparar los desahucios, que han vuelto a las cifras de los peores años de crisis financiera. Con la diferencia de que ahora son, sobre todo, por impago de alquiler. Y de que la amenaza de desahucio ya no afecta solo a los más pobres: la burbuja del alquiler se come en España más sueldo que en ningún otro país de la OCDE.

Habiendo un 13% de casas vacías sobre el total y un 0,03% de ocupaciones conflictivas, ¿por qué elige el populismo de derechas hacer política en torno a lo segundo?

Habiendo un 13% de casas vacías sobre el total y un 0,03% de ocupaciones conflictivas, ¿por qué elige el populismo de derechas hacer política en torno a lo segundo? ¿Por qué se ceban con esa minoría de okupas sin alternativa en lugar de abordar el problema de los fondos buitre o los 165 desahucios al día? Por un lado, creen que les es electoralmente rentable. Azuzar el miedo de millones de propietarios hablando de “mafias okupas” no soluciona nada, pero sale gratis y puede dar votos. Por otra parte, la derecha sirve a poderosos intereses privados, que están en guerra. El fantasma del okupa que se mete en tu casa cuando bajas la guardia es tanto un chivo expiatorio para encubrir las políticas pro-especulación como una herramienta para profundizar en ellas. Fue la base sobre la que justificaron la última vuelta de tuerca a la ley de desahucio exprés y ahora plantean reformas del código penal, cambios funcionales para empresas cuyo negocio consiste en vaciar edificios para alquilar y vender lo más rápido posible. En otras palabras, a quien sirven las derechas no es al pequeño propietario, sino al buitre que les llama por teléfono quejándose de que cuesta demasiado echar a la gente, o de los activistas que le han ocupado el edificio para exigir su expropiación. De hecho, buitres y políticos profesionales suelen coincidir en los mismos círculos de poder: Aznar, Aguirre, Pujol o Zaplana… son todos apellidos que suenan en los consejos de administración de fondos buitre.

No vivimos en un paraíso para la okupación, sino para la especulación

Desengañémonos. No vivimos en un paraíso para la okupación, sino para la especulación. Las familias que habitan una casa sin contrato, así como las que no tienen hogar, son expresiones de la mercantilización de la vivienda, que cada cinco minutos deja a alguien en la calle. Y mientras sigamos tratándola como un producto financiero, el problema irá a más. Nunca como hoy había sido tan urgente realizar cambios profundos, que pongan la vivienda a la altura de la sanidad y la educación. Nunca había sido tan necesario combatir la propaganda antisocial de quienes amparan a una minoría privilegiada a costa de la miseria de millones.

————-

Jaime Palomera es miembro del Sindicato de Inquilinas. Investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (UAB) y en la Hidra Cooperativa.

Diana Virgós es miembro del Sindicato de Inquilinas. Comunicadora en el Ayuntamiento de Gavá.

Publicado en Novas

informe “Emergencia habitacional, pobreza energética y salud: Inseguridad residencial

Analizamos la realidad existente aportando datos propios cuantitativos y cualitativos para profundizar en la problemática de la pérdida de la vivienda, el acceso a los suministros y las consecuencias en la salud

La PAH de Barcelona, la Alianza contra la Pobreza Energética, el Observatorio DESC, la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras y la Agencia de Salud Pública de Barcelona hacemos público el informe “Emergencia habitacional, pobreza energética y salud: Inseguridad residencial en Barcelona 2017 – 2020”.

El informe resume las coordenadas que explican la situación de emergencia o crisis habitacional actual con perspectiva histórica, a través de datos sobre su evolución, conjugando elementos vinculados a las políticas públicas, las leyes, y la acción de la ciudadanía.

Asimismo, el informe aporta datos sobre cuáles son los colectivos más afectados por la pérdida de la vivienda, cómo la pobreza energética no es únicamente una cuestión estacional, y cifras sobres los impactos en la salud, no solo física sino también mental de estas problemáticas, entre otros muchos. Además, el informe aporta recomendaciones dirigidas principalmente al Ayuntamiento de Barcelona, pero también a otras administraciones, para revertir estas situaciones.

A nivel jurídico, en el informe se analizan los avances legales en materia de vivienda que se han producido en los últimos años, tanto en el ámbito estatal, autonómico y local, así como por lo que respecta a la pobreza energética, empezando por la liberalización a nivel europeo del sector y qué impacto ha tenido en las regulaciones estatales, y centrándose también en las principales novedades de los últimos años, encaminadas a garantizar el acceso a los suministros básicos. Respecto al derecho a la salud, se hace un recorrido a lo largo de los diferentes textos normativos de carácter internacional, que incluyen la protección de la salud como pieza clave para la consecución de una vida digna.

Además, se analiza el perfil sociológico y demográfico de las personas que participan en la PAH Barcelona y la APE con problemas de vivienda y de acceso a los suministros básicos, desglosada según la problemática, y se evalúa su impacto en la salud, complementadas con entrevistas personales a las propias personas que participan, tanto en la PAH como en la APE.

Para finalizar, el informe finaliza con las conclusiones más relevantes derivadas del análisis de datos, y se elaboran una serie de recomendaciones para los diferentes niveles de la Administración pública, orientadas a abordar la problemática que el informe estudia.

Publicado en Novas

¡Presentamos el nuevo Libro Verde de la PAH actualizado!

Desde la PAH hace tiempo que venimos trabajando en hacer que las cosas sean más claras y rápidas para solucionar nuestros problemas.

La actual edición del Libro Verde de la PAH la hemos dividido en 3 volúmenes (hipotecas, alquileres y ocupación) para que vayamos directamente al apartado que nos toque, según nuestro caso. Además, en todos ellos encontrarás una explicación detallada del funcionamiento de la PAH, así como enlaces a todos los Documentos Útiles que puedes necesitar para defender tu derecho a la vivienda.

Queremos que veas y sientas que en cada paso que des, la PAH te va a estar acompañando; que sepas que quizás en este momento pienses que tu caso es imposible de resolver y te vas a quedar en la calle, pero en el Libro Verde de la PAH podrás ver que muchas otras compañeras han pasado por situaciones similares a la tuya, y es por eso que podemos darte respuestas o asesorarte sobre lo que puedes hacer.

Podrás darte cuenta de que cuando llegas por primera vez hay fases a seguir, y esas fases requieren de tiempo, constancia, paciencia y trabajo; porque podremos tener abogada de oficio y asistenta social, pero quien mejor va a defender nuestros derechos y nuestro caso seremos nosotras mismas. Tenemos que insistir, insistir e insistir.

Leer el Libro Verde de la PAH no te va a dar todas las respuestas y soluciones, posiblemente tengas miedos y dudas, pero lo hemos creado para que cuando vengas a las asambleas de bienvenida sepas de lo que estamos hablando y estés informada de los pasos que tienes que dar.

Además de informarte de las fases, existe el apartado de la Ley 24/2015 y sus ampliaciones. Para que sepas cuáles son tus derechos y que no te puedan engañar ni hacer sufrir con amenazas (no te van a quitar a tus hijos, no irás a la cárcel, no te van a deportar).

No estás sola, lee el Libro Verde de la PAH y ven a nuestras asambleas con las posibles dudas que puedas tener. ¡Te esperamos!

  • Descarga el Libro Verde de Hipoteca aquí
  • Descarga el Libro Verde de Alquiler aquí
  • Descarga el Libro Verde de Ocupación aquí

Publicado en Novas, opinion, Persoas afectadas

Reunión da PAH co Secretario Xeral de Vivenda, David Lucas

Na reunión de hoxe, tras unha análise da situación e de como chegamos ata aquí, mostramos o noso desacordo cos últimos decretos insuficientes e á práctica ineficaces, aprobados para axudar ás inquilinas e ás persoas hipotecadas. Expuxemos as nosas emendas para a tramitación parlamentaria do Proxecto de Lei do RDL 11/2020 e saímos co compromiso dunha nova reunión en xuño para profundar nelas, tras recoñecer a insuficiencia dos decretos aprobados ata o de agora. Emendas recollidas nun documento que xa fixemos chegar a todos os grupos parlamentarios, quedando por ver quen as defende e quen non. Ou o que é o mesmo, quen está ao lado das familias e quen. O noso obxectivo é que non se repita o sucedido na crise do 2008, que realmente non se deixa a ninguén atrás e que non sexa a cidadanía a que acabe pagando os efectos da crise sanitaria

As nosas emendas, que xa presentaremos en profundidade, céntranse en:

➤ Exoneracións do pago tanto de hipotecas como de alugueiros ate, como mínimo, o 31 de decembro do 2021, para as familias en situación de vulnerabilidade. Diferenciando claramente entre pequenos propietarios, grandes propietarios -a partir de máis de 5 vivendas- entidades financeiras, socimis e fondos de investimento e entidades públicas.

➤ Suspensión de todos os desafiuzamentos de unidades de convivencia sen alternativa residencial de forma indefinida ou, como mínimo, ate o 31 de decembro do 2021 e establecemento do xuízo de proporcionalidade que vén reclamando a España o Comité DESC.

➤ Extensión das medidas a todas aquelas familias que están en situación de vulnerabilidade, provocada previa ou durante a crise sanitaria

➤ Redución e modificación de requisitos que burocratizan o procedemento e que exclúen a moitas familias da aplicación das medidas.

➤ Alongar o tempo necesario a protección das medidas para facer fronte ás consecuencias da COVID-19, como mínimo ate 31 decembro do 2021, podendo adoptarse o criterio que permita obxectivar a recuperación económica (como o aumento do PIB ou do emprego).

➤ Obrigar á banca a revisar todas as solicitudes que fosen denegadas por incumprir os anteriores requisitos. Tanto en materia de hipotecas como de alugueiros, terán que ser revisadas por si cumprisen cos requisitos que aquí se inclúen.

➤ Parque público e función social da Vivenda. Desenvolvemento de medidas tendentes á utilización como Parque Público Temporal de vivendas inxustificadamente desocupadas en mans de grandes tenedores, como forma de corresponsabilidade social e compensación polo rescate anterior, para dar á Vivenda o tratamento que lle corresponde como ben social, apartándoa de ser un mero ben de consumo e especulación.

O resultado da reunión de hoxe, poderiamos valoralo de positivo xa que vimos unha clara predisposición a colaborar connosco e outras entidades sociais no desenvolvemento para garantir o Dereito á vivenda. alcanzamos o compromiso de manter reunións periódicas para a elaboración dunha Lei de Vivenda, que debería entrar en vigor nesta lexislatura, así como do próximo Plan Estatal de Vivenda e empezar a abordar como debe consolidarse o parque público tendo en conta a vivenda baleira e en mans de SAREB.

Queda moito traballo por diante. Máis cando lamentablemente esta crise volveu a demostrar o que a PAH leva denunciando nos seus 11 anos de existencia: que a vivenda é un dereito humano e que se debe garantir o seu acceso a todos os cidadán

Publicado en Documentos útiles, Novas

¡El padrón es una obligación!

Desde la PAH somos conocedoras de que algunos ayuntamientos están poniendo trabas a la hora de empadronar a personas que están ocupando una vivienda. Esta nueva resolución viene a demostrar que los ayuntamiento están obligados a empadronar a toda persona que resida en su municipio, sin poder  impedir o retrasar el empadronamiento de muchas familias.

El padrón es un registro estadístico que recoge el número de personas que viven en un municipio y por ello es la puerta de acceso a muchos derechos básicos: como el acceso al sistema público de salud o a la educación, y las administraciones locales tienen la obligación de permitirlo a todos sus vecinos y vecinas, sin discriminaciones.

Es importante saber que nuestro ayuntamiento no nos puede negar el empadronamiento si nos encontramos en situación de ocupación o vivimos en un local u otro tipo de infravivienda.

Si aun así, nuestro ayuntamiento nos deniega el empadronamiento, a continuación listamos paso por paso qué debemos hacer para defendernos, si nos encontramos en situación de ocupación y no disponemos de ningún contrato o porque residimos en una infravivienda:

  • Intentar empadronarnos por la vía habitual (en la sede del ayuntamiento, las oficinas de atención ciudadana, etc.). Llevaremos preparada una instancia solicitando el empadronamiento por si nos lo niegan o nos ponen trabas, utilizando el documento útil que hemos creado desde la PAH. El ayuntamiento tiene tres meses desde la solicitud para responder (apartado 1.11 de la resolución).
  • Si en tres meses no nos notifican una resolución, operará el llamado silencio positivo y a todos los efectos quedaremos empadronadas en la vivienda (apartado 1.13 de la resolución). Si cuando pedimos el volante de empadronamiento no constamos en la base de datos y no nos pueden facilitar ningún documento justificativo, presentaremos una segunda instancia solicitando la certificación de nuestro empadronamiento en base al silencio positivo. Hemos creado también un documento útil para ello.
  • En el caso de que en estos tres meses se emita una resolución denegando el empadronamiento, ésta deberá incluir los motivos y la podremos recurrir de forma gratuita alegando el contenido de la resolución que os acabamos de explicar.
A %d blogueros les gusta esto: